De cómo ir a la raíz de los problemas: ciencias sociales y políticas públicas

De la entrevista Nick Axford para el Observatorio social de la Caixa se desprende una idea clave en relación al diseño y aplicación de políticas contra la pobreza: la comprensión de la raíz técnica del problema es clave para generar soluciones efectivas en la lucha contra la pobreza. Esta noción sitúa el centro de la agenda el dialogo entre las ciencias sociales, encargadas del estudio de los fenómenos y problemáticas sociales y el diseño de políticas públicas, las herramientas de intervención para corregirlas.

En la última década, motivado en parte por la creciente austeridad y atención a la eficiencia y eficacia de las políticas públicas ha adquirido notable interés político y mediático la noción de la política pública basada en evidencia. Este enfoque presupone que las decisiones políticas en sus diferentes niveles de intervención deben estar fundamentadas en evidencia científica. En este sentido, es clave que tanto la diagnosis como el diseño y las aplicaciones de intervenciones de política pública estén basadas en análisis empíricos que expongan la lógica del problema y en concordancia, propongan soluciones que aseguren resultados efectivos.

Uno de los ámbitos en los que más se ha reivindicado la necesidad de desarrollar este enfoque es en el ámbito de la pobreza. Tanto des del ámbito académico como político se considerar la pobreza y en particular, la pobreza infantil, como una situación material fundamentalmente injusta que frena el desarrollo individual y social. En este sentido, tanto por sus implicaciones normativas como por sus consecuencias sociales, analizar empíricamente qué circunstancias generan y reproducen la situación de pobreza resulta clave para orientar las decisiones políticas con criterios técnicos y evitar que decisiones no fundamentadas perjudiquen a grupos particularmente vulnerables.

Las políticas públicas basadas en evidencia conllevan un cambio en la lógica y la metodología institucional. Implican mayor atención a los datos, monitorización de las intervenciones y evaluaciones más frecuentes y completas que van más allá de la lógica input-output. En este sentido, el trabajo de las ciencias sociales y su traspaso al diseño de políticas públicas es clave.

El mayor cambio en la concepción y el diseño de políticas públicas basadas en evidencia ha sido el desarrollo de experimentos piloto que prueban el efecto de distintos tratamientos aleatoriamente y en contextos reales (randomized control trials). El ejemplo paradigmático de su aplicación en la lucha contra la pobreza es el trabajo de investigación aplicado del The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab del MIT especializado en proporcionar evidencia experimental de intervenciones que funcionan para reducir la pobreza, principalmente en países en desarrollo. Aunque con menor impacto, también es notable el auge de los experimentos pilotos en países desarrollados, por ejemplo los pilotos de “rentas básicas” en Finlandia y ahora también en Barcelona.

Paralelamente al enfoque de las políticas públicas basadas en evidencia y siguiendo la misma lógica, en la última década se viene desarrollando la introducción de las ciencias del comportamiento (behavioural insights) en la formulación de políticas públicas. El enfoque conductual de políticas públicas (behavioural public policy) consiste en la integración del conocimiento de ciencias, como la psicología, la económica y la sociología al diseño de políticas públicas. Dichas disciplinas proporcionan evidencia clara sobre la conducta individual y el proceso de toma de decisiones. En este sentido, contribuyen a que el modelo de comportamiento y acción individual que las políticas públicas toman por referencia se ajuste a la realidad. Aplicando dichos conocimientos a la política pública, las ciencias conductuales mejoran las políticas públicas, ya sea: identificando los elementos conductuales del problema, por lo tanto, mejorando su diagnosis; mejorando y ajustando las herramientas tradicionales de intervención y, introduciendo nuevas herramientas de política pública, como por ejemplo los nudges. A nivel institucional, la necesidad de considerar estos factores se va consolidado. Varias administraciones han apostado por crear equipos dedicados en exclusiva al diseño conductual de políticas públicas. Los primeros, EEUU, y Reino Unido; ahora presentes en muchos países de la UE (sección 2.3). Así mismo, las principales instituciones internacionales en materia de política pública insisten en la necesidad de identificar y considerar los elementos conductuales y resaltan la importancia de la evidencia empírica en el diseño y la aplicación de políticas públicas (Banco Mundial, Comisión Europea, OCDE)

Aunque todavía son campos en desarrollo, la política pública basada en evidencia y la incorporación del conocimiento conductual representan innovaciones destacadas para el diseño institucional que persiguen un mismo objetivo: mejorar la identificación y concepción técnica del problema y ofrecer soluciones más efectivas. Se ha demostrado que en relación a la lucha contra la pobreza su interacción es vital para analizar los múltiples factores que la generan y tomar en consideración el impacto que la escasez material tiene sobre el proceso de toma de decisiones. Incorporando las dos lógicas, se han ofrecido soluciones alternativas a las herramientas tradicionales y que han generado mejores resultados. En este sentido, los centros que vinculan el análisis empírico de la pobreza y sus implicaciones conductuales con la realización de pruebas piloto y la prescripción de soluciones parecen más adecuados para abordar los retos que plantea la pobreza. Sin embargo, son todavía poco habituales, especialmente en el estado español.

