La digitalización de España: ¿debemos preocuparnos? (y 2)

Decía en un artículo anterior que, en los últimos 12 años, España había avanzado en su digitalización más que la media europea, permitiéndonos estar ahora por encima de esa media y alcanzar a países que hasta hace poco parecían inalcanzables, como Francia, y acercarnos a otros como Alemania. También afirmaba que eso no significaba que no tuviésemos que preocuparnos. Estar en la media no es ninguna garantía de éxito, sobre todo si está lejos de la situación ideal o si los que están por delante piensan que ellos tampoco tienen garantizado el éxito.

Partir de una posición intermedia es indudablemente mejor que partir del furgón de cola, y si además hemos superado situaciones difíciles debería reforzarse la confianza en nuestras posibilidades debería. Pero en ningún caso nos debería llevar a la complacencia. Posiblemente queda más por hacer de lo que hemos hecho hasta ahora. Quedarse quieto o dejarse llevar por la inercia no es una opción.

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A medida que pasa el tiempo, aumentan los niveles de digitalización necesarios para mantener el mismo nivel de renta. Países más avanzados que nosotros encuentran problemas para transformarla en bienestar. Avanzar en la digitalización de los colectivos más desfavorecidos es más difícil. Surgen nuevos retos a los que no se había prestado atención anteriormente. Las políticas públicas para abordarlos deben ser más selectivas y precisas. La trasposición de las recetas analógicas al mundo digital dejan de funcionar: ahora no se trata de hacer lo mismo que antes pero de manera digital, sino de descubrir qué cosas nuevas se pueden hacer que antes eran imposibles. Se trata, en definitiva, de apostar no ya por la digitalización, sino por una transformación digital sostenible e inclusiva de la economía y la sociedad.

Desigualdades camufladas

Cuando se mide el desarrollo digital de un país, se hace a través de indicadores que reflejan el desarrollo de las infraestructuras y servicios digitales; el uso que hacen administraciones, empresas y ciudadanos; y, en ocasiones, la preparación y cualificación de ciudadanos y trabajadores.

La Comisión Europea lo mide usando un indicador, denominado DESI, que integra en una única cifra el nivel de desarrollo medio en todos los aspectos citados. Su valor puede estar comprendido entre 0 y 100. En 2017, el máximo lo alcanzó Dinamarca, con un 71, y el mínimo Rumania, con un 33. En medio se situaba el resto de países, con España con 53,7 y 52,2 la media de la Unión Europea.

Esta dispersión de valores es la primera reserva que se debe hacer a una interpretación apresurada del DESI. La media de la Unión es eso, una media, con sus ventajas pero también sus conclusiones engañosas, una de las cuales es que camuflan las desigualdades. Este efecto se hace patente cuando se observa que, en realidad, el desarrollo digital de la Unión no es de 52,2, sino que va desde 33 a 70. Si se hicieran los cálculos del DESI para cada comunidad autónoma española, posiblemente se replicarían diferencias parecidas.

La ocultación de la desigualdad también se produce cuando se estudia cada uno de los indicadores por separado. Por ejemplo, el porcentaje de usuarios de internet en España era de un 80% en 2017, pero si se analiza el de usuarios por colectivos específicos se observa que oscila entre el 96% de las personas con ingresos altos, estudios universitarios o jóvenes, el 38% de las personas de 65 a 75 años o el 61% de las personas con bajo nivel de estudios o de ingresos. Si se comparan con los de los países más avanzados de la Unión Europea, se puede ver que las diferencias entre los colectivos más favorecidos son pequeñas, ya que todos ellos han conseguido lo que podría denominarse un nivel de saturación –todos sus miembros han adoptado estas tecnologías–. Son las diferencias entre más desfavorecidos las que marcan la distancia entre las medias de España y la de los países más avanzados.

Con quién compararse

A la hora de hacer comparaciones, la segunda precaución que debemos adoptar es con quién. Era lógico hacerlo con la media de la UE cuando nos encontrábamos muy retrasados, pero deja de serlo cuando ya la hemos alcanzado. En este caso, lo que hay que hacer es compararse con aquellos países que lo hacen mejor que nosotros y, si todos estamos lejos de los valores deseables, usar éstos como objetivos. Los beneficios de la digitalización sólo se materializarán si la apuesta por la transformación digital es ambiciosa.

