Historias de la España aforada

Gracias al cataclismo social e institucional que está acompañando en España la crisis económica de esta última década, con todos los poderes e instancias mostrando sus costuras a la mínima, disfrutamos en España de debates sobre todo tipo de cuestiones de gran interés que, sin embargo, habían pasado sin pena ni gloria en las primeras décadas de Restauración (democrática). La operación Taula, una de las últimas operaciones contra la corrupción, que afecta a la antigua alcaldesa de Valencia y actual senadora Rita Barberá, ha puesto una de ellas de actualidad. Se trata del especial fuero de que disponen las personas de ciertos colectivos que les hace ser investigadas y, en su caso, juzgadas, por tribunales diferentes a los que corresponderían a cualquier hijo de vecino. Es el caso, por ejemplo, de los parlamentarios (diputados, senadores… y también diputados autonómicos, merced a la extensión que se ha hecho de este privilegio a favor de los mismos en los diferentes Estatutos de Autonomía), pero también de jueces (incluyendo jueces de paz), fiscales, miembros del gobierno, europarlamentarios…

La justificación histórica de estas inviolabilidades (que no se pueda perseguir, por ejemplo, a un diputado, por las manifestaciones políticas que realiza en sede parlamentaria) e inmunidades (que provocan que no pueda ser detenido si no es en flagrante delito)  es la de tratar de evitar, que una querella contra cargos públicos o jueces caiga en cualquier juzgado y pueda comportar riesgos de imputaciones torticeras que tendrían consecuencias indeseables en el ejercicio de sus funciones públicas. No parece descabellado proteger mínimamente a aquellos ciudadanos que desempeñan cargos públicos particularmente expuestos de los efectos particularmente nocivos que pueden tener para ellos, y para las funciones que ejercen, querellas poco fundadas que puedan ser admitidas por órganos jurisdiccionales menos preparados o con más riesgo de poder estar sesgados. Cuestión diferente es el debate, muy necesario, sobre si en España tenemos aforamientos de más y, también, aforamientos mal diseñados.

Sin embargo, este debate no es el único necesario en España. Así, empieza a ser también urgente una reflexión profunda sobre ciertas consecuencias muy perversas de los aforamientos en España. En primer lugar,  se deja significativamente de lado, por obvio, que en cualquier país con un sistema judicial mínimamente independiente del poder político las críticas a este tipo de privilegios procesales se centrarían en analizar la razón de ser de que ciertas personas tuvieran acceso a tribunales supuestamente “mejores” de los que tocan a los ciudadanos ordinarios. Todos partimos de la base, y ni siquiera nadie trata de ocultarlo en demasía, de que, en cambio, el aforamiento en España no busca que personas en posiciones más sensibles sean juzgadas con más garantías sino que lo sean por tribunales más “cómodos” y cercanos para el Poder. Quizás convendría aspirar a poder replantear el debate un año de estos en estos términos, para lo que resulta imprescindible cambiar el efectivo control que los partidos políticos mayoritarios tienen sobre los nombramientos en los tribunales más importantes a través del CGPJ.

En otro orden de cosas, parece haberse asumido con facilidad que el aforamiento, que no deja de ser una cuestión procesal, conlleva inevitablemente implicaciones “materiales”. Así, por ejemplo, se vive como evidente que en idéntica situación a un no aforado se le investiga (o imputa) pero a un aforado no, requiriéndose para éste último una mayor acumulación de indicios para activar el proceso penal. Así lo hemos visto una y otra vez en  grandes operaciones contra la corrupción. Esta interpretación absurda convierte en abusivo blindaje lo que debería ser mera garantía perfectamente defendible y tiene consecuencias, perversísimas, en términos de cómo llevar a cabo las instrucciones e incluso afectando a ciertas dinámicas políticas.

Todo ello, por último, se completa con unos tribunales que han acogido esta interpretación con la naturalidad de quien considera en ocasiones que los casos mediáticos rentan en términos de carrera pero que el principio de “pereza procesal” ha de ser el más importante de la actuación de todo órgano jurisdiccional ya consolidado, y tanto más cuanto más en la cumbre esté. Este mismo principio de “pereza procesal” explica también que los tribunales a los que van los aforados, y particularmente el Tribunal Supremo, estén aceptando todo tipo de interpretaciones tramposas y peligrosas, por ejemplo, las facilidades para fraccionar causas (de modo que el tribunal con aforado se libra de trabajar en las piezas donde no los hay y no actúa sobre partes de la trama o sobre algunos de sus miembros) o la acrítica aceptación de que se impute al aforado más bien al final de la investigación, cuando esté ya todo bastante zanjado y el trabajo de investigación completado (de manera que estos órganos, poco acostumbrados a bajar al barro de la instrucción, apenas si han de limitarse a ponerle un lacito antes de abrir la vista oral y poco más).

Esta última remisión del caso de turno al tribunal que ha de juzgar al aforado para que complete lo que pueda afectar a este último es muy poco recomendable. Pone en riesgo tanto los intereses públicos (pues es perfectamente posible que la instrucción se acabe cerrando, por culpa de emplear este truco, sin haber indagado con la profundidad suficiente en la parte de la pieza que tiene que ver con el aforado) como las garantías y el derecho de defensa (no es descabellado argumentar que padecer una instrucción casi enterita sin estar presente y a la que se es convocado sólo a última hora puede reducir las posibilidades efectivas de defensa del aforado).

Por todo ello, en España, el necesario debate sobre los aforamientos sigue condicionado por una serie de distorsiones lamentables que los convierten en meras armas de parte en la batalla político-mediática en que se convierten muchos pleitos. Esto no es sólo culpa de la regulación que tenemos y, por ello, sería necesario empezar a poner el foco en estos otros culpables.

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2 Comentarios

  1. Covadonga
    Covadonga 02-11-2016

    Excelente articulo

  2. Andrés Boix Palop
    Andrés Boix Palop 02-11-2016

    ¡Gracias, Covadonga!

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