Independencia y fascinación por el derecho

La aprobación de las leyes del referéndum y de transitoriedad por el Parlamento de Cataluña es el último de los episodios destinados a ofrecer una imagen del proceso independentista como el ejercicio de un derecho, de un modo acorde con un pretendido marco jurídico (de derecho internacional, natural o cualquiera que se quiera, excepto el vigente) y con las máximas garantías de legalidad y seguridad jurídica. Que a estas alturas esa imagen sea insostenible para cualquier observador razonable no altera el hecho de que tal apariencia refuerza el atractivo de la opción independentista, la hace más fácilmente asumible y permite, casi con escarnio, presentar a quienes se oponen a estas actuaciones como agresores que impiden el ejercicio de un derecho, reaccionarios defensores de un marco constitucional desprestigiado y superado.

El recurso de los partidos independentistas a la ley y el derecho (si tal puede llamarse a lo que se aprueba sin debate público y plural y con plena conciencia de su carácter contrario al ordenamiento) parecería una fascinación enfermiza si no fuera por esa fuerza legitimadora de la apariencia de derecho y por sus efectos de forzar al Estado, una y otra vez, al recurso a los tribunales (triste y erróneamente encarnados en el Fiscal General del Estado) y a su función limitadora y punitiva.

El derecho no aporta nada más a las opciones independentistas, descartado ya hace tiempo cualquier intento de canalizarse mediante el progresivo convencimiento de las instituciones estales. La independencia (y su instrumento exclusivamente destinado a tal fin: el referéndum del 1-O) nunca necesitó tanto presunto amparo legal; lo que necesita es lo que no tienen sus partidarios: el apoyo claro y ampliamente mayoritario del conjunto de los ciudadanos catalanes. Sin él, el proceso nunca podrá presentarse no ya como legal (lo que resulta irrelevante para fundar un nuevo estado) sino como legítimo. Y la parodia de legalidad que observamos estos días pretende ocultar esa realidad política.

La independencia no es un proceso jurídico. Es un acto político que rompe casi necesariamente con la legalidad anterior y, en consecuencia, sólo tiene éxito si es capaz de imponerse de hecho, lo que en nuestras sociedades democráticas reclama un apoyo social muy mayoritario. El derecho actuará después, a partir de ese hecho, creando el nuevo ordenamiento, pero no al revés.

Lo que se acaba de decir puede también aplicarse a la correlativa fascinación judicial del Gobierno del Estado, que no comprende que ante una actuación que no tiene de jurídica más que el nombre no sirve la reacción jurisdiccional. Ésta podrá ser útil para detener algunas de sus expresiones, pero probablemente alimentará el crecimiento de su fuerza política. Aunque estoy convencido de que permitir un nuevo 9N (y mostrar su irrelevancia) hubiera sido la reacción más inteligente y efectiva, no pretendo aquí defender esa opción y la renuncia a las vías de imposición judicial y coercitiva del derecho (este sí) vigente. Pero sí creo que esa imposición poco aporta a la finalidad fundamental de debilitar el apoyo social del independentismo y, sobre todo, de reforzar el apoyo social del constitucionalismo y la recuperación de su prestigio. Y del mismo modo que los independentistas no pueden legítimamente alcanzar la independencia sin que ésa sea la clara y manifiesta opción del conjunto de la sociedad catalana, el mantenimiento y vigencia del modelo constitucional tampoco podrá garantizarse si no cuenta con ese mismo apoyo claro y manifiesto.

Éste no es (o al menos no es ya) un conflicto entre instituciones, líderes políticos o partidos. Si se obstaculiza o se evita la actuación de éstos, una y otra vez, seguirá existiendo un conflicto social y ciudadano que es necesario desactivar, bien con un incremento relevante de los partidarios de la independencia, bien con un incremento igualmente importante de los partidarios del modelo constitucional. Ocurra lo que ocurra el 1 de octubre, el 2 de octubre y todos y cada uno de los días de 2017, ésa seguirá siendo la cuestión en 2018. Y creo que muy pocos están intentando abordarla de modo honesto, informado e inteligente. Ése es nuestro gran fracaso.

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