La economía española necesita reformas cuanto antes

La tasa de crecimiento de la economía española se mantiene estable en el 0,8 % intertrimestral. Este es el tercer trimestre consecutivo que muestra tal ritmo y, aunque pudiera reducirse en los trimestres que aún quedan para cerrar 2016, todo parece indicar que no vamos a presenciar un debilitamiento importante del mismo. Los indicadores muestran así que la falta de un gobierno, si tiene algún efecto, es mínimo o inapreciable.

Y sin embargo, a pesar de esta evidencia, seguimos argumentando que un gobierno es imprescindible y que cuanto antes se constituya, mejor para la economía. Aunque en el corto plazo no parezca tan necesario, en parte por la inercia que muestran las economías y en parte por los “pilotos automáticos” que permiten las instituciones, en el largo plazo está fuera de duda la necesidad de una buena gobernanza. Para que un país pueda enfrentarse adecuadamente a cualesquiera de los retos propios y extraños que se le puedan presentar, es necesaria la toma adecuada de decisiones, para lo que evidentemente es imprescindible un gobierno responsable.

En ello parecen estar tanto el Partido Popular como Ciudadanos con el acuerdo alcanzado este fin de semana. Es este un acuerdo de mínimos con 150 propuestas que parecen, sorprendentemente, no haber incomodado en exceso a los populares, pero que permiten a los de Rivera mostrarse como el partido reformista que España necesita. Estas 150 medidas están organizadas en cinco grupos diferentes. Uno primero sobre competitividad y empleo, bienestar y conocimiento en el segundo, regeneración democrática y corrupción para el tercero, instituciones y modelo territorial en el cuarto y finalmente nuestra posición en Europa y el mundo en el quinto.

Se recorren así lo que muchos creemos son algunas de las grandes necesidades de cambio para España. Destacan, por ejemplo, toda una batería de reformas institucionales dentro de lo que los firmantes denominan el Pacto de Estado por la Regeneración y Calidad Democrática y que van mucho más allá de la mera elección directa de los alcaldes. Muchas otras tratan de mejorar la competencia y competitividad de los mercados, mientras que otras se centran en el mercado de trabajo. En este último caso, y aunque de nuevo el contrato único se queda en el camino, se introduce una variante que puede hacer las veces del mismo. En particular, se propone reducir la extraordinaria variedad contractual del sistema laboral español a tres tipos diferentes: un contrato indefinido, uno temporal de protección creciente y un contrato para la formación. Además y de nuevo, se introduce la mochila austriaca así como desincentivos a través de las cotizaciones al despido e incentivos a la contratación y a la estabilidad del empleo. Tampoco faltan medidas de carácter social así como aquellas que buscan mejorar la conciliación familiar y laboral, tal y como se filtró horas antes del acuerdo. Por último, se plantea la medida que quizás más debate ha generado, el complemento salarial. Muchas más son las que se incorporan en las 44 páginas del documento, pero que por razón de espacio e interés no voy a reproducir.

Es ante todo un acuerdo pragmático que permite al PP contar con los votos de Ciudadanos y a estos presentarse como el partido del cambio, mientras trata de sortear los costes que van a tener que asumir por renunciar a ciertas líneas rojas que tan solo hace pocas semanas eran fundamentales para siquiera el simple inicio de las negociaciones. En este sentido, y posiblemente para poder conciliar a ambos partidos en un documento común, se dejan numerosos flecos por concretar o explicar. Por ejemplo, sorprende la dotación presupuestaria para implementar el complemento salarial garantizado, a mi entender escasa, y que supone un importante recorte comparado con lo presupuestado en el anterior pacto entre Ciudadanos y PSOE. Sorprende a su vez el ahorro de 7.000 millones de euros de aquí a 2020 en la eliminación de duplicidades administrativas cuando el PP se ha negado a la eliminación de las diputaciones. Echo en falta un mayor desarrollo en determinadas políticas fundamentales, como son la educación, la investigación y la energía, emplazando gran parte de las posibles medidas a futuros “grandes pactos”. Es por ello que este documento debe entenderse más como un producto político que como una hoja de ruta para un futuro gobierno.

Sin embargo, y a pesar de su carácter político, de sus defectos o de la ambigüedad de ciertas políticas fundamentales, el acuerdo plantea valientemente ciertas reformas necesarias para el futuro de España. Que sea un documento político con grandes lagunas no implica que su planteamiento fundamental sea erróneo. No obstante, y a pesar de la conveniencia de plantear estas reformas, el acuerdo no tendrá ninguna relevancia si finalmente no da lugar a una verdadera acción de gobierno. Es evidente, en primer lugar, que no ayuda que los firmantes no sumen en este momento los votos necesarios para la investidura de Rajoy. En segundo lugar, tampoco ayuda al optimismo que durante las mismas negociaciones hayan sido los propios populares los que rebajaran las expectativas sobre el acuerdo, al dejar claro que no serían ellos los que implementarían recetas económicas que terminaran por frustrar las esperanzas de los ciudadanos. Esto genera grandes dudas no solo sobre la posibilidad de aplicar el acuerdo, sino especialmente que su futuro desarrollo alcanzara el nivel que es el que necesita la economía española.

Y es que la economía española necesita reformas y las necesita cuanto antes. Se equivocan aquellos que piensan que todo puede seguir igual y que estas no son necesarias o que con simples retoques es suficiente. Varios retos están sobre la mesa y las acciones políticas que se reclaman no pueden dar continuidad a una acción indolente que en los últimos treinta años ha dominado tanto el ámbito legislativo como ejecutivo de la política española.

