La constitución de los Grupos en el Congreso: lo que el electorado ha unido, que no lo separe el Parlamento.

Celebradas las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado el pasado 20 de diciembre, van apareciendo las primeras cuestiones jurídicas que merece la pena tratar. Unas están ya siendo objeto de atención por los medios de comunicación, en tanto que otras acaso pasen inadvertidas al lector no avezado. Dentro del terreno del Derecho parlamentario, en este artículo nos ocuparemos de una de ellas, sobre la que se está sembrando una notable confusión.

A la vista del tenor del art. 23.2, inc. 2º del Reglamento del Congreso, parece poco dudosa la vigencia de la prohibición de que constituyan Grupo Parlamentario separado los Diputados que, al tiempo de las elecciones, pertenecieran a formaciones políticas que no se hayan enfrentado ante el electorado, y que afectaría a Podemos, En Comú Podem, Podemos-Compromís y Podemos-En Marea-Anova-EU, las tres “confluencias” con las cuales el partido de Pablo Iglesias se ha presentado, respectivamente, en Cataluña, la Comunitat Valenciana y Galicia.

La interpretación literal del precepto no deja lugar a dudas, siendo indiferente la vestidura mediante la cual cada una de esas “formaciones” haya comparecido ante las urnas, dado el carácter genérico de esta expresión, que abarca cuantas fórmulas brinda el art. 44.1 de la L.O.R.E.G. Lo que es relevante para el Derecho electoral puede no serlo –y no tiene por qué serlo– para el parlamentario, y donde el texto no distingue no debería hacerlo el intérprete. Es más: una diferenciación, a estos efectos, entre partidos, coaliciones, federaciones y agrupaciones de electores, adoptada ya en el seno del Parlamento, podría convertirse en una discriminación proscrita por el art. 23.2 de la C.E., que garantiza el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad –por las cuales vela el término “formaciones políticas”–, tal como lo ha desarrollado la jurisprudencia constitucional.

Ello máxime cuando la norma reglamentaria no sólo persigue un reflejo fiel de la realidad salida de las urnas; también se propone combatir la proliferación de Grupos y, con ella, una excesiva fragmentación de la Cámara, que podría devenir en una distorsión de su normal funcionamiento. La lectura del art. 23.2, inc. 2º del R.C.D. –cuyo punto clave se sitúa “al tiempo de las elecciones”– de manera conjunta con la Ley Electoral nos pone sobre esta pista: quizá el legislador no haya querido sino conjurar posibles y sucesivas declaraciones de voluntad emitidas de manera simulada y/o fraudulenta, de suerte que un partido que se beneficia de la concurrencia bajo el manto de una coalición que no ha competido real y efectivamente con él en determinados territorios y entre cuyos miembros se halla justamente él mismo no pase, una vez constituido el Congreso, a aprovechar –igualmente en su beneficio– las indudables ventajas que comporta la formación de un Grupo Parlamentario por cada una de esas divisiones territoriales. La presencia en la Junta de Portavoces, la capacidad de presentar iniciativas, la disposición de una subvención fija por Grupo –junto con locales y medios materiales y personales–, la ordenación de los debates y la participación en toda clase de procedimientos –legislativos, de control, de impulso político y de nombramiento de autoridades– son sólo algunos de los aspectos que hacen de los Grupos, mucho más que de los Diputados, protagonistas de la vida cotidiana de la Cámara, según se desprende de un simple rastreo por el articulado del Reglamento del Congreso.

Así pues, en esto el Derecho electoral y el parlamentario sí irían de la mano, más allá de la visibilidad que aporta el tener cuatro sujetos colectivos con vida propia en el Congreso. A los amantes de la Historia constitucional les gustará saber que ese art. 23 –y, en especial, su ap. 2– fue una verdadera prueba de fuego en la elaboración del Reglamento de 1982, pues estaba pensado para impedir la pluralidad de Grupos socialistas que subsistió durante la I Legislatura, obligando al PSC y al PSE, a partir de la siguiente, a integrarse en el común dominado por el PSOE. Una decisión que ahora permitiese a Podemos contar con cuatro Grupos afines implicaría acaso una especie de “agravio retrospectivo” para con los socialistas catalanes y vascos, además de con los partidos y coaliciones insertados, en la X Legislatura, en La Izquierda Plural, y con anteriores combinaciones nucleadas en torno a IU, que siempre han conformado un solo Grupo.

