La defensa del Estado de Derecho

Creo que el mantenimiento de la convocatoria del referéndum del 1-O y su organización constituyen un ataque a nuestro sistema constitucional y al principio de Estado de Derecho: son actuaciones expresamente contrarias a la Constitución, directamente enfrentadas a las resoluciones judiciales y del TC, con efectos profundamente lesivos para el respeto de la Constitución y las leyes y que aprovechan los poderes de las propias instituciones constitucionales, que se deben a todos los ciudadanos. Jurídicamente son pues incompatibles con el ordenamiento constitucional español; a mi juicio, además, ninguna previa actuación o decisión de las instituciones públicas estatales legitima políticamente, en este caso, tal posicionamiento, que tampoco deriva de una amplia y consolidada mayoría social en favor de esta ruptura.

La defensa de los valores y normas constitucionales y del principio de Estado de Derecho se ha concretado en distintas actuaciones recientes, del Gobierno y la Administración, de los tribunales y del TC. Común a todas ellas es la necesidad de respetar el marco constitucional que pretenden defender. Quien crea que el Estado de Derecho se defiende al margen de sí mismo incurre a mi juicio en un grave error político, pues lo deslegitima, contribuye a la acción y apoyo de las posiciones que lo atacan y significa una amenaza tan grave como esos ataques. En cualquier caso, y al margen de esa opinión política, se sitúa fuera del marco legal y debe ser corregido y sancionado exactamente por las mismas razones aplicables a la organización del referendum.

La decisión del Gobierno de ordenar la no disponibilidad de gran parte del presupuesto de la Generalitat y sustituir sus pagos desde el Estado incurre en todos estos vicios. Es ilegal, pues no respeta ni el procedimiento ni las razones previstas en la ley que le sirve de base; es además inadecuada para el objetivo de evitar el referéndum; es torpe en su formulación y, lo más grave para mí, pretende tan sólo incrementar la presión sobre la Generalitat, usando para ello a los ciudadanos afectados. Se parece pues en casi todo a las actuaciones que pretende reprimir. Confío en que los tribunales ante los que se ha recurrido la corrijan o me saquen de mi error.

Pero no suspende la autonomía; se limita a sustituir a la Generalitat en los pagos y a retrasar algunos de ellos. Las instituciones catalanas siguen decidiendo en qué gastan sus fondos, adoptando las normas que deseen y aplicándolas como crean oportuno, todo dentro de la legalidad. La autonomía consiste en mucho más que gestionar pagos y, desde luego, que organizar un referéndum, aunque algunos lo hayan olvidado.

Ésa ha sido la principal actuación del Gobierno hasta ahora. Tenía (y tiene) otras opciones, incluso tras renunciar a ofrecer una alternativa política atractiva en los últimos años o a tolerar un nuevo 9-N. Esas opciones van desde asumir que el 1-O se vote en las condiciones actuales, que imposibilitan desde luego cualquier consideración seria y democrática del resultado de esa votación hasta adoptar nuevas decisiones para garantizar el respeto a la prohibición del TC. Entre éstas la más relevante es sin duda el recurso al art. 155 de la Constitución, que permitiría una actuación como la adoptada en relación con el presupuesto autonómico y otras mucho más vinculadas con la celebración del referéndum como la sustitución del Gobierno de la Generalitat en sus facultades de dirección de la seguridad pública (asumir la dirección política de los Mossos) o en ámbitos como el desarrollo y organización de procesos electorales. Pero ello exigiría un debate político en el Senado y la fijación previa de una serie de límites y condiciones que el Gobierno se impondría a sí mismo y los tribunales controlarían.

