Falacias diversas con respecto a la desaparición de las faltas del Código penal

Ramón Salvat y Albert Carles Subirats también son autores de este artículo

Las faltas, como complemento a los delitos, siempre han sido conductas lesivas menores o de bagatela. La connotación de infracción menor llevaba aparejadas una serie de consecuencias técnicas en cuanto al tipo de juicio utilizado y la determinación de la pena.

En las faltas la lesión del bien o interés protegido por ley es menor y la pena es menor. En consecuencia, se articuló un procedimiento más rápido llamado “procedimiento de juicio de faltas”. Este tipo de juicio empieza con la denuncia, se remite el caso al juez que automáticamente fija un día y hora para el juicio. El ciudadano se encuentra con esta vía judicial en casos tan comunes como pequeños hurtos, peleas de vecinos y amenazas leves.

Uno de los elementos imprescindibles de una ley penal es que la clasificación de los delitos se corresponda con las penas agrupadas por su gravedad; delito grave, pena grave; delito menos grave; pena menos grave; faltas, penas leves y cuando se den delitos de distinta gravedad se aplicará la más grave. A modo de ejemplo, las Insolvencias punibles agravadas (art. 259 bis C.p.) acarrean penas de 2 a 6 años, lo que podría considerarse hasta hoy un delito menos grave por tener una pena inferior a 5 años de privación de libertad o bien calificarse de grave por ser superior a 5 años.

Con la reforma del art. 13.4 C.p. ese mecanismo de arrastre se desencaja porque el legislador a partir de hoy ha previsto todo lo contrario. Ahora cuando concurran delitos de distinta gravedad prevé dos supuestos. En primer lugar, cuando se den varios delitos en los que haya uno como pena grave se aplicará a la grave como antes. Sin embargo, segundo, cuando coincidan delitos menos graves y leves (anteriores faltas) se aplicará el procedimiento para faltas. La consecuencia es que delitos menos graves serán tratados como leves, por lo tanto, como faltas. Lo que nos presenta varios problemas: en primer lugar, un detrimento de garantías para el enjuiciado y en segundo lugar, errores de aplicación de la ley. Un ejemplo clarificador lo hallamos en el delito de Omisión del deber de socorro (195 C.p.) para el que se prevé actuación de un Jurado, elemento que es imposible en el procedimiento que ahora lo enjuiciaría, es decir, el de faltas, por la absorción que ha previsto el nuevo redactado del ya famoso art 13.4 del C.p.. Este fenómeno ya ha sido calificado de error o “efectos colaterales” de la reforma.

Se enorgullece el legislador en el preámbulo de la reforma del Código penal de la supresión total de las faltas basándose en dos argumentos que entendemos falaces:

1.- Que, de esta forma, cumple el principio de intervención mínima.
2.- Que se descargarán los juzgados penales de litigios menores.

Un gran número de juristas no seríamos tan críticos si el primer argumento enumerado fuera cierto porque el principio de intervención mínima significa que la fuerza del sistema penal sólo debería utilizarse ante los ataques más graves a los bienes e intereses más importantes. Y esto es así por la propia conciencia de que el derecho penal normalmente entra en acción cuando ya es demasiado tarde.

El Derecho penal se expande, contrariamente a lo que sostiene el gobierno, porque aproximadamente 25 de las faltas ya existentes ahora se consideran delitos leves. Muchas de las faltas contra el orden público, el interés general y los bienes comunes son recogidas por la nueva Ley de Seguridad ciudadana como infracciones administrativas sancionadas con multas de mayor cuantía. Por ejemplo, la falta de respeto o desobediencia leve a la autoridad se castigaba con un máximo de 60 días multa que, por lo general, no superaba los 300 € ; esta falta ha pasado a ser una infracción de la Ley de Seguridad ciudadana (art. 37.4) que prevé una multa máxima de 600€. Por lo tanto, doblamos la cantidad sin las garantías de un juicio penal aunque sea de faltas.

Por lo que hace al segundo de los argumentos, la Disposición Adicional 2º deriva los delitos leves al procedimiento de faltas excepto los que se refieran a la violencia de género (Disposición final 2ª de la L.O 1/2015). El procedimiento para el enjuiciamiento de faltas (ahora delitos leves) del Libro VI de la LECRIM es menos garantista porque no serán necesarias diligencias de investigación previas, bastará con las diligencias policiales practicadas, que irán poco más allá de citaciones y toma de declaraciones en sede policial. Además y esto es de vital importancia para el ciudadano no es necesario abogado. No obstante, al tratarse de delitos (no las viejas faltas) los ciudadanos verán como se generan antecedentes penales con las consecuencias negativas que esto puede tener, por ejemplo, en la búsqueda activa de trabajo.

La finalización y entrada en vigor exprés de la reforma penal y de seguridad ciudadana nos puede llevar a varias conclusiones:

1) La creación de los nuevos delitos leves y las nuevas infracciones administrativas parecen responder a un fin recaudatorio inmediato a través del rápido procedimiento de faltas o de la casi automática vía sancionadora administrativa.
2) Al hacer, a través de los nuevos delitos leves, de la multa la pena estrella nos apartamos de la senda de la búsqueda de instrumentos alternativos a la privación de libertad breve que no sea el pago de una cantidad de dinero. Se pierde así fuerza reeducadora en su ejecución (art. 25 C.e.)
3) Finalmente, la tan cacareada descarga de los juzgados va a ser prácticamente nula puesto que ha quedado demostrado que, como en física, las faltas no han desaparecido, se han transformado.

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