La Cataluña que viene: cuando la política de la identidad sepulta la política de los intereses

Desde los hechos de octubre, Cataluña ha vivido a la expectativa de cómo evolucionaría la nueva etapa abierta tras las elecciones de diciembre. Durante estos meses, Puigdemont ha conseguido recuperar una cierta iniciativa, manteniendo la tensión con las instituciones del Estado y, especialmente, con los otros actores del espacio independentista. La nominación de Joaquim Torra como nuevo president le permite aparentar su dominio sobre las palancas de funcionamiento del nuevo Gobierno, aunque ello sea al precio de degradar la imagen institucional de la Generalitat y poner al descubierto la precariedad en la que se ha instalado la política catalana desde hace algunos años.

La polémica en torno al pensamiento nacionalista del nuevo president Torra, expresado en sus textos previos y en las redes sociales, ha sido interpretada por sus adversarios como una muestra de la deriva supremacista o etnicista del soberanismo catalán, como apuntaba ayer Pau Marí-klose. Para otros, evidencia una ruptura con el nacionalismo tradicional de Pujol. Ninguno de ellos ve en esos antecedentes un augurio positivo para la nueva legislatura. Pero es cierto que habrá que juzgar al nuevo gobernante por sus acciones: aunque no parece muy creíble que un político pueda arrepentirse de lo que piensa, sí es posible que se vea incentivado u obligado a actuar en contra de sus propias convicciones. O incluso que el verdadero Torra sea el que expresan sus preferencias intelectuales como editor y no sus homenajes a políticos controvertidos del pasado.

¿De qué puede depender esa orientación en el nuevo Gobierno? Para poder responder, debemos situar la polémica en torno a los prejuicios del president Torra en el contexto de una transformación de fondo en la política catalana. Una mutación que se está manifestando, de hecho, en muchas democracias occidentales, aunque sea en Cataluña (y a través de ella, por extensión, en el resto de España) donde ha encontrado un caldo de cultivo altamente propicio. Me refiero a la sustitución de la tradicional política de los intereses por una renacida política de la identidad.

La política de la identidad (identity politics) se refiere a la disputa en torno a la reivindicación de los derechos colectivos de grupos específicos, definidos por características propias, por las cuales a menudo experimentan condiciones de discriminación o sometimiento. De hecho, aparece en los años 60 con la lucha feminista por la igualdad entre mujeres y hombres, el movimiento contra la discriminación racial en Estados Unidos, así como la reivindicación de los derechos del movimiento LGTB.

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Aunque estas causas han ido tradicionalmente vinculadas a la izquierda, en tanto que aspiraban a remover estructuras de sometimiento y dominación, su avance ha sido interpretado por muchos como una acción en detrimento del conflicto socioeconómico entre la izquierda y derecha (definida según las diferentes tradiciones de las democracias capitalistas). Esta contraposición del eje social y las nuevas causas de la identidad ha sido lamentada por intelectuales de la izquierda tan dispares como Eric Hobsbawm o Owen Jones, aunque este último, como la mayoría de políticos en activo, ha tratado de argumentar cómo ambos tipos de política podían y debían convivir en un programa progresista.

Mucho más contundente ha sido la crítica expuesta por Mark Lilla. Para el autor de La mente naufragada, el auge de las diferentes identidades y la consecuente fragmentación de las reclamaciones del espacio liberal norteamericano en detrimento de un discurso amplio de ciudadanía ha derivado en una pseudopolítica, porque el debate general sobre las diferentes maneras de ver el mundo –según principios universales– queda remplazado por la oposición de las identidades individuales. De definir mi pensamiento según criterios abstractos que ordenan el mundo (intercambiables según las ideas morales que yo adopte, y que pueden variar a lo largo de mi vida) pasamos a definirlo según mi identidad, lo que soy y nunca podré dejar de ser. Algo que refuerza la coherencia de mis ideas (mi mirada interior), pero dificulta su mutación, adaptación y, sobre todo, ampliación a una perspectiva que pudiera compartir, en grados diversos, con individuos que sean distintos a mi (mi mirada exterior).

