(In) Justicia Social

La política pública es el resultado de la acción política. Eso dicen los manuales. A través de las políticas, la acción de gobierno ofrece sus resultados, distribuye, regula o redistribuye recursos. Los problemas, conflictos y dilemas de una sociedad se asumen y se afrontan con herramientas concretas de política pública. Si ni se asumen ni se afrontan, éstos se vuelven crónicos hasta que nos acostumbramos a vivir con ellos.

España arrastra un problema serio de cohesión social. Distintos ciclos favorables de la economía nos han ido sucesivamente invitando a creer en el binomio progreso-bienestar, pero la observación de las tendencias en el tiempo siempre ha advertido de su enorme fragilidad. Hemos modernizado la administración, hemos legislado para la igualdad y la no discriminación, hemos ampliado coberturas y derechos, unos gobiernos más que otros, pero los datos son tozudos: puntuamos mal, muy mal, en justicia social. Tan mal que según el Informe de Justicia Social Europeo 2017 de Bertelsmann Stiftung, de un total de 28 países europeos, estamos en la posición número 24 . Hace casi un año, Eloísa del Pino analizaba el informe 2016 y se preguntaba aquí si en el siguiente conseguiríamos puntuar mejor. Pues bien, las noticias albergan poca esperanza: seguimos igual. Bueno, en una escala de 0 a 10 hemos mejorado 20 décimas respecto al informe 2016 (de 4,76 a 4,96) y ya no somos el cuarto país por la cola, ahora somos el quinto, para desgracia de Italia.

De las siete dimensiones que integran el índice (prevención de la pobreza; equidad en materia educativa; acceso al mercado laboral; cohesión social y no discriminación; salud y justicia intergeneracional), España sale bien parada únicamente en salud: una esperanza de vida alta, cobertura universal, y buenos resultados del sistema sanitario público. En todo lo demás, sin embargo, el dictamen suena como una lejana letanía: tenemos un mercado laboral que no es inclusivo, no garantiza un acceso equitativo de los distintos grupos sociales (por género, edad, y origen), cuenta con unas elevadísimas tasas de desempleo, trabajo temporal y se consolida su estructura dual. Tenemos un índice de pobreza infantil que llega casi al 30%; el porcentaje de personas viviendo por debajo del umbral de la pobreza es uno de los peores casos en toda la Unión Europea y en abandono escolar sólo nos supera Malta (aunque respecto al 2016 hemos bajado un punto. Del 20% al 19%).

Como con todos los indicadores sintéticos, podemos discutir sobre los criterios de construcción y la congruencia de los datos (en este caso una combinación de fuentes estadísticas europeas –Eurostat y EUSilc- con material cualitativo de entrevistas a expertas/os). No obstante, las comparativas ayudan a entender la magnitud del desafío que tenemos por delante. Sería importante poder entender cómo operan estas dimensiones a escala territorial. Aunque sabemos que el interés político y la atención mediática han tenido otras preocupaciones últimamente, hay casos de éxito que bien podrían constituir buenas prácticas para el resto.

Sin un impulso decidido por lograr una sociedad más justa que se materialice en acciones políticas concretas, los problemas seguirán ahí. Sería importante recuperar niveles de gasto, pero no será suficiente. Sería necesario alcanzar pactos nacionales sobre políticas sectoriales (en educación de manera destacada), pero no bastará. Sería imprescindible tener planes de acción eficaces, pero no los veremos. Nos falta la ‘estructura básica’ sobre la que asentar los ‘consensos solapados’ de los que hablaba Rawls. Sin un espacio político compartido en el que asentar los principios fundamentales de la convivencia es difícil imaginar proyectos de ‘buena sociedad’ que requieren esfuerzo y compromiso. Martha Nussbaum nos diría quizá que necesitamos una forma de patriotismo en el que encauzar las emociones políticas, tan distinto del que venimos machaconamente escuchando de unos meses a esta parte.

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