Fútbol, banderas y libertad de expresión

La Delegada del Gobierno en Madrid ha anunciado que las “esteladas” y otros símbolos no constitucionales no podrán introducirse en el Vicente Calderón en el partido de la final de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Sevilla. Esta decisión se ha tratado de justificar argumentando que el fútbol no debe ser “un escenario de lucha política” y se aduce como base legal que la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte permite que no se pueda acceder a recintos deportivos con símbolos que inciten a la violencia o al terrorismo, amenacen o que incluyan mensajes de carácter racista, xenófobo o intolerante (arts. 6 y 7 Ley 19/2007).

Sin embargo, el Gobierno parece desconocer que la medida que plantea supone una grave injerencia en la libertad de expresión. Y, aún más, esta decisión confunde las legítimas funciones que tiene un Gobierno democrático como garante del orden público, con erigirse en una suerte de censor de aquello que ideológicamente es adecuado para ser exhibido públicamente. Algo para lo cual no sólo no es que no esté legitimado, sino que está expresamente prohibido constitucionalmente al vedarse la censura gubernamental previa.

Vaya por delante aclarar que la libertad de expresión protege cualquier acto comunicativo por el cual un ciudadano transmite una opinión, idea o pensamiento. Por tanto, se protege la difusión de discursos orales o escritos, pero también otras formas expresivas como puede ser exhibir una bandera. Es cierto, ninguna libertad es absoluta y también la libertad de expresión tiene límites. Por ejemplo, no estará amparado constitucionalmente el insulto o la humillación a personas, las amenazas o la provocación al delito que cree un riesgo cierto (e inminente) de su posible comisión.

Pero, en el caso en cuestión, ¿está justificado el límite que pretende imponer el Gobierno? Aunque en Derecho casi todo es discutible, me atrevo a sostener que en este supuesto la respuesta es evidente: no. Esta decisión viola flagrantemente la libertad de expresión constitucionalmente protegida. Entrando en los argumentos que se han ofrecido, cabe señalar en primer lugar que el Gobierno no es quien para decidir cuáles son los escenarios idóneos para difundir mensajes políticos, o de cualquier otro tipo. Tanto puede servir un partido de fútbol para hacer política, como un parque público en el que aprovechando una fiesta popular una congregación religiosa monta una carpa y feligreses tratan de difundir su fe cantando a quienes disfrutan de un picnic en el día de su ciudad (ejemplo real del pasado fin de semana). Como mucho, el Gobierno puede ordenar el ejercicio de la libertad de manifestación en la medida que afecta al orden vial, por ejemplo. Pues bien, no comparto lo que representa la estelada y no me gusta que se desnaturalice un evento deportivo usándolo para hacer publicidad política, pero lo que es seguro es que el Gobierno no es el guardián del buen gusto. Los ciudadanos son libres al final para aprovechar aquellos espacios públicos que crean para difundir sus ideales y ninguna ilicitud hay en ello.

Más grave aún, si cabe, es la justificación de que se prohíben aquellos símbolos “no constitucionales”. ¿Qué es un “símbolo constitucional”? ¿La bandera rojigualda que es la única que reconoce la Constitución, junto con las que en su caso dispongan las Comunidades Autónomas -art. 4 CE-? Muy pobre es el concepto de libertad de un Gobierno que la pretende limitar al uso de los símbolos institucionales u oficiales. Libertad supone reconocer que los ciudadanos pueden elegir sin la censura de un padre protector cómo quieren orientar su vida, aquello en lo que quieren creer y pensar, y, en su dimensión externa, aquello sobre lo que desean opinar o sobre lo que quieren hacer proselitismo. No se duda de la legitimidad de quien trata de convencer a sus conciudadanos de que compartan una fe religiosa, como tampoco de otras cosas inocuas como podría ser predicar la necesidad de que colonicemos otros planetas para garantizar la supervivencia de la especie. Pero es que, a mayores, nuestro Tribunal Constitucional ha reconocido que España no es una “democracia militante” y, por ello, no cabe imponer la adhesión ideológica a los valores constitucionales (entre las más recientes, STC 42/2014, de 25 de marzo de 2014). También disfrutan de libertad aquellos que no comparten, incluso que quieren subvertir el orden democrático, siempre que lo hagan desde el respeto a los derechos de los demás y dentro de las reglas del propio juego democrático. Sin embargo, el Gobierno con medidas como la que aquí se cuestiona impone los símbolos institucionales como dogmas: ¡sólo hay libertad para exhibir las banderas oficiales! Algo inasumible con una Constitución que reconoce la libertad y el pluralismo político como valores superiores.

Por último, sólo un uso torticero de la ley sostiene la asociación entre la estelada y mensajes racistas, xenófobos o intolerantes o que inciten a la violencia o al terrorismo. La estelada incluye un mensaje claramente político, ciertamente rupturista con nuestro actual orden constitucional, pero queda muy lejos de suponer una incitación delictiva. Según el Tribunal Supremo, no se trata de un símbolo oficial de ninguna Administración territorial, por lo que carece de reconocimiento legal válido, si bien resulta notorio que “la bandera “estelada” constituye un símbolo de la reivindicación independentista de una parte de los ciudadanos catalanes representados por una parte de los partidos políticos, y sistemáticamente empleado por aquellas fuerzas políticas que defienden esa opción independentista” (STS 933/2016, Sala 3ª, de 28 de abril). Resulta por ello muy peligroso que se abuse de habilitaciones legales como la que prohíbe la incitación al odio o a la violencia, banalizándola y llevándola a extremos que cercenarían la posibilidad de debate públicos.

El Tribunal Supremo norteamericano tendría clara la respuesta a esta decisión del Gobierno y declararía su inconstitucionalidad en la medida en la que no se puede afirmar la existencia de una amenaza inmediata de ruptura de la paz ni un peligro cierto e inminente de que se cometan acciones ilícitas (entre otras muchas, son clásicas las sentencias National Socialist Party of America vs. Village of Skokie, 432 US 43, 1977; y RAV v. City of St. Paul, 505 US 377, 1992). En esta última sentencia el Tribunal Supremo norteamericano fijaba además un criterio a considerar en nuestro supuesto. Reconocía la inconstitucionalidad de una norma que restringía la libertad de expresión por su contenido ideológico al prohibir la exhibición de símbolos sobre la base de ciertos motivos discriminatorios (raciales, creencia o género), sin considerar otros posibles (por ejemplo, la orientación sexual). Nuestras autoridades no permitirán el acceso al campo con esteladas, ¿pero sí podrán exhibirse banderas con la estrella comunista? La arbitrariedad de la selección ideológica del límite es patente.

Pero no hay que irse tan lejos. Tampoco desde la perspectiva europea, más proclive a asumir límites a esta libertad, sería legítima una medida de este tipo. Carece de previsión legal y sólo una interpretación exorbitante de la Ley podría darle tal cobertura. Pero, incluso admitida ésta, no es aceptable el fin que persigue (salvaguardar un evento deportivo de mensajes políticos), ni proporcionada, no siendo una medida necesaria en una sociedad democrática. Supone, como se ha dicho, una forma de censura gubernamental previa de la libertad de expresión que impide que unos ciudadanos puedan expresar sus ideales políticos en un evento deportivo y restringe la libertad a un uso institucionalizado de acuerdo con los símbolos oficiales.

La libertad de expresión exige una sociedad tolerante y madura, capaz de convivir con aquellos que piensan distinto, incluso que niegan sus valores, y, sobre todo, que asuma el valor del pluralismo. En este año cervantino, no olvidemos que “la libertad […] es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre”.

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