La democracia no es la ley del más fuerte

Ya “tenemos” ley del referéndum para la autodeterminación en Catalunya. Lo que hace unos meses hubiera sido para algunos una alegría -considerábamos que un referéndum sobre el encaje de Catalunya en España era un instrumento para la solución del conflicto creciente entre ambas-, se convirtió en la culminación de un engaño. Ello porque creíamos en un referéndum, pero no en cualquier referéndum, sino en uno legal y pactado con el Estado y que, por ello, estuviera rodeado de la máxima legalidad y legitimidad interna e internacional. La ley aprobada por el Parlament no reúne ninguna de estas características.

La pasada semana se vivieron en el Parlament días oscuros, muy especialmente el día 6 de septiembre porque en este día la mitad de la ciudadania de Catalunya quedó excluida de un debate trascendental. Fue un día largo, en el que se incurrió en diversos y graves incumplimientos no ya de la Constitución española y de la legalidad estatal, sino también del Estatut de Autonomía de Catalunya de 2006 y de la legalidad catalana, y en que se obviaron el Reglamento del Parlament y la función quasi constitucional del Consell de Garanties Estatutàries. Se negó la palabra reiteradamente a los diputados y diputadas de la oposición y finalmente se aprobó la ley con 72 votos a favor de dos grupos, 11 abstenciones y sin que estuvieran presentes, por propia voluntad, 52 diputados y diputadas que no olvidemos, también representan al pueblo de Catalunya. Todo ello porque lo que sucedió el día 6, también el 7, es la consecuencia de forzar y saltarse las leyes con el fin último, siendo bien pensante, de querer declarar la independencia sí o sí.

Llevamos años quejándonos de que el Partido Popular con su mayoría absoluta ha actuado como un rodillo en el Congreso de los Diputados, aprobando leyes, también orgánicas, sin el respaldo de ningún otro grupo. Nos quejamos amargamente cuando el PSOE, pactando con el PP, aprobó una reforma constitucional a través del procedimiento de urgencia, y sin debate. Estos son solo algunos ejemplos. Y nos quejamos con razón porque la democracia moderna no es solo la confrontación entre una mayoría y una minoría, sino un sistema jurídico en que el se garantiza que las mayorías y las minorías puedan participar en el proceso de toma de decisiones, en que afloren todos los intereses presentes en el Parlamento que, no lo olvidemos, es el órgano en el que reside la representación del pueblo y/o de la ciudadanía. Esa es la esencia del procedimiento legislativo. En ocasiones solemos referirnos al procedimiento legislativo como algo tedioso, como la suma de fases, trámites y plazos. Sin embargo, todos esos episodios parlamentarios están llamados a permitir que la ciudadania, a través de sus representantes, conozca las diferentes propuestas legislativas, y que estos puedan estudiarlas, debatirlas, enmendarlas y, en su caso, mejorarlas. Asimismo, el procedimiento legislativo sirve como instrumento de publicidad y control dado que permite a los representados, la ciudadanía, conocer y valorar la labor de sus representantes en un democracia representativa como la nuestra.

El día 6 asistimos a la aprobación de una ley por el trámite de urgencia (tramitación permitida por una reforma del Reglamento del Parlament hecha con la intención de aprobar esta ley, por cierto). El procedimiento de urgencia es un método normativamente permitido y utilizado con cierta frecuencia por los Parlamentos (a veces de forma excesiva). En este caso, la tramitación de urgencia supuso la práctica eliminación del debate entre los grupos y de la posibilidad de la oposición de plantear sus puntos de vista ante un texto que no podía aprobarse con las reglas de juego existentes, como habían puesto de manifiesto el Secretario General y el Letrado Mayor del Parlament.

En este escenario, no asistimos a un ejercicio de filibusterismo; por contra, los diputados y diputadas de la oposición, así como sus portavoces en la Junta de Portavoces, no hicieron otra cosa que ejercer sus derechos fundamentales como representantes de la ciudadanía, reconocidos por la Constitución, y también por el Estatut de Autonomia y el Reglamento del Parlament, y de poner de manifiesto la improcedencia del texto debatido. Pese a lo que se derivar de la actuación de la mayoría absoluta parlamentaria, que no social, la democracia no es la Ley del más fuerte; si fuera así, no haría falta un estado de Derecho. Por ello el juego de las mayorías y minorías debía de haber quedado claramente visualizado y respetado en el proceso de elaboración y debate de una ley de enorme trascendencia jurídica y política que culminaba la ruptura institucional de Catalunya con el régimen constitucional español. Si los independentistas en el Parlament querían romper con un sistema al que tildan de no democrático deberían haberlo hecho dando una lección de corrección democrática. No solo no lo hicieron, sino que decidieron  actuar sin la más mínima compostura parlamentaria y el mínimo respeto a los derechos de las minorías (muy mayoritarias) del legislativo catalán.   

Se aprobó finalmente una Ley sin encaje en ninguna legalidad vigente (ni siquiera la pretendida nueva legalidad catalana: la ley de transitoriedad fue aprobada dos días después), sin amparo en ninguna de las normas que cita en su Preámbulo (ni en la Constitución ni en los tratados internacionales que son válidos por estar ratificados por España), que cuenta con el respaldo mayoritario del Parlament pero no de la mayoría social. Una ley que no hace ningún bien al legítimo proyecto independentista y que rompe con los que creímos en el derecho a decidir. Y lo peor de todo, no soluciona nada. Si la ley del referéndum pretendía ser la salida a la desidia política del ejecutivo español respecto de Catalunya, se ha equivocado. La independencia de verdad no llegará a través de rupturas unilaterales, sin cobertura constitucional, y que a día de hoy ha perdido los escasos apoyos internacionales que pudiera tener. Así no.

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