Gobernar por Decreto 

Recientemente se ha cumplido un año de la investidura de Mariano Rajoy como Presidente del gobierno de España. Durante este primer año, el gobierno ha enviado para su tramitación al Congreso de los Diputados  9 proyectos de ley, un 70% menos respecto a cualquiera de los gobiernos en España (incluido el primero de Rajoy) en el primer año de legislatura. Este dato es preocupante primero porque indica la inacción del gobierno respecto a problemas esenciales que afectan a la sociedad española, segundo porque la mayoría de estos proyectos de ley no responden a las preferencias ciudadanas, ni a los compromisos adquiridos en el pacto de investidura, y tercero porque la falta de proyectos de ley es compensada por el abuso del decreto-ley –70% de las normas con rango de ley de esta legislatura—.

En las democracias parlamentarias los gobiernos inician una parte importante de sus iniciativas legislativas durante el primer o segundo año de legislatura entre otras razones porque así se aseguran la tramitación de aquellas leyes que consideran más importantes para cumplir con sus promesas electorales, responder a las preferencias ciudadanas o/y maximizar las posibilidades de ganar las siguientes elecciones. El primer gobierno socialista de Felipe González impulsó 89 proyectos de ley durante su primer año de mandato (más del 40% del total de los proyectos de la legislatura) con el objetivo de generar cambios que se consideraban transcendentales en su programa electoral, como la despenalización del aborto, o el habeas corpus. El primer gobierno del Partido Popular liderado por José María Aznar elaboró 65 proyectos de ley entre mayo de 1996 y mayo de 1997 con el fin de llevar a cabo reformas radicales en las instituciones políticas –proyecto de ley orgánica del funcionamiento de la administración general del estado—,  y en la economía–como el proyecto de ley de liberación del suelo, o de las telecomunicaciones—, que tendrán una gran trascendencia en la década posterior. El gobierno de Rodríguez Zapatero durante su primer año de mandato envió al congreso de los diputados para su tramitación 45 proyectos de ley con el fin de trasformar de forma radical la regulación de  problemas morales como el matrimonio del mismo sexo o el uso de técnicas de reproducción asistida, la violencia de género o la laicidad de la educación. Al igual que los anteriores gobiernos,  tras ganar las elecciones el 20 de noviembre de 2011 el gobierno de Mariano Rajoy impulsó un volumen importe de iniciativas legislativas –31 proyectos de ley— orientadas a cumplir con la normativa europea en materia de estabilidad presupuestaria, reformar el mercado laboral, luchar contra el fraude fiscal e impulsar la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, entre otras materias.

Esta tendencia se rompe con el segundo gobierno del partido Popular liderado por Mariano Rajoy. Entre octubre de 2016 y octubre de 2017, se han tramitado 9 proyectos de ley, de los cuales seis tienen como objetivo transponer o desarrollar decisiones tomadas por otras instituciones, básicamente la Unión Europea y los tres proyectos restantes se corresponden a: decisiones que el gobierno de forma obligatoria debe asumir anualmente –los presupuestos generales del Estado—,  respuestas a problemas urgentes sobrevenidos –proyecto de ley para paliar los efectos de la sequía en determinadas cuencas hidrológicas—, y un proyecto de ley orientado a modificar el régimen jurídico de Canarias ampliando ayudas y subvenciones varias.

Una forma de explicar esta inacción sería argumentando que la actividad legislativa de los gobiernos siempre es menor durante su segundo mandato. Efectivamente, los gobiernos de Felipe González, José María Aznar y Rodríguez Zapatero enviaron para su tramitación al Congreso de los Diputados un número de proyectos de ley significativamente menor durante el segundo mandato (un 35% menos), pero en ningún caso esa reducción supuso el  71% (menos de 1 proyecto de ley por ministerio). Otra forma de argumentar la falta de iniciativa legislativa del gobierno sería como consecuencia de un cambio en el funcionamiento del sistema político. El fin del bipartidismo, y la consolidación de partidos políticos nuevos en el Parlamento español podría estar cambiando la forma de hacer política hacía un modelo nuevo en el que los grupos parlamentarios liderasen la acción legislativa.

No nos hagamos demasiadas ilusiones. Por un lado, el número de proposiciones de ley ha incrementado de forma exponencial en esta legislatura. Entre enero de 2012 y enero 2013 los grupos parlamentarios presentaron unas 60 proposiciones de ley (ninguna de las cuales por parte del grupo popular) mientras que en este primer año de legislatura ya se han presentado más de 150 –de las cuales el 25% las presenta el PSOE, 21% Podemos, 8.5% el grupo Popular, 7,8% Ciudadanos, y el 37,5% otros grupos parlamentarios—. Por otro lado, hasta el momento sólo se han aprobado cinco de estas iniciativas (cuatro impulsadas por el grupo popular y una por el PSOE). Al igual que en el caso de los proyectos de ley, las proposiciones de ley aprobadas vienen a responder a mandatos de la UE –estabilidad presupuestaria  y sostenibilidad financiera—, o a introducir cambios puntuales en leyes ya existentes –la ley de asistencia jurídica gratuita, de jurisdicción voluntaria, y la de independencia de RTVE—. 

Sin embargo, el verdadero cambio en este primer año de legislatura ha sido el incremento del uso de decreto-ley. Más del 70% de las normas con rango de ley aprobadas desde la investidura de Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno son decretos-ley, es decir, normas que se han tramitado únicamente en el Congreso de los Diputados, con carácter de urgencia y sin dar la posibilidad a los grupos parlamentarios para que introduzcan enmiendas y/o discutan de forma exhaustiva el contenido de la norma. El uso abusivo del decreto-ley es una característica común de todos los gobiernos de España desde la consolidación de la democracia a la actualidad– el 19% de las normas con rango de ley aprobadas entre 1980 a 2017 son decretos-ley—, y ha ido aumentando de forma gradual en los últimos años, de forma paralela a la recesión económica –en 2008 y 2012 casi el 50% de las normas aprobadas con rango de ley son decretos-ley, y de estas, más de la mitad tienen como objetivo dar respuesta a la crisis financiera—. 

La situación actual no tiene precedentes en la democracia española. Es por ello que sorprende escuchar al presidente y a la vicepresidenta del gobierno cuando dicen que el dialogo tiene que hacerse con la máxima claridad y en el congreso de los diputados. La inacción legislativa del gobierno, y el abuso del decreto-ley son un indicador más de la falta de voluntad del gobierno de abordar y debatir de forma exhaustiva, transparente y  valiente los problemas que más preocupan a los españoles y que más afectan a la calidad de nuestra democracia.

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