Europa sigue siendo un tema poco explotable electoralmente

En su artículo titulado ‘Volver al mundo’, publicado en El País el pasado día 14 de diciembre, José Ignacio Torreblanca señalaba que uno de los principales problemas que marcarán el futuro inmediato de nuestro país será la cuestión europea, más concretamente los problemas de funcionamiento y eficacia que las instituciones europeas han mostrado durante estos últimos años para hacer frente a la crisis. No le falta razón al profesor Torreblanca cuando apunta que la legitimidad de la Unión Europea (UE) depende casi exclusivamente de su eficacia y que, por tanto, la actuación de las instituciones comunitarias durante los años de la crisis sea un factor central a la hora de explicar el deterioro creciente de los niveles de confianza en la UE entre la ciudadanía de los Estados miembros, sobre todo en países que tradicionalmente han exhibido un elevado grado de europeísmo.

España es un ejemplo paradigmático de esta tendencia. En seis años, los ciudadanos españoles han pasado de ser los que en mayor proporción afirmaban confiar en la UE (66 por ciento en 2008, según los datos del Eurobarómetro) a convertirse en los más euroescépticos (16 por ciento en junio de 2014). Y aunque los niveles se han recuperado algo en el último año (25 por ciento en noviembre de 2015), es evidente que el tradicional europeismo de la sociedad española se ha desvanecido durante la crisis.

En la tarea de recuperar la confianza en Europa, las elites políticas y sociales nacionales desempeñan un papel fundamental. Desde sus inicios, el proyecto europeo estuvo diseñado y conducido por las elites de los Estados miembro, mientras la ciudadanía ofrecía a cambio un consenso permisivo sustentado por el elevado contenido técnico de las políticas decididas a nivel comunitario, su escasa incidencia en áreas centrales de la soberanía estatal y, sobre todo, por los beneficios (fundamentalmente económicos) que estas políticas producían en el país. Desde la década de 1990, con la aceleración de la integración económica y política que supuso Maastricht, la expansión de la capacidad de intervención de la UE a nuevos ámbitos y el proceso de ampliación a los países del centro y el este de Europa, el consenso permisivo dio paso en muchos países al crecimiento de las posiciones euroescépticas. La cuestión europea se convirtió así en un tema politizado, campo para el debate y la confrontación política y donde, por tanto, las posiciones de la ciudadanía están íntimamente en relación con las que adopten políticos y otras figuras de referencia en la creación de opinión.

Siguiendo este argumento, podríamos proponer como hipótesis que la recuperación de la confianza en la UE por parte de los ciudadanos españoles depende, al menos en parte, de lo que hagan o propongan nuestros representantes políticos. Desde las primeras elecciones generales en 1977, la elite política española ha mostrado un alto grado de apoyo al proyecto europeo, como han confirmado empíricamente varias investigaciones. Por ejemplo, el análisis de los programas electorales de los partidos de Europa y otros países de la OCDE del Comparative Manifestos Project muestra que, entre 1977 y 2014 sólo los partidos de Francia y Bélgica superan en promedio las percepciones favorables a la UE que encontramos entre los partidos españoles. Podemos afirmar sin mucho temor a equivocarnos que este consenso general ha sido uno de los factores que ha contribuido positivamente al euro-optimismo de los españoles desde la década de 1980.

Al contrario de lo que ha sucedido entre la ciudadanía, este alto nivel de apoyo a la UE entre la elite política española apenas ha cambiado durante la crisis. Así lo confirman los datos de una encuesta realizada a parlamentarios de once países europeos en 2014, coordinada por el autor de estas líneas. Entre otras cuestiones, en ella se pedía a los entrevistados que indicasen el grado en que eran favorables al avance del proyecto de integración europea. En una escala de 0 a 10 que medía el nivel de apoyo a dicho avance, los diputados españoles se situaban, en promedio, en el 8, siendo ésta la puntuación la más alta entre los once países participantes en el proyecto. También, esta media de 2014 es la misma que la que se obtuvo en otras encuestas anteriores realizadas en 2007 y 2009, justo antes del estallido de la crisis de la Eurozona. Y si descendemos a las posiciones específicas por partido, tampoco se detectan diferencias significativas a lo largo del período.

