El Gobierno se olvida de las viviendas vacías

Al Gobierno no parece preocuparle el importante parque de inmuebles vacíos. Es lo que se desprende del Real Decreto que regula el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, publicado recientemente por el Boletín Oficial del Estado. Ello contrasta con los comentarios que se venían sucediendo respecto a la aparente preocupación del Ministerio del ramo sobre lo exagerado del número de inmuebles en esta situación.  

El Censo de Población y Vivienda de 2011, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, cifra en 3.443.365 el número de viviendas deshabitadas, lo que implica que, de cada 100 viviendas, aproximadamente 13 están vacías todo el año. Si ya era difícil que todas ellas salieran al mercado en régimen de venta, como consecuencia de la crisis financiera, la escalada descontrolada y especulativa de los precios del alquiler hace que el acceso a un alojamiento estable y asequible se convierta en una quimera para miles de familias.

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Sin embargo, el nuevo plan estatal no aborda este problema. Lejos de ello, se limita a regular los fondos de viviendas para alquiler social, subvencionando la ocupación de los inmuebles propiedad de las entidades financieras –como resultado de desahucios– y que serán destinados a acoger a los propios desalojados. Aparte de su difícil justificación social, cabe preguntarse si la medida puede funcionar ahora, cuando ya existe el Fondo Social de Viviendas, creado en 2012 por el mismo Ejecutivo en el ya famoso Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes para la Protección de los Deudores Hipotecarios sin Recursos.

Frente a esta ausencia de medidas por parte del Gobierno central, son de destacar las distintas iniciativas legislativas emprendidas por las comunidades autónomas para definir la figura jurídica de la vivienda desocupada, de forma que puedan iniciar acciones, tanto de fomento como sancionadoras, para que sus titulares –especialmente los grandes tenedores– vean más adecuado alquilarlas a precios asequibles en lugar de retenerlas a la espera de un repunte significativo de los precios.

¿Y cuál ha venido siendo la reacción del Gobierno central? Simplemente, recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) todas las definiciones de vivienda desocupada y otras medidas relacionadas en distintas leyes de Cataluña, Navarra, País Vasco, Aragón, Valencia, Murcia o Extremadura.

No obstante, tras una reciente sentencia del TC sobre la ley navarra de vivienda, ya podemos anticipar que es constitucional y válido que las comunidades autónomas definan la desocupada y que, si sus titulares persisten en no ponerlas en el mercado, a pesar de las ayudas públicas existentes, las administraciones pueden llegar a expropiar el inmueble.

En este contexto, sería deseable que el Ministerio respetara las competencias exclusivas de las autonomías en esta materia, estableciera una definición de vivienda desocupada a efectos del Impuesto de Bienes Inmuebles y destinara una parte de los fondos del Plan Estatal a financiar verdaderos programas de intermediación en el mercado de alquiler.

Muchas regiones y municipios tienen claras las iniciativas que hay que adoptar para revertir la actual situación de emergencia habitacional. ¿Llegará el Ministerio a compartirlas?

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