Cabe destacar que mejorar las políticas públicas, relacionadas o no con la pobreza, no es una tarea simple. Mejorar la evidencia disponible es clave pero no suficiente. En Agenda Pública ya han discutido las limitaciones de las políticas basadas en evidencia (aquí y aquí). Se debe considerar quien y como se recoge la evidencia; asegurar su calidad y hacer transparente los resultados. Además los agentes políticos no siempre tienen incentivos para incorporar información objetiva a la toma de decisiones y los hechos objetivos tienen cada vez menos impacto en la formación de la opinión pública.

Sin embargo, es claro que la incorporación de la lógica de política basada en evidencia y la dimensión conductual a las políticas públicas se consolidan como nuevos inputs para ofrecer soluciones políticas más específicas y adecuadas. Complementarias a la lógica institucional y regulatoria habitual, contribuye a preveré como y porque funcionan ciertas intervenciones y a mejorar las políticas públicas en conjunto.

En el ámbito político se ha consolidado la necesidad de considerar la evidencia científica como parte clave en la formulación y la toma de decisiones y aunque su desarrollo institucional es tímido, la línea a seguir está clara: más y mejor evidencia para ir a la raíz de los problemas. No obstante, la implicación no esta tan clara en el ámbito de las ciencias sociales. Generalmente, las universidades son los centros encargados de la generación de análisis empírico y aunque es creciente entre los científicos sociales el interés por el impacto de sus investigaciones en el ámbito político, la transferencia es insuficiente. Esta cuestión puede deberse a la falta de contacto entre ámbitos, pero también al enfoque habitual en ciencias sociales. Como destaca Duncan J. Watts, aunque el objetivo de las ciencias sociales es explicar y corregir fenómenos sociales reales, a menudo las investigaciones en es este campo está más orientadas a generar discusión teórica entre paradigmas enfrentados que ha analizar y solucionar problemas concretos. El desarrollo de la política pública basada en la evidencia debe ir acompañado de una mayor implicación de las ciencias sociales en la resolución de problemas. Quizá una de los (muchos) pasos necesarios para contribuir a solucionar problemas sociales concretos sea que las ciencias sociales hagan el mismo cambio de enfoque que la política pública: sin perjudicar la discusión teórica, aumenten el énfasis de análisis en identificar soluciones a problemas reales y entender cómo y porqué ciertas intervenciones funcionan. Las ciencias sociales informan a la política pública; así mismo las evidencias de la política pública deben informar a las ciencias sociales, así la relación ciencia y política pude resultar efectiva y útil para afrontar y solucionar los retos sociales actuales.

Artículo realizado con la colaboración del Observatorio Social de “la Caixa”

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1 Comentario

  1. Luis Rod
    Luis Rod 07-22-2017

    Naturalmente, cuando dice “políticas públicas basadas en la evidencia” no quiere decir ‘basadas en la obviedad’, que es lo que está diciendo en español, sino ‘based on evidence’, es decir, basadas en datos, tal y como se explica luego. Sería deseable evitar el espanglish en la medida de lo posible. En este campo, como en tantos otros, me temo que es una batalla perdida, pero no por eso hay que dejar de señalarlo. Afea usted innecesariamente el idioma que usa para comunicarse. If you rather use English, just do it. We would all be better off.

    Los datos brutos no son nada sin teorías que los interpreten. “La evidencia” entonces no son los datos, sino la mejor teoría disponible, y como señala el artículo, no hay acuerdo sobre cuál es la mejor teoría disponible para cada intervención de las instituciones en la vida social. Ese desacuerdo no se produce por un capricho perfectamente evitable, como parece sugerir al hacer un llamamiento a dejar a un lado las discrepancias teóricas y ocuparse de resolver problemas. ¡Es que para resolver problemas hace falta una teoría! Esa también es una parte muy importante ‘la raíz de los problemas’, que habría sido deseable que hubiera recibido otro tratamiento en el artículo. Los científicos sociales, para no equivocarse gravemente, también deben ejercer la modestia que conlleva la todavía altísima falibilidad de sus disciplinas.

    Por último, ‘el estado español’ es un pleonasmo innecesario. España no es nada más (y nada menos) que un estado. No podría ser otra cosa, porque no hay otra cosa. Uno esperaría que los científicos sociales hubieran abandonado hace tiempo los tabúes de la tribu, en este caso, el tabú de llamar a los estados por su nombre. Si realmente considera que algo malo puede ocurrirle si vulnera el tabú-quizá le echen mal de ojo otros miembros de su tribu-, le sugiero que la próxima vez use otras fórmulas más explícitas: el estado que no puede ser nombrado, el de nombre impronunciable, o directamente el Averno, Mordor o Los Dominios de Voldemort.

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