Esta continuidad en el apoyo al avance del proceso de integración europea aparece también en los programas presentados por los partidos que, según las encuestas, acapararán la mayor parte de los votos el próximo día 26 (alfabéticamente, Ciudadanos, PP, PSOE y Unidos Podemos). Dicho apoyo, evidentemente, no impide la existencia de matices y diferencias entre ellos, como es, por ejemplo, el énfasis del PP en la dimensión económica de la integración y en la defensa de los intereses nacionales, las posiciones abiertamente federalistas de PSOE. En el caso de los nuevos partidos, Unidos Podemos (en contra de la imagen vendida por algunos) no mantiene una posición esencialmente euroescéptica, sino fundamentalmente crítica con el diseño institucional. Ciudadanos, por su parte, subraya también su europeismo, si bien las propuestas recogidas en el programa del 26-J son mucho menos concretas que las presentadas para el 20-D (destacando, sobre todo, la desaparición de las referencias a la “nueva arquitectura institucional” de la UE que se hacía en éste último).

Más interesante en relación con la percepción crítica que los españoles tienen de las instituciones europeas, es el reconocimiento que, en mayor o menor medida, todos estos partidos hacen de los problemas de funcionamiento de aquéllas a la hora de hacer frente a la crisis. También encontramos en todos propuestas (diversas en concreción) orientadas a potenciar la legitimidad y eficacia de la arquitectura institucional de la UE, vinculadas a la reforma de la gobernanza económica de la Eurozona (en los casos de PSOE y Unidos Podemos, en un sentido más democrático, si bien sólo esta ultima formación propone abiertamente la reforma del Pacto de Estabilidad). En el programa del PSOE, se llega incluso a formular una propuesta detallada para transformar la gobernanza de la UE hacia una fórmula similar a la de un Estado nación, con la Comisión como gobierno de la UE responsable ante un Parlamento Europeo elegido en una única circunscripción europea.

Dentro de esta diversidad, parece ser que la respuesta de los partidos a la crisis de confianza que atraviesa la UE en España es el mantenimiento del compromiso con Europa aunado con la mejora de su funcionamiento institucional para incrementar su legitimidad democrática. La cuestión fundamental es si esto será suficiente. No sólo porque, en la mayoría de los casos, las propuestas son fundamentalmente voluntaristas (su puesta en práctica depende del apoyo que puedan en otros gobiernos de la UE), sino, sobre todo, porque, para suscitar una reacción positiva en la ciudadanía, estas propuestas necesitan visibilidad, ser discutidas públicamente y que los medios se hagan eco para que la gente las conozcan. Y esto es, precisamente, lo que no hemos visto durante esta campaña (ni en la anterior), donde la cuestión europea ha estado prácticamente ausente (si acaso en esta algo menos, pero fundamentalmente por la coincidencia de estas elecciones con el referéndum del Brexit).

En el fondo, lo que esto denota es que desde los partidos españoles continúan percibiendo Europa como un tema poco explotable electoralmente, en buena medida porque el punto focal del consenso partidista implica por defecto una renuncia a su politización. De manera que, en la práctica, la respuesta de los partidos para propiciar la recuperación de la confianza de los españoles en la UE se supedite a la creencia (quizá esperanza) de que el alejamiento detectado en los últimos años sea tan solo una respuesta coyuntural motivada por la crisis y que, una vez que ésta se supere, la ciudadanía española volverá a ser tan pro-europea como lo había sido hasta 2010. En cierto modo, esta creencia también puede estar alimentada en el hecho de que, desde un punto de vista afectivo, los españoles siguen mostrando en su mayoría un cierto grado de apego a Europa (un 60% en el Eurobarometro de noviembre de 2015 se considera ‘apegado’ o ‘muy apegado’, un nivel similar a la situación pre-crisis).

No obstante, la creencia de los partidos en que la confianza se recuperará por sí misma resulta arriesgada. La lentitud en la salida de la crisis y las consecuencias de la necesidad de cumplir con los compromisos adoptados con nuestros socios pueden, no solo reforzar la actual falta de confianza institucional, sino también acabar también deteriorando la base de apoyo difuso (ya ha sucedido en Italia, que partía de porcentajes de apego superiores a los de España antes de la crisis, pero que en noviembre de 2015 se sitúa quince puntos por debajo). En España no tenemos todavía ningún partido decididamente euroescéptico. Pero un mantenimiento prolongado de un escenario de desafección hacia la UE puede crear las oportunidades para ello.

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