Justicia y Presupuestos Generales del Estado

El proyecto de presupuestos generales del estado para 2017 prevé una cifra de 1.726 millones destinada a Justicia, pensándose sobre todo en la creación de nuevas plazas de su personal –jueces y fiscales (sólo 100 plazas), letrados y personal administrativo–, así como en la definitiva informatización y telematización de la labor judicial. Se destaca que el presupuesto ha aumentado un 7,6% con respecto a 2016.

La dotación, con todo, sigue siendo irrisoria considerando que la justicia es un servicio básico en un estado de derecho, junto con la sanidad y la educación. Siendo el PIB de España de 2016 de 1.113.851 millones de euros, lo que se destina a justicia es aproximadamente el 0,15 % del PIB, o del 0,3 si contamos otros servicios relacionados con la justicia. Por países europeos, España se sitúa hacia la mitad de la tabla por detrás de Bélgica (casi un 0,7), Portugal, Alemania, Hungría o Rumanía. De ahí que la cantidad sea, efectivamente y como se ha dicho, irrisoria, aunque, como se ve, el mal es histórico y endémico, no solamente en Europa, sino en el mundo. Prácticamente deprimente. Por ello, anunciar que el presupuesto de Justicia se ha incrementado con respecto a 2016 en los términos que se han indicado en el primer párrafo, sea poco menos que publicidad engañosa. Esa dotación presupuestaria a duras penas consigue mantener en pie el sistema actualmente existente.

Con todo, el problema principal de la Justicia no es tanto su escasa financiación, que viene de siglos atrás, sino que sus trabajadores se han resignado desde hace muchas generaciones a trabajar en condiciones deplorables. Para entenderlo, la población debería saber que la mayoría de jueces que se ocupan, de un modo u otro, de la primera instancia, debe resolver aproximadamente 1.000 procesos cada año, es decir, más que días tiene dicho periodo.

Como es materialmente imposible afrontar con el debido detenimiento esa carga de asuntos, en los juzgados se ha producido desde hace mucho tiempo una curiosa división del trabajo que ni está en las leyes ni imagina probablemente ningún ciudadano. La realidad es que la mayoría de los integrantes de un juzgado hacen casi de todo. El trabajo se divide entre lo más fácil y reiterativo y lo más complejo. De ese modo, el juez suele dedicarse, aparte de a las comparencias, a la redacción de las sentencias más complejas. Pero las resoluciones más reiterativas –y algunas ni siquiera eso– las hace el personal del juzgado siguiendo plantillas de resolución y formularios que contienen un modelo de motivación que es el mismo siempre. A partir de ahí, se cambian simplemente los datos de las partes y del objeto del juicio, y se las pasan como borrador al juez o, en su caso, al letrado de la administración de justicia, que simplemente las firma tras un examen no pocas veces superficial, en ocasiones demasiado superficial.

En resumidas cuentas, demasiado a menudo son los funcionarios del juzgado, y no el juez, los que en realidad redactan la sentencia. Aunque ya sucede mucho menos, esos funcionarios incluso practican interrogatorios cuando no deben ser grabados. En muchas resoluciones en las que el letrado de la administración de justicia hace constar que el juez estaba presente, ni el juez ni el mismo letrado estuvieron allí en realidad. Pero erraría el lector si le echara la culpa de estas irregularidades al juez o al letrado. Al contrario, bastante hacen con mantener a flote el juzgado, dado que se encargan, como antes se ha dicho, de los asuntos más complejos. Y con frecuencia no dan abasto. Por ello todos los que conocen el funcionamiento de un juzgado toleran pacientemente este estado de cosas.

Cuando se habla de reformar la Justicia, habría que empezar por poner los medios para que todo lo anterior no sucediera, empezando por triplicar al menos el número de jueces existentes, para que no asumieran más de unas 300 causas cada año. Y cuando se refiere el legislador o el gobierno a la introducción de las nuevas tecnologías en la Justicia, sería mejor pensar que de nuevas no tienen nada, sino que las usamos todos desde hace años, y que las mismas se pueden utilizar de forma eficiente si se emprende una decidida desburocratización de los procedimientos. Y es que sucede que buena parte del ingente volumen de documentación que genera cualquier proceso es perfectamente inútil, y por ello malgasta un tiempo precioso de los profesionales de la Justicia.

En consecuencia, no solamente se trata de aumentar la dotación presupuestaria ni de crear más plazas, muchas más. De lo que se trata, también, es de abolir hábitos de trabajo que se arrastran desde el medievo y que harían quebrar a cualquier empresa mañana mismo si los empleara.

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