Como lamenta en El regreso liberal, si antes la política de intereses “buscaba alentar a los individuos a rehacer de forma activa la sociedad”, ahora “se centra en la pasiva construcción social de los individuos”. Por supuesto, Lilla no está criticando el avance moral que significa la ampliación de la libertad e igualdad en materia de  género, raza u orientación sexual. Pero sí alerta de la pérdida de la mirada fija en el horizonte que puede conllevar una fijación en torno a la propia identidad o al propio grupo: los marxistas, por ejemplo, quizá “veían las cosas al revés o veían quimeras, pero al menos miraban”.

Lilla está pensando en los problemas que atenazan a los demócratas en Estados Unidos, aunque esa interpretación permite ser transportada a otros contextos: los nuevos populismos emergentes, y que ponen contra las cuerdas a la izquierda y la derecha tradicionales, se basan en una nueva política de la identidad definida por la oposición a los otros (contra los inmigrantes, contra los europeos, contra otras naciones). Quizá no sea una lógica muy diferente de los viejos nacionalismos (de los que consiguieron su Estado y de los que no), pero se reviste de una nueva retórica populista caracterizada por la desintermediación, la oposición entre las elites y el pueblo o nación, y la supeditación a ésta de las reivindicaciones sociales o de clase.

Y esto nos puede ayudar a situar mejor la transformación de la competición política en Cataluña en coordenadas más amplias. La tradicional diferenciación entre partidos según sus propuestas de izquierda o derecha ha quedado subordinada a las diferencias en torno al conflicto de la identidad (en este caso, sobre la cuestión nacional, o territorial, o de la independencia, que no necesariamente son lo mismo). Lo importante aquí es que quizá esto no sea una situación temporal, una provisionalidad táctica de la lucha entre partidos derivada de un contexto inmediato, que tenderá a volver a la normalidad cuando el contexto se modifique.

Quizá estamos entrando en un nuevo escenario a medio plazo, en el que la política acabe reflejando una división política sustentada, primordialmente, en la identidad nacional, y sólo después, matizada por otros conflictos de tipo social. Una nueva estructura política como la que experimentó Bélgica a partir de los años 60 y que sólo pudo contenerse en un pegamento consocional inestable: cualquier debate político puede quedar fácilmente bloqueado por alguno de los representantes de la identidad cuando conviene.

No es fácil identificar esos cambios con datos empíricos contrastables y refutables, pero quizá el gráfico 1 puede ayudar a visualizarlos de manera aproximada. En ella se puede observar la distancia entre la dificultad de muchos individuos para definirse en el eje izquierda-derecha en contraste con la facilidad para hacerlo en el eje nacional. Además, esto no sucede en todos los grupos sociales, sino que afecta sobre todo a los ciudadanos que se pueden clasificar (según el CIS) en la clase trabajadora, particularmente no cualificada. Si bien la mayor desorientación de los trabajadores es habitual (el nivel social está relacionado con la capacidad de identificarse con ese eje), hasta ahora no había tanta distancia entre los grupos profesionales medios/altos y la clase trabajadora; ni era tan rotunda la diferencia entre la ubicación ideológica y nacional, particularmente en los grupos profesionales inferiores: quizá los trabajadores en Cataluña no saben si son de izquierda o derecha (uno de cada tres), pero ahora tienen muy claro de qué lado están en la escala de nacionalismo.

Y cuando se ubican, cada vez se alejan más entre sí: el gráfico 2 muestra el nivel de polarización entre votantes y entre partidos (tal como los perciben los votantes), actualizando este gráfico. Si hace unos meses nos preguntábamos si Cataluña podía aguantar tanta polarización, hoy podemos decir que de momento sí y ésta va en aumento. Que estemos en una polarización partidista por encima de 7 (en una escala de 10) significa que los ciudadanos se sitúan a sí mismos y sitúan a los partidos en posiciones cada vez más enconadas. Y lo hacen sobre la brecha del conflicto de identidad.

