La amenaza viene del Este

El intento de controlar la historia en Polonia es otro síntoma de que la amenaza al futuro de la Unión Europea hay que buscarla más en Budapest o en Varsovia que en Londres.

En la víspera del día en memoria de las víctimas del Holocausto, el Parlamento de Polonia aprobó una ley que pretende controlar la narración histórica sobre los ciudadanos que colaboraron en el exterminio. La ley prevé penas de hasta tres años de cárcel para “quien atribuya a la Nación o al Estado polacos la responsabilidad o corresponsabilidad por los crímenes nazis y otros delitos, o de otra manera reduzca gravemente la responsabilidad de los verdaderos perpetradores”. Flaco favor han hecho los diputados a las víctimas de la Shoah. La nueva legislación ha provocado la ira de Israel, protestas en Ucrania, preocupación de los historiadores del Holocausto (aquí, aquí y aquí) y críticas en los editoriales de los periódicos, además de vergüenza entre muchos polacos. Ha provocado incluso una nota del Departamento de Estado en la que se advierte que esta ley pondrá a prueba las relaciones estratégicas de Polonia con Estados Unidos e Israel y que las divisiones resultantes entre aliados beneficiarán solamente a sus rivales.

El Gobierno nacional-populista ultraconservador del partido Ley y Justicia argumenta que se trata de la defensa de la dignidad polaca, supuestamente difamada por el uso del término ciertamente desafortunado de campo de exterminio polaco (en vez del correcto campos de concentración nazis en la Polonia ocupada por los alemanes). La dolorosa realidad es que quien difama la dignidad polaca es el propio Gobierno del país por la irresponsable tentativa de controlar la historia a través de leyes, lo que recuerda los intentos de revisionismo histórico de la era comunista.

Tristemente, no es la primera vez que la imagen de Polonia se ve deteriorada en el exterior desde que en 2015 comenzara a gobernar Jarosław Kaczyński, presidente del partido gobernante Ley y Justicia, que maneja a su antojo los poderes del Estado. En esta ocasión, el Gobierno decidió despertar a los demonios del pasado y, de paso, dar argumentos a los que denuncian el antisemitismo de los polacos. ¿Torpeza? Atendiendo a la deriva autoritaria de Polonia en los últimos dos años, no parece que sea un simple disparate. Las palabras pronunciadas la semana pasada por el nuevo primer ministro tampoco suenan a descuido. Mateusz Morawiecki llegó a decir en Berlín que Polonia no existía en 1968, año de la purga antisemita que acabó expulsando del país a miles de judíos, y en Múnich soltó que también los judíos eran perpetradores del exterminio.

Andrzej Duda, el presidente polaco, que finalmente firmó la controvertida ley, decidió a la vez recurrirla al Tribunal Constitucional. El escollo consiste en que el Tribunal está subordinado, como casi todo el sistema judicial, a la política partidista. Y no dejó otra opción a la Comisión Europea que poner en marcha el articulo 7 del Tratado de la UE. Pero, a la vista del apoyo de Budapest a las políticas de Varsovia, la famosa ‘opción nuclear’ parece bastante impotente. La declaración de que existe un grave riesgo para el imperio de la ley en Polonia supone el reconocimiento de algo bastante obvio. La retirada de los derechos de voto a Varsovia (los países miembros decidirán sobre ello en primavera) no inquieta en exceso al Gobierno de este país. Lo que en cambio podría funcionar es la activación del posible condicionamiento del flujo de los fondos estructurales europeos al respeto del Estado de Derecho. Por otra parte, la decisión del Parlamento Europeo de destituir a su vicepresidente polaco por llamar colaboracionista a una eurodiputada va bien encaminada en la defensa de los valores de la UE, cuestionados por Hungría y Polonia.

Ahora bien, vista el polvo que se levantó tras la aprobación de la ley, quizás Kaczyński decida suavizar en alguna medida su formulación a través del Tribunal Constitucional, aunque dejando su esencia intacta, y así matar dos pájaros de un tiro. Podrá mostrar a la UE que la (pseudo)independencia judicial existe en Polonia y apaciguar los ánimos de sus socios internacionales, contentando a la vez a los sectores de la derecha polaca más radical, descontentos tras el reciente lavado de cara del Gobierno que supuso la salida de algún ministro considerado como propio.

No sería la primera vez que Kaczyński decidiera utilizar a los poderes del Estado como instrumentos de manipulación y de control de la opinión pública, y con el propósito de arrinconar a la oposición (tan sólo cinco diputados votaron en contra de la polémica ley) y reforzar así aún más su poder. Resulta especialmente indignante si cabe que, para conseguir sus objetivos políticos inmediatos, Kaczyński recurra a un uso instrumental de la tragedia del Holocausto.

Todo resulta muy preocupante. Y muestra de paso dos graves amenazas al orden democrático liberal de la Europa actual. En primer lugar, la liquidación de la división de poderes del Estado, junto con el control absoluto y el uso propagandístico de los medios de comunicación públicos, permite a los líderes de la Europa Central y del Este consolidar un poder que empieza a rozar el autoritarismo. Sin duda, es demasiado pronto para vaticinar el fin de la democracia liberal en Polonia y Hungría. Sin embargo, los cambios en las leyes electorales y el control de los medios de comunicación son peligrosos para la integridad de los comicios húngaros de marzo, en los que ya no se debate si ganará Fidesz (el partido de Viktor Orbán), sino sobre todo quién quedará segundo, la derecha radical de Jobbik o los socialistas. Este escenario puede repetirse en la agenda electoral polaca.

Por su parte, Mateusz Morawiecki recordó, en su primera intervención tras ser nombrado primer ministro del Gobierno, que, al aceptar la Cámara Baja la entrada en la UE, también “declaró la soberanía de Polonia en el terreno de la moralidad y la cultura”. ¿Admite esta soberanía la falta de respeto al Estado de Derecho, un valor básico de la Unión? La respuesta es por el momento afirmativa. Pero no se queda ahí. Incluso el sueño de recristianizar Europa, anunciado por Morawiecki, se queda corto. Resulta que la idea de blanquear la historia de los polacos durante la Segunda Guerra Mundial constituye otro ejemplo del caldo de cultivo que los gobernantes polacos generan desde hace dos años: el nacionalismo, la xenofobia y el antisemitismo empiezan a cobijarse en los salones del poder.

Éste es el segundo desafío, tal vez el más severo, que supone para la UE el retroceso democrático que sufren los países del Este de Europa. Quemar la marioneta de un judío, exponer las fotos de eurodiputados polacos que votaron “en contra de Polonia” colgados en horcas, gritar “Europa blanca o desierta” durante la manifestación del día de la independencia en el centro de Varsovia, o hasta celebrar el cumpleaños de Hitler están al orden del día en Polonia. Mientras, la campaña antisemita en Hungría contra el magnate y filántropo George Soros cala bien en el clima anti-inmigración dominante. Viendo una portada reciente de The Daily Telegraph, en la que se involucraba a Soros en una supuesta maniobra contra Theresa May y el Brexit, la fiebre de las conspiraciones de tinte antisemita parece haber cruzado incluso el Canal de la Mancha. 

En la última frase de La peste escribe Albert Camus: “El bacilo de la peste nunca muere o desaparece, puede permanecer dormido durante décadas en los muebles o en las camas, aguardando pacientemente en los dormitorios, los sótanos, los cajones, los pañuelos y los papeles viejos”. Si el Gobierno polaco está decidido a despertarlo, a Europa le toca ponerle freno si quiere evitar contagios peligrosos. 

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