La euroorden que puede evitar Puigdemont

La libre circulación de personas dentro de la Unión Europea y la eliminación de las fronteras interiores modificó de forma sustancial la relación del Estado con uno de sus elementos consustanciales, el territorio y la capacidad de controlar el acceso al mismo. Ello obligó a la puesta en común del control de las fronteras exteriores, y a la puesta en marcha de una serie de mecanismos orientados a compensar los problemas que el espacio de libre circulación podía implicar en materia de seguridad.

Levantadas las fronteras para todos, no parecía razonable que los responsables de asegurar la seguridad y el acceso a la justicia siguiesen constreñidos por barreras nacionales, obligados a moverse dentro de los farragosos marcos de cooperación bilateral entre Estados, cuando aquellos que habían actuado contra la ley o pretendían burlarla podían moverse sin traba alguna.

A finales del siglo pasado, coincidiendo con la incorporación al derecho primario de la Unión del acervo de Schengen, la Comisión y el Consejo Europeo anunciaron la necesidad de crear un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. El 11-S estadounidense evidenció nuevos riesgos que se sumaban a aquellos contra los que la Unión venía preparándose, especialmente el terrorismo doméstico, del que ETA era el más acuciante exponente en esos momentos. En ese contexto europeo e internacional, la cooperación en materia penal se aceleró de manera muy significativa. 

La fórmula para operacionalizar esta cooperación en materia de seguridad y justicia sin necesidad de desbordar el marco competencial de la Unión fue la aceptación de que, en la Europa posterior al Tratado de Ámsterdam, que además del acervo de Schengen había incorporado al derecho primario la Carta de Derechos Fundamentales y un mecanismo para proceder contra el Estado que la incumpliera (art.7 del TUE), se debía confiar en los distintos sistemas normativos y prácticas judiciales. Dicho de otro modo, se aceptaban las diferencias que historias y tradiciones distintas habían producido en las legislaciones penales y en los sistemas judiciales nacionales, considerándolos equivalentes en términos de protección de unos valores comunes, y de derechos y garantías. La única aproximación material fue que se estableció una tipificación y un mínimo punitivo comunes para una lista de delitos considerados de carácter transnacional. La concreción de esta confianza se plasmó en el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, verdadera piedra angular del sistema de cooperación penal europeo.

El primer instrumento jurídico adoptado sobre la base de este principio fue la Orden de detención y entrega europea (conocida como euroorden), que sustituyó a los textos vigentes en materia de extradición en Europa a partir de julio de 2004. Desde entonces, la autoridad judicial de un país de la Unión Europea puede emitir una solicitud para que se detenga en otro Estado a una persona, ya sea para su procesamiento, la ejecución de una pena o la de una medida de privación de libertad dictada en el primer país. Este procedimiento, a diferencia del de extradición, que tenía siempre una vis política, se realiza exclusivamente entre autoridades judiciales.

El contenido de la orden que se emite incluye la de búsqueda, captura, detención y entrega de la persona que se reclama. La autoridad judicial receptora de la orden no puede negarse a ejecutar las tres primeras. Sin entrar aquí en detalles para los que no hay espacio, puede decirse que, en principio, la entrega también debe ejecutarse siempre que la persona reclamada esté acusada de un delito para el cual el Estado emisor de la orden prevé una pena superior a los doce meses, aunque este delito no esté tipificado en el país de ejecución. El juez debe escuchar a la persona reclamada y tomar una decisión sobre su entrega, que deberá realizarse, en su caso, en un plazo de sesenta días máximo. La no existencia de doble tipificación o la consideración del delito como menor en la tradición jurídica del país ejecutor, entre otras consideraciones, pueden derivar en que la entrega no se haga efectiva. Pero la norma general, derivada de los principios que hemos presentado, es la de reconocer las decisiones judiciales de los Estados miembros como propias y facilitar su ejecución desde cualquier lugar del espacio común de libertad, seguridad y justicia que establecen los Tratados de la Unión Europea.

Autoría

4 Comentarios

  1. Alfonso
    Alfonso 11-01-2017

    Es la primera vez que leo la palabra “operacionalizar”. ¿No es más correcto, claro y escueto “operar”?

  2. ROBERTO LOPEZ PORRAS -GUATEMALA-
    ROBERTO LOPEZ PORRAS -GUATEMALA- 11-01-2017

    En un mundo globalizado y globalizante, un mundo de Integraci’on política y económica, es difícil comprender los movimientos nacionalistas. Se cansó Cataluña de sus éxitos bajo la sombria de España Unida, de la globalización y de la Unión Europea? Se comprende que es una minoría importante la que defiende la Independencia, pero es viable económicamente? Más de 1800 empresas se han ido de Cataluña con sus efectos en la inversión y el empleo. Aislados de la Unión Europea, iniciarían una vida Independiente en crisis, si Cataluña dentro de España tiene las características de Comunidad del Primer Mundo, no es difícil imaginar que pasaría a ser una Comunidad de Emigrantes. El problema es crucial para España, para Cataluña y para la Unión Europea. Que solución a largo plazo se prevé, la herida es profunda y solo con políticas pragmáticas puede llegarse a una solución lo cual pasa por una Reforma Constitucional de Unidad. ROLOPO

  3. Javier
    Javier 11-01-2017

    Lo mejor que puede hacer Puigdemont: en primer lugar dejar de hacer el ridículo y lo segundo ir a declarar.

  4. Rodrigo Hermida
    Rodrigo Hermida 11-02-2017

    Honestamente no entiendo tanto comentario catastrofista sobre el futuro de una cataluña independiente. Alguien cree realmente que se abrirá un hoyo negro y se tragará uno de los principales puertos europeos, uno de los motores comerciales y turísticos de todo el continente? Cualquiera que escucha a los canales de televisión españoles, las televisoras nacionales de ese país y los viudos hispánicos que hay en latinoamérica también, creerían que una Cataluña independiente se vería reducida a la condición de Somalia en unos pocos meses…algo más de seriedad por favor. Esos cuentos de terror me recuerdo haberlos leído respecto a Lituania en 1989, Eslovenia en 1990, la misma Eslovaquia en 1994, etc…y ninguno de esos caóticos augurios se produjo.

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