La razón principal para llevar a cabo un gran proceso reformador es que la economía española muestra signos de debilitamiento desde hace más de tres décadas. Después del fulgurante crecimiento económico a raíz del Plan de Estabilización de 1959, la crisis de los setenta y la transición política y económica transformaron nuestro modelo económico en uno basado en la demanda interna, principalmente consumo, con intensas y periódicas pinceladas de inversión pública e inmobiliaria. Aunque estos impulsos de la demanda interna permitieron crecer a la economía española muy por encima de la media europea, facilitando así una convergencia que se aceleraba en la segunda mitad de los 80, son estos años los que marcan un antes y un después en el modelo de crecimiento económico. Es a partir de entonces cuando el aumento de la productividad, comparada con el resto de Europa, se frena. Solo la gestación del euro una vez superada la crisis de los noventa, así como el acceso al mismo a finales de dicha década, ofrecieron a nuestra economía impulsos renovados que permitió un crecimiento por momentos intenso, pero a la vez extensivo. Nuestro PIB per cápita crecía a base de aumentos de empleo, aunque como se ha dicho, sin una especial mejora de la eficiencia, ya ni siquiera en términos absolutos, y menos en términos relativos a Europa. Este crecimiento basado en la cantidad y no en la calidad terminó por crear una serie de tensiones y desequilibrios económicos evidentes. El escaso aumento de la productividad desde los años 90 impidió un avance significativo de los salarios reales en España, debilitando el sistema de pensiones, ayudado por el cambio demográfico, sin que tampoco ayudase a solucionar un problema endémico como es el desempleo o la temporalidad y que, una vez llegada la Gran Recesión, permitieran un aumento significativo de la desigualdad.

La explicación a este mal endémico de la economía española está trufada de posibles causas. La ya tradicional de Pijoan y compañía que basa la explicación en el capitalismo de amiguetes, una herencia más del franquismo y que la democracia española se han encargado, como lo ocurrido en el mercado laboral, de reproducir e incluso “mejorar”. También la existencia de una dualidad en el mercado de trabajo que genera fuertes ineficiencias y que guía el modelo de crecimiento hacia sectores poco intensivos en tecnología y cualificación. La existencia de un sistema financiero que carga sobre los deudores, y no sobre las entidades, gran parte del riesgo, lo que termina por incentivar en exceso el crédito y a distribuirlo sin considerar de un modo adecuado el riesgo que esto pueda comportar. El diseño de un sector energético que eleva los costes del sistema productivo reduciendo la competitividad de nuestra economía. Un sector educativo que a pesar de estar en los niveles medios de la OCDE en gasto por alumno, no es capaz de mejorar sus resultados académicos pero sí de expulsar a una parte considerable de los estudiantes antes incluso de alcanzar el nivel mínimo obligatorio. La existencia de una administración pública hiper-regulatoria, que introduce costes excepcionales para la actividad productiva. Un sistema fiscal que no cumple con los requisitos de progresividad y eficiencia y que deben ser los criterios básicos para su diseño. Una Seguridad Social que a pesar de la carga que supone para empresas y trabajadores no asegura cubrir en adelante las pensiones y los derechos creados por trabajadores y dependientes…

Este es el rumbo que lleva a España desde los años noventa sin que prácticamente nada se haya hecho para solucionarlo. Para generar el impulso necesario que permita a nuestra economía modificar tal trayectoria económica son necesarias medidas originales y desvergonzadas. Es necesario reformar el mercado de trabajo, el sistema de pensiones y el sistema financiero. Debemos reformar las instituciones políticas y el sistema educativo. Todo ello con la suficiente intensidad, profundidad, severidad, pero con una elevada carga de sentido común. Necesitamos un gobierno que trabaje, que sea valiente y que tenga claro qué es lo mejor para todos los ciudadanos. Este acuerdo es un buen inicio, incluso con sus defectos y como también lo fue el anterior con el PSOE, pero mucho me temo, que de momento será eso, un acuerdo firmado en un papel que posiblemente la sesión de investidura termine por desechar.

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1 Comentario

  1. Antonio
    Antonio 08-31-2016

    En que se basa toda la economia? Simplemente en el dinero. Esa es la raiz de todos los problemas.

    Aristoteles describio las propiedades que tenia que tener algo para que fuera llamado dinero. Debia ser: duradero, facilmente divisible, facilmente transportable, tener valor intrinseco y ser fungible. Todas esas cualidades las cumplen el oro y la plata, que han sido dinero desde hace varios milenios.

    Desde el momento en el que todas las monedas son papeles que no estan respaldados por nada, empiezan los problemas. Europa puede imprimir euros y los demas paises se los tienen que aceptar. Para que va Europa a producir nada, cuando puede imprimir dinero de la nada y comprar lo que quiera en oriente? Luego nos sorprendemos de la deslocalizacion de las empresas.

    Y para mas inri, no solo es que el dinero no este respaldado por nada (en realidad esta respaldado por deuda), sino que la deuda se vende, revende y se pone como colateral para poder apalancarla y hacer subir artificialmente los mercados financieros. Y de ahi que 65 personas tengan mas dinero que la mitad de la poblacion del planeta, algo que muchos economistas parece que no entienden los motivos.

    Pero esta gigantesca burbuja estallara, mas pronto que tarde, y traera una destruccion como no se ha visto desde hace siglos. Va a ser mucho peor que lo de 2008. Una vez que todo esto estalle, es posible que se vuelva a un patron de comercio honesto, y entonces paises con mucho potencial como España empiecen a despuntar, posiblemente.

    Mientras tanto, paises con una vision estrategica a muy muy largo plazo y con bastante experiencia estan acumulando gigantescas cantidades de oro. Me refiero a China y Rusia. Por que sera? Ya lo dijo Sun Tzu, primero aseguras la victoria y luego vas a pelear. Eso es lo que estan haciendo China y Rusia.

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