La dimisión no pararía la moción

Se ha extendido la interpretación de que si el presidente del Gobierno dimitía antes de la votación se paralizaba la moción de censura. El ex ministro José Manuel García Margallo lo daba por hecho y lo recomendaba: “Es más sensato seguir en funciones y aprobar los Presupuestos, el techo de gasto, tomar decisiones que son absolutamente urgentes y no abrir un periodo de incertidumbre”. En esa línea interpretativa, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha explicado: “Rajoy no dimite porque en absoluto hay garantía de que pudiera gobernar alguien del PP”. Es decir, asumía que la dimisión paralizaría la moción de censura y que se abriría un periodo de Gobierno en funciones con la vicepresidenta al frente, y que el nombramiento de un nuevo presidente pasaría por un proceso de consultas del Jefe del Estado y una posterior votación en el Congreso que requeriría mayoría absoluta en primera vuelta y simple en segunda. Y en esos cálculos el PP entiende que pierde, que la aritmética parlamentaria nunca les iba a ser favorable y que sólo sería alargar su agonía.  

Tan intensa ha sido la asunción de esa interpretación que incluso el propio candidato alternativo, Pedro Sánchez, le ha dicho al presidente: “Dimita, señor Rajoy, y esta moción habrá terminado aquí y ahora”. Sin embargo, no puedo estar más en desacuerdo con esa interpretación, que encierra una incomprensión de lo que representa la moción de censura de la Constitución Española. Por lo demás, y sólo con carácter orientativo, merece la pena recordar que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), en su artículo 197.3, para el caso de las mociones de censura a los alcaldes, determina: “La dimisión sobrevenida del alcalde no suspenderá la tramitación y votación de la moción de censura”. Evidentemente, en el ámbito local no dice que el alcalde no puede convocar elecciones porque no está entre sus facultades. Sin embargo, el artículo 115.2 de la Constitución Española sí que es taxativo al referirse a la potestad del líder del Ejecutivo de disolver las Cortes y convocar elecciones: “La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura”. Es decir, en el ámbito local y en el ámbito estatal encontramos normas que impiden a los líderes del Ejecutivo –municipal o estatal– interrumpir el proceso de censura. Pareciera como que las normas están intentando evitar que una actuación filibustera –o incluso peor, fraudulenta– por parte del censurable acabe con el procedimiento y le hurte efectos.

Estas prohibiciones pudieran parecer contradictorias. No en vano, si el objeto es echar al presidente y éste dimite o convoca elecciones, ¿para qué seguir? Si se tratase de una moción de censura clásica del parlamentarismo de asamblea –el de la IV República Francesa–, estas prohibiciones realmente no existirían porque sería ingenuo continuar para echar a un Gobierno que ya se ha ido. ¿Cuál es entonces la razón para no paralizar la moción de censura en nuestro caso? Muy sencillo. Que nuestra moción, dentro de un sistema de gobierno de ‘parlamentarismo de canciller’ –de Gobierno reforzado–, es lo que técnicamente se denomina una moción de censura ‘constructiva’; en otras palabras, que integra en un solo procedimiento dos actos parlamentarios diferentes: la investidura al primer ministro y al censura al Gobierno.

La investidura es un acto mediante el cual la Cámara, a través de una votación, entrega su confianza a un candidato para que ejerza como primer ministro. Es uno de los elementos identificativos del parlamentarismo que parece, por cómo ha culminado su discurso el presidente Rajoy, que el Gobierno no ha entendido. En los sistemas de gobierno de tendencia presidencial, el líder del Ejecutivo es elegido directamente por el pueblo. Quien gana las elecciones es el que goza de la confianza. En cambio, en los sistemas de tendencia parlamentaria los ciudadanos no elegimos directamente al primer ministro –sólo hubo una calamitosa experiencia en este sentido en Israel, y rápidamente reformaron–. En estos sistemas, el primer ministro es aquél que obtiene la confianza de la Cámara de Representantes. Esa confianza se alcanza mediante una votación que represente una mayoría favorable al candidato; una mayoría que, podemos convenir, es positiva.

La censura, por su parte, es un procedimiento de retirada de la confianza. El parlamentarismo se caracteriza por una permanente revisión de esa confianza en el Ejecutivo por parte de la Cámara legislativa. Lo llamamos control parlamentario, que tiene como procedimiento máximo la moción de censura. En ella se vota si se le retira al Gobierno la confianza que en su momento le fue depositada. Se trata de una mayoría que puede ser distinta, a la contra, más fácil de lograr; es una mayoría negativa.

La moción de censura constructiva supone que las dos mayorías –la negativa y la positiva– han de ser la misma. Esta dificultad refuerza la estabilidad de los gobiernos. De hecho, la moción no se articula reglamentariamente como un mecanismo para que responda el Gobierno, sino que lo que se garantiza son tiempos para que el candidato postulante presente su proyecto ante la Cámara. El debate va de eso; aunque en su presentación haya siempre críticas aceradas al Ejecutivo.

Por todo ello, permitir que una dimisión presidencial paralice la investidura del aspirante sería permitir que un acto posterior y ajeno a la moción de censura impida la parte constructiva de la misma. Aquélla lo que pretende es no generar tiempos sin Gobierno, sino resolver crisis de confianza en el Ejecutivo saliendo con un Gobierno, bien el no censurado o bien el recién elegido. En definitiva, impediría a un legítimo aspirante concurrir para ser votado como primer ministro. Por tanto, si el presidente quiere dimitir está en su derecho, pero la moción continúa; la censura ya se habrá logrado, pero faltará saber si se alcanza la investidura.

 

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