Si hacemos este ejercicio, tenemos todavía mucho camino que recorrer en el uso que hacen de Internet tanto las personas como las empresas, especialmente las de menor tamaño y las de sectores más alejados de los sectores tecnológicos. Debemos mejorar mucho las competencias digitales de la ciudadanía y de los trabajadores y tenemos que incrementar sustancialmente el porcentaje de trabajadores digitales en la fuerza laboral.

También queda mucho camino por recorrer en el comercio electrónico y en el uso de los servicios públicos digitales.

Otros retos

Además de las pistas que dan los indicadores, existen otros retos que deben ser abordados y que todavía no tienen reflejo en el DESI. El impacto de las nuevas tecnologías habilitadoras, como la inteligencia artificial y la robotización; el uso torticero de las redes sociales para influir en la política; las amenazas a la privacidad; el poder cuasi-monopolístico de algunas nuevas empresas tecnológicas; el impacto sobre el empleo y un largo etcétera son aspectos no medidos todavía por los indicadores que se usan para describir el desarrollo digital de un país y que deben ser tomados en consideración y abordados desde el ámbito de lo público.

Convertir digitalización en bienestar

Conseguir un nivel elevado de digitalización no significa necesariamente mejorar el bienestar de ciudadanos y empresas. Para ello se necesita que sea inclusiva y sostenible, y que se aplique a la resolución de problemas y no a la creación de otros nuevos. Para que sea inclusiva debe materializarse en el compromiso público de lucha contra la desigualdad digital: conseguir que todos los ciudadanos y todas las empresas dispongan de los recursos necesarios para obtener los beneficios derivados de la digitalización. La sostenibilidad requiere evaluar su impacto en todas las áreas de nuestra convivencia que se ven afectadas por su desarrollo, desde los derechos ciudadanos hasta la productividad o el crecimiento económico, el medio ambiente o el empleo. Y la resolución de problemas debe concretarse en que se utilice para afrontar algunos retos públicos de gran envergadura como el de la educación, la formación a lo largo de toda la vida, la movilidad, los servicios sociales o la sanidad.

No existen recetas mágicas sobre cómo hacerlo, ni posiblemente las habrá en el futuro. La velocidad y la incertidumbre que los cambios sólo permite aproximaciones. En este nuevo escenario, la actitud más razonable será la de desarrollar programas públicos de lucha contra la desigualdad digital y crear espacios para la participación y la experimentación, controlados y transparentes, cuyos resultados puedan ser evaluados y debatidos en el espacio público.

Algunas sugerencias que deberían abordarse de manera inmediata son las siguientes:

1.- Atajar la desigualdad digital, diseñando políticas específicas dirigidas a los colectivos más desfavorecidos, sean estos personas o empresas.

2.- Atender aquellos aspectos en los que España está más alejada no sólo de los valores medios de la Unión Europea o de los países más avanzados, sino también de los máximos alcanzables, como la digitalización de la pequeña y mediana empresa.

3.- Abordar los nuevos retos, buscando soluciones consensuadas con los interlocutores sociales y fomentando el debate público en asuntos como el de los derechos y obligaciones en este nuevo mundo, la digitalización y el empleo, la confianza digital y la ciberseguridad, el uso de la inteligencia artificial y la analítica avanzada de datos, el nuevo papel de la educación o el emprendimiento.

4.- Promover la europeización del debate y la nacionalización del debate europeo.

Por un pacto de Estado

Extender la digitalización es un imperativo para una sociedad inclusiva y sostenible, y transformarla en bienestar económico y social requiere de nuevas actuaciones en todos los ámbitos: local, nacional e internacional; y la participación de todos: ciudadanos, empresas y trabajadores. No es sólo un ámbito más de actuación. Es, posiblemente, el cambio más importante que experimentaremos en los próximos 10 años y configurará como será nuestra sociedad del futuro inmediato y la de nuestras hijas e hijos.

Hasta ahora se ha ido desarrollando de manera más o menos autónoma, con un grado mínimo de intervención pública. A partir de ahora, quizás sea necesario convertirlo en un proyecto común. Hasta dónde es algo que todavía está por definir, pero lo que es seguro es que debería serlo en común por todos y todas. No puede ser un proyecto de un solo grupo político ni de solo un tipo de actores. No parece que sea el momento más adecuado para alcanzar pactos de Estado, pero trabajar por conseguirlo sería algo que agradeceríamos todos los ciudadanos de este país.

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