Hacia la dependencia de los avances científicos y tecnológicos externos

En un reciente informe de la Confederación de Sociedades Científicas Españolas (COSCE) se resaltaba que las partidas presupuestarias destinadas por el ejecutivo a la investigación, a la innovación y a la educación muestran la falta de compromiso del Gobierno con las políticas de futuro.

Es difícil entender que en España el desarrollo científico y tecnológico se siga considerando una unidad de gasto en vez de una inversión estrictamente imprescindible para tener un modelo productivo que garantice un futuro mejor para los ciudadanos en todos los ámbitos, económico, social y de convivencia.

La comparación con los países europeos debería hacer pensar a los dirigentes políticos la enorme responsabilidad contraída al dejar al país a la cola de los avances en nuevas ideas e innovación desarrollados en el resto del mundo. Mantener un sistema de ciencia y tecnología en la situación actual ni siquiera asegura la incorporación eficiente de esas nuevas ideas a nuestro sistema productivo con la consabida dependencia y deterioro económico y social que conlleva. Si a esto se añaden los problemas de gestión de los escasos recursos, el horizonte es desolador.

El resultado es que al cabo de más de 30 años del impulso que en  los años ochenta  se dio a un sistema de ciencia y tecnología, obsoleto, necesitado de una reforma de modernización e internacionalización, el ejecutivo debería desprenderse de una vez del desinterés  que muestra por la ciencia y que se puede comprobar por: a) una inversión insuficiente en investigación como se refleja en los Presupuestos Generales del Estado; b) la ausencia de un planteamiento global y realista para saber dónde estamos, qué necesitamos y qué podemos hacer, en nuestro contexto y en el internacional; y c) la inadecuación del marco normativo y la ineficiencia de las estructuras de gestión.

Presupuestos Generales de Estado 2017

Los Presupuestos Generales de Estado (PGE), que son la manifestación más directa de la orientación de las políticas públicas del gobierno, demuestran la escasa valoración del ejecutivo por las políticas de I+D+i como elemento necesario para  reformar el modelo económico y social actual del país.

Según el Informe de la Comisión de Presupuestos de la COSCE sobre  los Presupuestos 2017,  las partidas destinadas a I+D+i en cifras globales aumentan en 84,18 M€, lo que apenas representa un 1,31% respecto a 2016. Los fondos no financieros (en adelante subvenciones), disminuyen 63,19 M€ (-2,36%), mientras que los no financieros (en adelante préstamos), aumentan 147,37 M€.

Es evidente que con estos presupuestos ni tan siquiera se atisba el inicio de la inexcusable recuperación de la inversión en ciencia tras los descensos iniciados en el 2009. Según el mencionado informe, “el déficit acumulado desde ese año por el sistema español de innovación se estima en más de 20.000 M€ como resultado de los recortes presupuestarios encadenados desde ese año”. De esta cantidad, la mitad correspondería a las subvenciones, lo que, en opinión de los expertos, “ha puesto en serias dificultades un sistema de innovación que lentamente se había construido en las décadas finales del siglo XX”.

Aspectos tan importantes como los recursos de los organismos públicos de investigación y la formación del personal investigador “necesitan abordarse de forma urgente y prioritaria”. El envejecimiento de las plantillas junto con “la falta de inversión en recursos humanos y su formación están llevando al Sistema de Ciencia a un debilitamiento del que será difícil recuperarlo”. Ni tan siquiera la tramitación parlamentaria sirvió para corregir estos problemas.

La des- convergencia  con Europa

La nula prioridad de las políticas científicas para el ejecutivo se manifiesta con más crudeza cuando se compara la situación de España en el contexto internacional.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre actividades de I+D+i en 2016 y de Eurostat, recogidos también en un informe de COTEC, la variación de la inversión en I+D en el periodo 2009-2016 aumentó significativamente en el Reino Unido (39,3%), Alemania (37,9%), UE (27,4%), Francia (13,6%, datos 2015), Italia (12,5%), mientras que en España disminuyó (-9,1%).

Según dicho informe,  España se sitúa en 2016, en términos relativos, “en el 58,6% de inversión que realiza el promedio de países de la Unión Europea (60,1% en 2015), volviendo a la situación relativa que presentaba en 2003. Desde 2009 España pierde 13 de los 21 puntos porcentuales de convergencia que había recortado a Europa entre 2000 y 2008”. Es decir, con la nueva caída de la inversión en I+D en España respecto al PIB, “la brecha con respecto a la media europea aumenta hasta los 0,84 p.p., cifra similar a la observada en 2002”, con un mínimo de 0,52 p.p. en 2008.

Más allá de estas cifras suficientemente ilustrativas, lo que queda patente es que la sistemática reducción de las dotaciones presupuestarias públicas a I+D+i en los años de crisis es totalmente contrapuesta a  las políticas contracíclicas de otros países cercanos, con modelos económicos más sólidos, y que apuestan por la inversión  en investigación como una de las vías de refuerzo de su sistema productivo.

Presupuesto no ejecutado y algunos datos micro

Por si estos datos no fueran de por sí preocupantes, hay que añadir el porcentaje del presupuesto no ejecutado. Según se recoge en el informe de presupuestos de la COSCE, “casi un 62 % de los presupuestos no se acabó ejecutando en 2016, lo que le convierte en el año con un menor porcentaje del presupuesto ejecutado”. Aunque la mayor parte de los recursos no ejecutados corresponden a las partidas de créditos financieros, existe también un remanente respecto de las subvenciones. Según los datos que maneja la COSCE, cerca de 230 millones de euros, el 18 % del total de este tipo de recursos, se quedaron sin utilizar. La causa de este sin sentido habría que buscarla en una insuficiente gestión y una agresiva intervención por parte del Ministerio de Hacienda.

La consideración de algunas cifras a nivel micro pone el foco en la penuria de los recursos destinados a ciencia.  Los datos extraídos de la página web de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) recogen la evolución de la dotación presupuestaria en el periodo 2013 – 2017 para los proyectos de “I+D de Excelencia”, antes Promoción General del Conocimiento, que, en teoría, son el semillero de nuevas ideas. Las cantidades presupuestadas son: 115,5 M€ en 2013 y  125,5 M€ en 2014, 2015, 2016 y 2017. No es arriesgado concluir que con este presupuesto es muy difícil competir en la liga internacional de nuevas ideas. 

La Agencia Estatal de Investigación, un mero instrumento de gestión

El Informe de la COSCE sobre políticas científicas subraya que “la Agencia Estatal de Investigación (AEI) no ha tenido presupuesto propio hasta la aprobación de los PGE en junio del presente año. Su procedimiento de actuación en la gestión de ciertas ayudas no ha experimentado ningún cambio respecto de la situación presupuestaria anterior”. Dicho procedimiento tiene dos fases. En la primera el gobierno autoriza a la Agencia Estatal de Investigación a publicar la convocatoria estableciendo el presupuesto correspondiente; en la segunda la Presidencia de la Agencia hace pública la convocatoria en los términos autorizados previamente por el Consejo de Ministros.

Esta realidad es muy preocupante en la medida que todo apunta a que la AEI,  ante los Presupuestos Generales del Estado, es considerada como una unidad de gasto de la Administración y, como tal, está sometida a las mismas limitaciones de gestión que cualquier órgano administrativo, es decir, dependiente del Ministerio de Hacienda, cuando está demostrado que la ciencia requiere un sistema de gestión diferente. Con esto las expectativas que había generado la creación de la AEI pueden verse frustradas por las limitaciones de su funcionamiento.

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