Todas estas decisiones del Gobierno exigen una valoración política; de oportunidad. No son decisiones automáticas ni debidas. Las actuaciones gubernamentales y políticas para evitar o perseguir infracciones, delitos y, en concreto, ataques al orden constitucional deben considerar sus posibilidades y efectos inmediatos para evitar esos ataques o castigarlos; pero deben también valorar sus efectos a medio y largo plazo para el mantenimiento de la vigencia de ese mismo sistema constitucional. Y no soy el único constitucionalista (de profesión también) que cree que ese sistema sólo se mantiene si suscita la confianza y adhesión de una amplia mayoría de los ciudadanos, por difusa que éstas puedan ser. En la valoración de los efectos de las actuaciones políticas frente al referéndum, el contraste entre el plazo inmediato y el medio plazo es relevante a estos efectos y, en mi opinión, exige al Gobierno, más allá del escrupuloso respeto a la legalidad, prudencia, moderación, self-restraint y mucha explicación política de sus actuaciones.

Pero no sólo el Gobierno debe actuar en defensa de la Constitución. También corresponde a los tribunales, que están asumiendo esa responsabilidad. Lo ha hecho el Tribunal Constitucional, hasta ahora desde la prudencia en el ejercicio de sus nuevas facultades pero a la vez desde la unanimidad, celeridad y efectividad de sus decisiones.

Y lo han hecho sobre todo los tribunales ordinarios, mediante actuaciones judiciales de garantía de la prohibición del referendum, mediante muy discutibles prohibiciones de actos en defensa del referéndum (pero no organizativos del mismo) y por fin mediante el desarrollo de actuaciones en relación con la investigación de delitos conectados, y muy esencialmente los registros y detenciones efectuados en el marco del procedimiento que investiga la obtención y uso ilegal de datos personales y otros medios necesarios a partir de las manifestaciones de Santiago Vidal.

Estas últimas actuaciones han despertado las más airadas reacciones de esta semana. Al respecto, debe recordarse que los tribunales actúan de modo independiente y con la intensidad que consideran necesaria, en éste y muchos otros casos; que los posibles delitos perseguidos son graves; las medidas adoptadas no especialmente excepcionales (hasta hoy, al menos); y que el desarrollo de las actuaciones judiciales permitirá en el inmediato futuro valorar (y en su caso denunciar y sancionar) la acción policial y judicial, susceptible como siempre de recurso a tribunales superiores.

La prudencia y valoración de la oportunidad que reclamaba del Gobierno no puede exigirse con la misma intensidad de los tribunales, obligados a la actuación en muchos casos y, en especial, cuando así se lo solicita alguna de las partes en el procedimiento. Aunque, desde luego, los jueces deben actuar siempre bajo la legalidad y sin consideraciones “excepcionales”, que no les corresponden; y es recomendable que, en el ámbito de sus posibilidades, sean también prudentes y tengan en cuenta las consecuencias de sus decisiones más allá del procedimiento que instruyen o dirigen.

Por fin, un tercer ámbito a medias entre el judicial y el gubernamental está alcanzando protagonismo; lo constituyen las actuaciones judiciales a instancias del Gobierno o las actuaciones gubernamentales o del Ministerio Fiscal vinculadas con un procedimiento judicial. Las detenciones policiales (sin orden judicial) en el marco de un procedimiento judicial abierto o la orden del Ministerio Fiscal de atribuir al Estado la coordinación policial en las tareas de garantía de la prohibición del referéndum son ejemplo de esta tendencia. En un contexto enormemente politizado y conflictivo, con instituciones públicas que asumen la desobediencia del ordenamiento que las fundamenta y le atribuyen pretendidas vulneraciones de derechos y principios fundamentales, tales actuaciones despiertan enormes riesgos en el debate político y el Gobierno (y el Ministerio Fiscal) harían bien en buscar la cobertura judicial previa.

En resumen, el Estado de Derecho no se defiende con medios de excepción sino con respeto de la legalidad, explicación política exhaustiva y valoración prudente de sus efectos a largo plazo. La propia Constitución prevé medios extraordinarios cuando éstos sean necesarios, pero el presupuesto común a todos ellos es su adopción de forma expresa y normalmente parlamentaria, tras un debate político, y con específicos límites y controles judiciales.

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