Ahora no es el momento de analizar cómo hemos llegado aquí: la subasta electoral en el campo soberanista (analizada aquí), el declive generacional de los partidos tradicionales (diseccionado por Oriol Bartomeus), la impotencia democrática para aplicar sus programas socioeconómicos (diagnosticada por Sánchez-Cuenca), o el creciente papel de los outsiders o amateurs, mucho más proclives a explicar su visión del mundo según las retóricas esquemáticas y simplistas que permite la identidad (y el Twitter). De esto último habrá que hablar en otro momento: los denostados políticos profesionales tenían mayores incentivos (y habilidades aprendidas) para afrontar la siempre arriesgada tarea de combinar intereses contrapuestos por encima de las identidades; aunque para eso necesitaban partidos cohesionados y disciplinados que pudieran realizar promesas electorales a públicos diversos y a veces opuestos, tal como defendía diáfanamente Fernández-Albertos.

En cambio, si el predominio de la política de identidad ha venido para quedarse, sus implicaciones pueden tener serias consecuencias. Por un lado, la subordinación de la política de intereses ante la identidad puede dificultar aún más la capacidad de los dirigentes para llegar a acuerdos cruzados. La política de intereses permite calcular puntos intermedios de acuerdo donde todos los intereses ganen algo sin que nadie pierda todo. Pero eso mucho más difícil sobre el eje de la identidad: ¿quién puede negociar sobre estatus, territorio o lengua si éstas no son vistas como reflejo de intereses sino como rasgos básicos de la propia identidad, por definición irrenunciable?

A corto plazo, esto puede ser particularmente relevante en el ámbito municipal, donde, a pesar de todo, aún subsisten muchos acuerdos entre PSC, ERC y/o PDECat, aparte de otras fuerzas. Y quien más sufrirá esa trinchera será la izquierda, ya que ERC puede perder la capacidad de tejer alianzas con las otras fuerzas de izquierda, más allá de la divisoria nacional, y con ello dejar pasar la oportunidad de romper la base de poder municipal que CiU dejó en herencia al PDECat. Con ello, se extendería al ámbito local la incapacidad de las izquierdas para traducir su representación en un potencial de alternancia tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlament.

Con ello, se postergarían también las opciones para canalizar una salida consensuada al bloqueo catalán. Aunque son mayoría los dirigentes que en privado ansían el entierro definitivo del procés (con una salida digna y dialogada), los incentivos que han favorecido el predominio de la competencia en torno a la cuestión nacional restringen su margen de maniobra. No sólo por su coste electoral inmediato: ¿cuántos nuevos protagonistas de la escena política deberían enmudecer si se acabara el relato maniqueo de la identidad y se vieran obligados a hablar de políticas concretas?

No es una paradoja que los ciudadanos de clase trabajadora que no saben ubicarse en el eje izquierda/derecha (pero sí en el eje nacional) estén más preocupados que el resto en los problemas del paro (+6,4 puntos de diferencia), la sanidad (+10,6 puntos de diferencia) o la economía (+ 4,5 puntos), mientras que tienen mucha menos propensión a considerar el autogobierno como el problema principal (-15,4 puntos de diferencia) que el resto: canalizan su insatisfacción material no en términos de política de intereses, sino en términos de política de identidad. Apenas hay votantes de Junts pel Sí o de ERC en ese grupo. Por el contrario, muchos de ellos dejaron de votar al PSC en anteriores elecciones y pasaron a votar a Ciudadanos en 2015 o 2017.

Si ese contexto se va decantando, entonces sí podemos temer no sólo la normalización de una retórica más enconada sobre identidades opuestas –como parecía gustar al president Torra, pero también a varios de sus detractores–, sino su traducción a comportamientos excluyentes y políticas de disenso. Cuando se obstruye toda esperanza de acuerdos y soluciones consensuales, algunos pueden pensar que la política es ya insuficiente para defender la propia identidad. Hace falta pasar de las palabras ofensivas a los comportamientos ofensivos. Es entonces cuando se traspasan las verdaderas líneas rojas.

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