En fin, la solución de las agrupaciones parlamentarias, ensayada en la III Legislatura, no puede considerarse apropiada para esta situación, al partir de premisas fácticas contrarias –la ruptura de Coalición Popular tras las elecciones generales de 1986– y haber sido ideada ante las anómalas circunstancias que rodearon al Grupo Mixto de entonces; dígase lo mismo de las figuras similares reconocidas en las Asambleas autonómicas. Se trata de creaciones que obedecen a los mismos fundamentos sobre los que se asientan los Grupos Mixtos en nuestras Cámaras: el venir formados por Diputados que no estén reunidos en número suficiente o no cumplan los requisitos para constituir Grupo propio; su pertenencia a formaciones diversas y/o políticamente diferentes o aun ideológicamente opuestas; o el propósito de acoger a los parlamentarios tránsfugas o disidentes de su Grupo de origen, una vez iniciada la Legislatura.

En conclusión: en ausencia de la tan esperada reforma del Reglamento del Congreso, a los Diputados que hayan resultado electos por cualquiera de las tres “confluencias” catalana, valenciana y gallega sólo les quedaría, aparte de la incorporación al Grupo común de Podemos o de asumir la inédita figura de los asociados (art. 24, aps. 3 y 4, del R.C.D.), la opción del pase al Grupo Mixto de la Cámara, de conformidad con el art. 25. Y, si se inclinaran por la primera de estas alternativas, los usos y costumbres parlamentarias y, en su caso, la aplicación de la normativa interna de cada Grupo –cuya publicación, por cierto, sería un saludable ejercicio de transparencia– se nos antojan las vías más razonables de resolución de eventuales conflictos.

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4 Comentarios

  1. Pepe
    Pepe 01-10-2016

    Creo que en este caso es muy relevante la fuerza del partido político Podemos en cada una de las coaliciones. Lo que dices estaría claro si Podemos, CON LA INTENCIÓN de formar más grupos parlamentarios, montara varias coaliciones territoriales con partidos residuales en las que Podemos fuera el partido dominante (candidatos, financiación, cómputo de votos…). En el caso, por ejemplo, de En Marea en Galicia, a Podemos le corresponde el 33 % de los diputados, el 33 % de la financiación, 1/6 en el órgano de dirección de la coalición, los votos se computan a la coalición en su conjunto…es decir, no hay un partido dominante, Podemos tiene la misma fuerza que Anova y que Esquerda Unida. Además, esta se forma partiendo de una dinámica propia en Gaicia, de acumulación de fuerzas, que ya viene de elecciones anteriores. No tendría sentido que, para conseguir grupo propio, Podemos tuviese que abandonar estas plataformas unitarias en las que ya se integró en las municipales. Imaginemos el caso, ficticio, de una coalición de partidos catalanes para defender el derecho a decidir en el congreso español, formada por ERC, CDC, la CUP, Podemos, y el PSC. No podrían formar grupo propio? Absurdo

  2. Pepe
    Pepe 01-10-2016

    Lo contrario sería decir que, para representar el espacio político de las “Mareas gallegas” en el Congreso, en el que están muchos colectivos, formaciones políticas, además de gente a título individual, Podemos tendría que salirse de ese espacio y competir contra el. No tiene sentido.

  3. Pepe
    Pepe 01-10-2016

    Tampoco tiene ni pies ni cabeza comparar el caso con el del PSE (no tiene personalidad jurídica propia), el PSC (partido asociado estatutariamente al PSOE, los partidos Anova, Compromis o Esquerda Unida no tienen ningún tipo de asociación estatutaria con Podemos) o con la Izquierda Plural, que es una coalición de ÁMBITO ESTATAL: http://www.izquierda-unida.es/node/9300

  4. JesusR
    JesusR 01-12-2016

    Si está tan claro que está prohibido, ¿por qué lo debaten? ¿por qué parece que lo decide el PSOE? ¿Es que la mesa puede adoptar acuerdos ilegales (contrarios al reglamento)? ¿O es que plantean modificar retroactivamente el reglamento?

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