La Declaración de Barcelona y (no sólo) el debate independentista

El pasado viernes las ejecutivas de PSOE y PSC acordaron la llamada Declaración de Barcelona, planteada expresamente como alternativa tanto a las reivindicaciones independentistas como al mantenimiento del modelo actual, en su formulación y en su práctica. Se defiende así la existencia de un espacio de diálogo y respuesta a las demandas soberanistas desde el marco constitucional, de modo que sus posiciones dejan de considerarse sólo propuestas ilegales para convertirse en demandas políticas a integrar por el propio sistema. A mi juicio este es un punto de partida necesario, pues la reducción del movimiento independentista a una huida hacia delante de un grupo de políticos, distintos de una sociedad “sensata” y ajena a ese movimiento, es insostenible en la práctica y funciona sólo a efectos de legitimar la falta de respuesta política y su uso con fines electorales en el resto de España.

Las posibilidades de avanzar en esta línea se mide en la capacidad de la propuesta para  acercarse a los ciudadanos que defienden hoy la opción soberanista ¿Puede la propuesta planteada ser atractiva para ellos? En este sentido el texto va más allá de la habitual defensa de la reforma constitucional federal para asumir una serie de contenidos que no necesitan reforma constitucional y que se refieren a aspectos de la reivindicación independentista que acostumbran a quedar ocultos por la discusión constitucional: compromisos en materia de infraestructuras (corredor mediterráneo, ferrocarriles, puertos, mayor participación en el transporte metropolitano…), de desarrollo estatutario (transferencias, inversiones culturales, consejos territoriales de justicia…) o de asunción de la identidad propia de Cataluña en el funcionamiento de las instituciones estatales (esencialmente en materia lingüística y cultural). Adicionalmente, la Declaración incluye un aspecto novedoso en torno a la consideración de Barcelona y sus potencialidades y desarrollo como objeto de especial atención para las instituciones estatales (esencialmente mediante una mayor presencia e implicación de las instituciones estatales en la ciudad), lo que aporta un elemento que no es tradicional en las reivindicaciones nacionalistas pero que debe considerarse hoy parte de la identidad propia de Cataluña.

En cuanto a la reforma constitucional, la propuesta se remite casi por entero a la Declaración de Granada, pero hace un énfasis especial en cuatro aspectos reivindicados por el PSC en los últimos años: reconocimiento “de las aspiraciones nacionales” (con las mismas palabras de la Declaración de Granada), reforma competencial, regulación del sistema de financiación autonómica con énfasis especial en su suficiencia y refuerzo de la participación autonómica en las decisiones del Estado mediante un Senado renovado en su composición y funciones. La eficacia de estas propuestas para reintegrar a los ciudadanos independentistas se juega naturalmente en su concreción, que implica obviamente a todas las Comunidades y a todos los españoles: no es razonable esperar grandes trasformaciones competenciales, pero sí reforzar la exclusividad en ámbitos concretos y especialmente sensibles, lo que exige una efectiva asunción de la diversidad de derechos en función del territorio que es elemento estructural del federalismo (y del estado autonómico), aspecto que señalaba recientemente Francisco Caamaño; la financiación territorial no puede cerrarse constitucionalmente y es imposible desconocer sus efectos generales para todo el territorio, pero la fijación de claros principios constitucionales y la reconsideración de la distribución actual de recursos entre niveles territoriales son cambios de por sí relevantes; y un Senado federal es fundamental para terminar con las dinámicas de las decisiones estatales que ignoran sus efectos territoriales … y de ocultación de la responsabilidad autonómica en las decisiones en las que sí se ha participado.

En resumen, un texto que aborda de modo expreso prácticamente todos los ámbitos de reivindicación independentista, al margen obviamente de la propia independencia. Y, sin embargo, en mi opinión la propuesta no va a alterar en gran medida el debate. Esta aparente paradoja no se debe a que la propuesta llegue tarde, sino a que las reivindicaciones territoriales son, a mi juicio, la expresión de un descontento y un alejamiento más general, derivado en buena parte de la crisis económica, pero también de la evolución de nuestro sistema institucional y de partidos desde la aprobación de la Constitución. Responder a las demandas independentistas con una reforma del modelo territorial puede ser necesario, pero no será suficiente. El independentismo se ha consolidado como una opción ilusionante que plantea un modelo global (tan irreal como se quiera) y óptimo en la medida de su propia inexistencia. Sólo una propuesta de similar alcance, que dé respuesta no sólo a demandas territoriales sino muy especialmente a consideraciones institucionales, democráticas o en materia de derechos puede generar un efecto a medio plazo de vuelta de ciudadanos al modelo constitucional. El debate no es sólo de funcionamiento del estado autonómico; es de integración en el sistema constitucional.

La Declaración de Barcelona no es ajena a ello. En la misma se incluyen referencias a la necesidad de profundización democrática y garantía social de la futura reforma constitucional. Y a la misma idea responden elementos de compromiso inmediato en materia de dependencia, sanidad, pobreza o refugiados. Obviamente, tales aspectos no podían ser objeto de la Declaración conjunta PSOE – PSC, pero son en mi opinión los más relevantes para recomponer la situación en Cataluña, por dos razones al menos: porque el independentismo sólo se frena con un modelo social y político español atractivo para los ciudadanos catalanes; pero también porque la reforma federal sólo es posible en el marco de una reforma global de la Constitución, en la que se fragüe un acuerdo que permita pactos cruzados entre distintos ámbitos de reforma y, sobre todo, que dote a la reforma del apoyo efectivo de la mayor parte posible de ciudadanos españoles, pues ese apoyo es condición necesaria de su posterior vigencia efectiva.

La propuesta sin embargo no sólo debe ser eficaz para reintegrar a parte del independentismo en el modelo constitucional. Debe también ser asumible (y atractiva) para el resto de las comunidades y de ciudadanos españoles. A esos efectos es relevante su coherencia con las posiciones generales en materia territorial del PSOE, concretadas esencialmente en la Declaración de Granada. Ninguno de los aspectos reseñados resulta contrario ni ajeno al texto acordado en 2013, que introducía ya los cuatro elementos citados en la Declaración de Barcelona. Pero el modelo autonómico tiene una larga experiencia en malentendidos o interpretaciones distintas del mismo texto; y cuestiones simbólicas como la concreción de la plurinacionalidad o concretas como la garantía de la igualdad darán lugar sin duda a discusiones y divergencias. Por esa razón, entre otras, es relevante el procedimiento en el que una eventual reforma se discuta y se adopte, alejándose de la tentación de una reforma “para Cataluña” y tendiendo a una reforma discutida y asumida por todos, que resuelva las cuestiones relevantes también para todos, a ser posible de modo expreso y no ambiguo.

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