Jurado, ¿por qué no?

Cuando se abordan las razones que explican la participación del ciudadano en la Justicia a través de la institución del Jurado, es inevitable remontarse en el tiempo a la Inglaterra del siglo XIII, donde la desconfianza que inspiraban los jueces profesionales, vistos como ejecutores de la voluntad del Poder del Rey, provocó que se trasladase a los ciudadanos el poder de decidir en torno a la culpabilidad o la inocencia del acusado.

Y, si bien es cierto, incuestionables razones de índole política y también histórica, subyacen en la existencia del Tribunal del Jurado, no puede afirmarse que el Jurado sea, hoy en día, una institución politizada.

Véase, sino,  como el Tribunal del Jurado constituye la pieza angular sobre la que pivota el sistema penal de los Estados Unidos y, en el ámbito europeo, prácticamente la mayoría de países tiene implantado un Tribunal del Jurado. En España, tuvieron que pasar diecisiete años, hasta cumplir el mandato del art. 125 CE, en virtud del cual, los ciudadanos podrán participar en la Administración de Justicia mediante la  institución del Jurado, de la forma prevista en la LO 5/1995 de 22 de mayo. Y hace unos años, en concreto en 2009, Japón decidió implantar un Jurado integrado por tres jueces profesionales y seis legos, para juzgar delitos castigados con la pena capital o la cadena perpetua.

En todos estos países, el Jurado no se instaura para controlar a los Jueces ni responde a la desconfianza acerca de su capacidad profesional o probidad y, sin embargo, perdura la participación de los ciudadanos en los tribunales. Ello no responde a la inercia del tiempo, sino al valor añadido que se considera reporta el Jurado a la Administración de Justicia, enriquecida con los conocimientos y las experiencias de un ciudadano, capaz de considerar probados, o no, unos hechos a través de la lógica y la experiencia.

Véase, por ejemplo, el caso alemán, cuyo Jurado escabinado está compuesto, según el delito, por un juez profesional y dos ciudadanos o  dos jueces profesionales y dos ciudadanos, a los que corresponde celebrar el juicio y dictar la sentencia. La deliberación entre los ciudadanos y el juez, el debate y el esfuerzo que realiza el juez profesional para explicar al escabino su interpretación de los hechos, la valoración de la prueba y sus consecuencias jurídicas, termina por influir positivamente en la calidad de las decisiones judiciales, tanto por elevar el estándar de motivación de la decisión, cuanto  por conseguir una resolución que no será difícil de comprender, al haber superado el complejo y a veces incomprensible idioma técnico de las decisiones judiciales. En este modelo, los jueces ciudadanos son elegidos para intervenir en las causas penales por un tiempo determinado y, previamente, reciben un conocimiento sobre el derecho procesal, en lo esencial, sobre las fases del proceso y los derechos y deberes de las partes en el proceso penal.

Ahora bien, otro modelo vigente es el Jurado anglosajón o puro, que reparte las funciones entre los ciudadanos y el Juez profesional. A los miembros del Jurado les corresponde dictar el veredicto sobre las cuestiones de hecho, mientras que al Juez le corresponde aplicar el Derecho e individualizar la pena. En este modelo, no se privilegia tanto el derecho del ciudadano a administrar justicia, cuanto del justiciable a ser enjuiciado por sus pares. Y en ese juicio, los Jurados son los destinatarios de toda la actividad probatoria y, al emitir su veredicto declarando culpable o no culpable al acusado, han de tomar en consideración las Instrucciones –una suerte de reglas del proceso- que el Juez ha cumplido con informarles. En este modelo, el Jurado no da una explicación de su veredicto.

Fue el modelo puro por el que se decantó el legislador español, con algunas modulaciones. Así, estableció un deber específico de motivación a cargo de los integrantes del jurado, que no resulta fácil de cumplir y depende mucho de la claridad con que el Magistrado-Presidente redacte el objeto del veredicto, y que constituye el cimiento sobre el que recaerá el veredicto del jurado, una suerte de esquema de argumentación  completado por las respuestas del Jurado. El acierto del Magistrado que dirige el juicio permitirá, no solo controlar la coherencia y congruencia de lo decidido, sino que igualmente facilitará la exposición de los argumentos que justifican la decisión.

A diferencia del resto de países europeos, en España el Jurado no se ha implantado plenamente, al ser conscientemente eludido por los operadores jurídicos. El esfuerzo que supone para el Magistrado-Presidente un juicio con Jurado, –se dice que equivale a 20 juicios-, el trabajo que demanda para el Abogado y el Fiscal y el coste que supone para las arcas públicas, han provocado que la constitución del Tribunal del Jurado sea persistentemente esquivada, pese a mantener plena vigencia la L.O. 5/1995 del Tribunal del Jurado. Se evita calificar una conducta como amenaza condicional –competencia del Jurado- para castigarla como delito de extorsión,  con el coste de ser de ser castigada con una pena menor. El allanamiento de morada -competencia del Jurado-, pasó a desaparecer de las estadísticas de delincuencia, y desde hace unos años, tras un esfuerzo argumental de la Jurisprudencia, reaparece gracias a la siguiente maniobra: se acusa por tentativa de robo en casa habitada y se condena por allanamiento de morada. “¡Despreocúpese!, para nuestros tribunales no constituye vulneración alguna del acusatorio”.

Sea por la complejidad del modelo elegido, por los delitos objeto del Jurado o por la facilidad con la que puede ser sorteado, en España no se han hecho patente las ventajas de la participación del ciudadano en la Administración de Justicia, y se ha llegado al extremo de interpretar la celebración del juicio con Jurado como una adhesión ideológica a la institución, cuando de lo que se trata es del cumplimiento de una Ley Orgánica que, hasta tanto no se modifique o derogue, debe ser cumplida.

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