Justicia transicional: qué se ha hecho y qué falta por hacer

Mucho se viene hablando en los últimos 10 años sobre las deficiencias de la Transición española en relación al diseño e implementación de los mecanismos de superación de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista. Pero lo cierto es que el público en general tiene escaso conocimiento de lo que se ha hecho, lo que queda por hacer y sus dificultades.

La medida más conocida es, sin duda, la Ley de Amnistía de 1977, votada por el 93,3% de los diputados y celebrada como “el más significativo hito de todo el proceso de reparación y restitución de la libertad personal a quienes fueron privados de ella por razones políticas vinculadas a la guerra y a la dictadura”. Pero la ley no sólo amnistiaba a los opositores por los actos de intencionalidad política: también contenía dos preceptos (artículo 2 e. y f.) que amnistiaban los delitos y faltas cometidas por autoridades, funcionarios y agentes del orden público cometidos en el marco de la represión. Suponía, por tanto, la impunidad de los crímenes del franquismo y cerraba la puerta a la exigencia de responsabilidades penales por los crímenes del pasado.
Lo que quizás sea más desconocido es que, ya desde la llegada de la Democracia, se fueron promulgando una serie de normas destinadas a compensar a las víctimas de la guerra en el bando republicano (las del bando sublevado ya habían sido reconocidas y compensadas durante la Dictadura) y a las víctimas de la represión franquista, pasando con ello a un “modelo de olvido del pasado absoluto con rehabilitación parcial de las víctimas”.

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Así, una ingente variedad de disposiciones legales promulgadas desde 1975 tuvo como objetivo la rehabilitación de los funcionarios republicanos o represaliados durante el franquismo, y el reconocimiento de prestaciones y pensiones a los damnificados por la Guerra Civil y la Dictadura. Se dictaron, además, varias normas para la restitución de los bienes incautados a partidos políticos y sindicatos. No se ha procedido, en cambio, a la devolución con carácter general –salvo en el País Vasco– de los bienes incautados a particulares o asociaciones distintas a los sindicatos, ni se previeron indemnizaciones en caso de no ser posible la devolución mediante una reclamación civil particular.

No se han creado en España comisiones de la verdad oficiales que investiguen las violaciones de derechos humanos cometidas bajo el franquismo; aunque también es cierto que tanto la Guerra Civil como la represión franquista han sido profusa y exhaustivamente estudiadas y documentadas por nuestros historiadores.

En el año 2002, el Congreso de los Diputados aprobó la declaración institucional sobre el reconocimiento de los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista. En 2004, se creó la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de esas víctimas. Por ley, se declaró 2006 como Año de la Memoria Histórica. Y en 2007 se aprobó la popularmente conocida como Ley de la Memoria Histórica.

Esta iniciativa legislativa, que fue aprobada con el voto de todos los grupos parlamentarios excepto los del Partido Popular y el de Esquerra Republicana de Catalunya, por motivos opuestos, no supuso en realidad la revolución en la materia que se quiso vender al público. A pesar de ello, conllevó un agrio e inmerecido debate político. Unos la consideraron innecesaria y perjudicial por “reabrir heridas”; otros, en cambio, insuficiente.

La Ley mantuvo la regla de la impunidad, como no podía ser de otro modo desde el punto de vista legal ya que todos los delitos se hallaban prescritos o amnistiados. Y vino a completar y mejorar anteriores medidas de indemnización, reparación y reconocimiento, pero sin resolver de modo satisfactorio los escollos más graves: la iniciativa en la búsqueda y exhumación de cuerpos, la anulación de las sentencias injustas y el reconocimiento de un estatus oficial de víctima. Sí abordó, en cambio y ex novo, otra materia pendiente: la eliminación de los símbolos franquistas o de exaltación de uno solo de los bandos de la guerra.

La Ley introdujo una serie de declaraciones de ilegitimidad e injusticia referidas a los tribunales o jurados creados durante la Guerra Civil y de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas etcétera, durante esa guerra o la Dictadura. En consecuencia, se otorgó a la víctima o sus familiares la posibilidad de obtener una Declaración de Reparación y Reconocimiento Personal, que no da derecho por sí misma a indemnización económica alguna.

Se ha criticado que recae en las víctimas la obligación de aportar la documentación que avale su solicitud, lo que la mayoría de las veces no estará a su alcance. Según los datos publicados por la antigua y ya suprimida Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil –que no se encuentran actualizados– habrían recibido la declaración más de 950 personas. Un número muy escaso, que nos puede dar idea de la poca relevancia que la otorgan los propios afectados.

El hecho de que se haya optado por estas declaraciones en lugar de establecer la nulidad de las sentencias franquistas ha sido uno de los puntos más criticados. Aunque algunos autores han propuesto interpretaciones imaginativas del recurso de revisión como vía para la anulación de estas sentencias, el Tribunal Supremo ha rechazado, con razón, que este supuesto esté previsto actualmente en nuestra legislación. En mi opinión, sólo se podría solucionar esto por ley, tal y como se hizo en Alemania, donde se creó un nuevo recurso para pedir la anulación de las sentencias nacionalsocialistas y de la República Democrática Alemana. Pero el legislador español no ha emprendido esta reforma legislativa, quizás por el temor a que ello conlleve un aluvión de solicitudes de indemnización.

Además, la ley establece una serie de mejoras de pensiones de viudedad y orfandad y extensión de prestaciones, indemnizaciones y otros reconocimientos, y la ampliación de la indemnización por muerte a supuestos ocurridos durante la Transición. Aunque estas medidas han sido por lo general bien acogidas, también se critica su carácter parcial y los límites de edad o de fechas establecidos para algunas de ellas.

En relación con los desaparecidos y las fosas comunes, la ley se limita a establecer deberes de colaboración, subvención, autorización y preservación de las actividades por parte de las administraciones públicas, pero deja a los familiares y asociaciones la iniciativa en la búsqueda de desaparecidos.

A lo largo de los primeros años de vigencia de la Ley de Memoria Histórica, se promulgó diversa normativa y se crearon diferentes órganos tendentes a desarrollarla, como la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura. Cabe destacar también la publicación, en 2011, del mapa de fosas de la Guerra Civil y la represión política posterior. Entre 2006 y 2010, España destinó cerca de 20 millones de euros a la aplicación de esta Ley.

El panorama cambió radicalmente con la llegada del Partido Popular al Gobierno. En 2012 se eliminó la Oficina, asumiendo sus cometidos otro departamento más genérico del Ministerio de Justicia. Igualmente, las diversas subvenciones se han ido diluyendo en programas de objetivos más amplios.

Sin embargo, hay que decir que las exhumaciones no han cesado, según los informes anuales de la Sociedad Científica Aranzadi. Entre 2000 y 2016, se han recuperado los restos de cerca de 8.000 personas, en más de 500 lugares. También se documentaron con detalle los traslados al Valle de los Caídos, entre 1959 y 1983, de los restos hallados en 491 fosas. Pero se informó a las familias de la imposibilidad técnica de identificar los restos de republicanos trasladados sin su permiso, por encontrarse mezclados y altamente deteriorados. En el Valle se encuentran los de 33.847 personas víctimas de ambos bandos.

Podemos concluir que todavía existen deudas pendientes con las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, aunque desde 2002 los avances han sido ciertamente importantes. Llama la atención que no exista aún consenso sobre cómo afrontar el pasado.

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