La Europa social que viene: progresos contra el dumping laboral

Parece que los esfuerzos de la actual Comisión Europea por avanzar en su hoja de ruta hacia una integración de carácter social que complemente la unión económica, preponderante en la construcción del proyecto comunitario, comienzan a dar sus frutos.

En su discurso sobre el estado de la Unión del pasado 13 de septiembre, Juncker proclamaba su anhelo de “una Unión de Normas Sociales Europeas, en la que tengamos una interpretación común de lo que es socialmente justo en nuestro mercado único”. Interpreta la Comisión que lo socialmente justo pasa, inexcusablemente, por que “en una Unión de iguales, no puede haber trabajadores de segunda clase. Los trabajadores deben percibir la misma retribución por el mismo trabajo en el mismo lugar”.

Con el principio de equal pay for equal work por bandera, la Comisión lanzó en 2016 una propuesta de revisión de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores.

La actual Directiva exige que los trabajadores desplazados en el seno de la UE reciban el salario mínimo conforme a la legislación del Estado de destino. La reforma propuesta prevé ampliar esta garantía, imponiendo la aplicación no ya de las mínimas sino de las mismas reglas de remuneración que a los trabajadores locales, establecidas por ley y por convenio. Además del salario, la Directiva vigente prevé la aplicación de la normativa laboral del Estado de destino a los trabajadores desplazados en determinadas materias tasadas (descansos, vacaciones, seguridad y salud…). La Comisión sugiere pasar a aplicar la totalidad de la legislación laboral en destino –incluyendo, por ejemplo, la protección frente al despido improcedente– a aquellos trabajadores desplazados durante más de 24 meses.

La propuesta de reforma, que podría afectar a más de 2 millones de trabajadores (más de un tercio, del sector de la construcción), según datos de 2015, nació a instancia de Francia, Alemania, Austria, Suecia y el Benelux –Estados, a excepción de Luxemburgo, importadores netos de trabajadores, que conjuntamente reciben más de 2/3 del total de desplazados en Europa.

La lucha contra el dumping social que comporta la desigualdad legal de los salarios –y, sobre todo, de las cotizaciones sociales– entre trabajadores desplazados y locales, que permite a empresas instaladas en el Sur y el Este de Europa exportar mano de obra barata a los países más ricos, compitiendo de modo desleal con las empresas locales, cobra especial relevancia en el debate político francés, habiendo llegado a adquirir la categoría de tema de campaña en las últimas elecciones presidenciales. Los 5 principales aspirantes al Elíseo prometieron entonces la revisión de la Directiva (EM, LR, PS) o, directamente, su inaplicación (FN, FI). Ya como presidente galo, Macron, activamente involucrado en impulsar la prometida reforma, llevó a cabo el último verano una gira de promoción de la misma por la Europa del Este, con aparente éxito.

La propuesta de reforma, que en un primer momento contó con la oposición, en mayor o menor medida, de los parlamentos de hasta 10 países del Este (todos ellos, exportadores netos de trabajadores) y Dinamarca, cosechó el pasado mes de octubre dos victorias importantes. El lunes 16, la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo aprobaba un borrador de informe favorable a la reforma. El lunes 23, tras 12 horas de negociación, el Consejo Europeo suscribía un acuerdo político (general approach) en la misma línea, con 21 votos a favor, 4 en contra (Hungría, Letonia y Lituania y Polonia) y 3 abstenciones (Irlanda, Reino Unido y Croacia).

No obstante, ambas resoluciones introducen matices importantes a la propuesta de la Comisión:

  • A la regla de igual salario, el Consejo añade que también las dietas y gastos de viaje deberán abonarse conforme a la ley del Estado de destino (con excepción de aquellas dietas que respondan al propio desplazamiento a dicho Estado). A su vez, el Parlamento sugiere que los trabajadores desplazados deberán disfrutar de las mismas condiciones de alojamiento que los trabajadores locales.
  • El Consejo plantea un límite temporal a la aplicación de la Directiva de 12 meses (18, excepcionalmente), de forma que los trabajadores desplazados durante un período superior, queden sujetos a la práctica totalidad de las condiciones laborales en destino, si bien excluyendo en todo caso la normativa sobre extinción del contrato (procedimiento y condiciones de despido, no competencia post-contractual…), en contra del objetivo inicial de la Comisión. Este límite supone un punto medio entre los 6 y 12 meses, defendidos por el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones, y los 24 meses postulados por la Comisión y el Parlamento.
  • Sorprende positivamente la adición por parte de ambos, Consejo y Parlamento, de una referencia a que la Directiva no debería afectar al ejercicio de derechos fundamentales tales como el derecho de huelga y de acción colectiva, de conformidad con la ley nacional. Parece buscar superar la jurisprudencia Viking y Laval (2007), que sentó una interpretación extraordinariamente restrictiva de las posibilidades de conflicto colectivo, en supuestos de desplazamiento intracomunitario de trabajadores, al anteponer las libertades económicas de establecimiento y prestación de servicios.

El acuerdo del Consejo ha permitido vencer, hasta cierto punto, una brecha entre el Este y el Oeste de la Unión que, en un principio, se presentaba insalvable. Sin embargo, ahonda en el distanciamiento de Polonia (principal emisor de trabajadores desplazados al resto de la UE) y Hungría, gobernadas por sendos euroescépticos, que han encontrado en la propuesta de reforma de la Directiva otro filón para la conformación de su discurso del agravio.

Por su parte, el gobierno español se había mostrado originalmente contrario a la reforma. El pasado mes de junio, en la XII cumbre entre España y Polonia, Rajoy manifestó su sintonía con este país en la oposición a la propuesta de revisión de la Directiva, llegando a cuestionar la obligación de abonar a los trabajadores desplazados las dietas previstas en el país de destino –a pesar de que dicha obligación ya existe bajo la Directiva vigente, tal y como reconoció en 2015 el TJUE en su sentencia Sähköalojen ammattiliitto. No obstante, finalmente, previa reunión in extremis entre Rajoy y Macron, España dio su brazo a torcer y se sumó al sí al acuerdo del Consejo, viendo satisfecha su exigencia de excluir temporalmente a los transportistas de la aplicación de la Directiva, para los que se negociarán y aprobarán reglas diferenciadas.

A partir de aquí, Parlamento y Consejo deberán ponerse de acuerdo en el texto de lo que hasta hace muy poco parecía una reforma inviable. En todo caso, la Comisión reconoce que ésta permitiría igualar salarios pero mantendría cierta desigualdad en costes laborales entre empresas locales y extranjeras, ya que las segundas podrían, temporalmente, seguir cotizando por los trabajadores desplazados conforme a la normativa de seguridad social del Estado de envío, menos gravosa en los países exportadores que en los importadores, lo que perpetuaría, en cierta medida, el combatido dumping social.

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