La ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional a examen

En octubre de 2015, en plena pelea jurídica entre el Tribunal Constitucional y el Parlamento de Cataluña con motivos de las resoluciones relativas al “derecho a decidir” y el “proceso de desconexión”, se aprobó una reforma de la Ley que regula las competencias y el funcionamiento del Tribunal Constitucional. La intención era asegurar “la ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho”. Desde un principio la nueva norma resultó polémica entre los constitucionalistas. No por su loable objetivo, puesto que nadie niega la necesidad de que las decisiones del Tribunal Constitucional se ejecuten, sino por el modo elegido para ello: le atribuía al Tribunal competencias para imponer elevadas sanciones pecuniarias, suspender a cargos públicos y anular de oficio actos contrarios a sus fallos.

La reforma fue impugnada ante el propio Tribunal, que -como viene siendo habitual- la validó sin entrar demasiado en el fondo de las cuestiones planteadas y realzando la libertad de configuración del legislador para residenciar unas u otras competencias en el Tribunal Constitucional. La Sentencia tuvo tres votos particulares densos y que plantean suficientes interrogantes.

Antes, una comisión de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, pidió a la Comisión de Venecia un informe sobre la adecuación de la reforma a los estándares generales europeos. Esta comisión es un órgano científico consultivo y en marzo de 2017 ha publicado, por fin, su opinión sobre la reforma española.

Pocas veces un informe técnico ha tenido tanta repercusión pública. La razón está en que más allá de su contenido técnico, se ha querido presentar como un apoyo o una crítica internacional a la acciones del Gobierno español para frenar el proceso independentista catalán. En verdad no es así. La Comisión de Venecia no da la razón ni a unos ni a otros: reafirma claramente la necesidad de cumplir las decisiones del Tribunal Constitucional, pero no cree que el órgano encargado de asegurar este cumplimiento deba ser el propio Tribunal.

El dictamen destaca que el Tribunal Constitucional español es el único que tiene estas facultades. Ninguno más. Se trata, pues, de una competencia excepcional, que plantea problemas especialmente respecto a la suspensión de cargos electos, a la imposición de sanciones pecuniarias sin las garantías del proceso debido y a la actuación de oficio del juez constitucional.

El texto concluye afirmando categóricamente que  “la Comisión de Venecia no recomienda que se atribuyan estos poderes al Tribunal Constitucional. Sin embargo, visto que en este terreno no hay estándares comunes europeos, la introducción de estos poderes no contradice tales estándares”. O sea, la Comisión se opone a la reforma, pero constata que no hay unos estándares sobre el tema comunes a todos los países del Consejo de Europa que puedan usarse como parámetro de control.

El problema de fondo sigue siendo, sin embargo, el papel que se le ha querido atribuir al Tribunal Constitucional frente al llamado ‘desafío soberanista’. En este tema el Alto Tribunal se ha convertido claramente en un juez de lo simbólico. Al anular declaraciones sin ningún efecto jurídico en razón de los principios ideológicos que las sustentan, sus sentencias no anulan un acto concreto sino que prohíbe al Parlamento catalán hacer pronunciamientos ideológicos de determinado signo. En este contexto la vía de la ejecución de sentencias se está usando para anular actos parlamentarios nuevos (que hubieran debido ser impugnados mediante procesos constitucionales diferentes) tan sólo porque comparten parcialmente los mismos principios ideológicos. Cualquier nueva acción catalana que apoye el inicio de un proceso constituyente catalán será considerada, sin más, desobediencia. Y es el Tribunal Constitucional el que dará la cara, incluso castigando a los cargos públicos que permitan este tipo de declaraciones simbólicas. Sólo así se entiende el súbito entusiasmo de unos por darle más competencias al TC para ejecutar sus decisiones y el de los otros por negárselas.

La duda, sin embargo, el daño que se le puede estar haciendo al Tribunal Constitucional al colocarlo así como principal barricada frente a cualquier mínimo brote independentista. Seguramente eso menoscaba su papel neutral y su legitimación. Eso es lo que más preocupa a la Comisión de Venecia. Y a muchos de nosotros.

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