Hacer caso al FMI, pero no demasiado

En septiembre de 2007, pocos esperaban gran cosa de una institución que se había mostrado caduca para entender el nuevo contexto y cuya misión en el seno de la economía internacional se había convertido en prácticamente irrelevante. Un año más tarde se convertía en un pilar fundamental de la gestión de la crisis financiera internacional y su proyección internacional volvía a sus mejores tiempos, acumulando titulares a cinco columnas. El Fondo Monetario Internacional, el hermano feo del Banco Mundial, había encontrado un nuevo lugar en un mundo que apenas unos meses antes pensaba en cómo deshacerse de él.

Durante la crisis, los informes del FMI han contribuido claramente a una mejor comprensión de la situación económica internacional. De igual manera, su incorporación a la Troika que preparó y monitorizó los rescates europeos ha situado a la institución en uno de los pilares clave de los programas de ajuste, no ya de los Países en Vías de Desarrollo, sino en el centro mismo de las economías desarrolladas. Finalmente, sus esfuerzos de sistematización de las nuevas orientaciones de la política económica, muy impulsadas por el esfuerzo del que hasta hace pocos días ha sido su economista jefe, Olivier Blanchard, constituyen el origen de un nuevo marco para la política macroeconómica. En términos de imagen, le pesa todavía –y mucho- el papel de ogro de la economía internacional durante los años del Consenso de Washington, que sometió a las economías en desarrollo a durísimos ajustes, con efectos devastadores en materia social y pocos resultados económicos.

Más allá de la condicionalidad impuesta en los programas de asistencia financiera, el FMI realiza, a través de las llamadas consultas del Artículo IV de sus estatutos, una revisión periódica del estado de las economías que o bien forman parte de un programa de apoyo financiero por parte del FMI, o bien como parte de la tarea rutinaria de supervisión y estudio de la situación económica internacional. Estas “consultas” no sustituyen a la revisión realizada en el marco de un programa de rescate financiero, y tienen un carácter consultivo en el sentido más clásico del término.

Para España, los economistas del FMI han constatado los efectos positivos de las medidas económicas del gobierno y han señalado algunas de las debilidades. Su diagnóstico sobre la salida del ciclo recesivo, y el fin de la consolidación fiscal pronostican un crecimiento aceptable para los años 2015 y 2016, al tiempo que reconocen el efecto beneficioso de las reformas puestas en marcha por el gobierno. Señalan particularmente la reforma laboral, que ha permitido moderar el crecimiento de los salarios, la unidad de mercado y la reforma financiera. También señalan algunas debilidades, como el alto desempleo, el alto nivel de deuda privada y el riesgo de reversión en la consolidación fiscal.

Para estas debilidades, sugieren una serie de medidas como mantener el crecimiento de los salarios vinculado a la productividad, fortalecer el nivel de empresa como ámbito de negociación colectiva, o reducir el diferencial de indemnizaciones entre contratos fijos o temporales. Otras medidas son fomentar las políticas activas de empleo, apoyar la exportación, reformar la financiación autonómica o reforzar los copagos. Medidas que han levantado ampollas en una sociedad que todavía tiene que recuperarse del deterioro social de los años de crisis.

En algunos aspectos, esta visión es cuestionable. Las reformas económicas populares no iban dirigidas a promover el crecimiento, sino a ajustar las variables macro, y poco del crecimiento que vivimos ahora tiene que ver con las mismas. Si crecemos es porque el proceso de ajuste ha terminado, no por el efecto de las reformas. Su atención al mercado laboral es legítima, aunque su solución sería discutible en materia de creación de empleo, y su preocupación por hacer sostenible la consolidación fiscal moderando (aún más) el gasto público ofrece también soluciones parciales.

En cualquier caso, las conclusiones de las consultas del artículo IV son recomendaciones, y como tales vienen recogidas en un documento clasificado como “Documento del Personal del FMI”. El Comité Ejecutivo del Fondo las examina y debate sobre las mismas, emitiendo posteriormente lo que se denomina una “Nota de información pública”, pero que no constituyen base para negociación alguna en materia de política económica. Su papel es precisamente ofrecer un análisis que enriquece el debate y que hay que tomar como lo que son: opiniones. Opiniones cualificadas, pero opiniones a fin de cuentas.

Y como tales, pueden ser –y de hecho son- modificadas a lo largo del tiempo. El propio Blanchard, rectificó su posición sobre el efecto sobre el crecimiento de las políticas de consolidación fiscal, y hace apenas un par de semanas un nuevo estudio concluyó que la política de reducción de deuda pública podía ser contraproducente. Hay más que sobradas pruebas de que los economistas del FMI no son infalibles: ellos mismos se ofrecen a encontrarlas y hacerlas públicas, como por ejemplo a través de su Oficina de Evaluación Independiente, verdadero martillo de errores económicos pasados. Qué bueno sería para el diseño de las recomendaciones económicas de la Eurozona –que sí tienen un carácter más imperativo- que la Comisión Europea tuviera un mecanismo similar de revisión de sus opiniones.

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