Estado del bienestar y gravamen del capital

En los últimos 40 años se ha producido un proceso continuo de pérdida de peso relativo en el PIB de las rentas del trabajo frente a las de capital. Se trata de un fenómeno mundial, que no solo afecta a España, pero que en el caso de nuestro país, tras la crisis, se ha visto acelerado. Así, los últimos datos de Contabilidad Nacional publicados por el INE –primer trimestre de 2017- muestran un avance interanual del PIB del 4,1% -a precios de mercado-, pero las rentas de capital han experimentado un incremento del 5,3%, mientras que las del trabajo han aumentado un modesto 3,1%. De esta forma, las rentas del trabajo, que representaban casi un 50% del PIB antes de la crisis, han caído por debajo del 46% en la actualidad.

Se está produciendo, por tanto, una transferencia de rentas desde el factor trabajo al capital, que no parece corregirse con la recuperación económica. En este sentido, el Informe Mensual de Recaudación de mayo de 2017 de la Agencia Tributaria muestra un crecimiento mucho más moderado de los ingresos por IRPF que los derivados de IS e IVA. Además, dicho crecimiento se produce, sobre todo, por el aumento de las contrataciones, pero el salario medio permanece prácticamente estancado.

Las causas del fenómeno son variadas y no siempre es fácil conocer la incidencia de cada una de ellas. Pero, hay dos que, como mínimo, resultan indiscutibles. De un lado, y esto es válido para todas las economías, las nuevas tecnologías han convertido las máquinas en más baratas y eficientes, lo que lleva a las empresas a sustituir trabajo por capital. De otro lado, en el caso de España, la recuperación económica se ha producido, en parte, mediante una devaluación salarial.

El fenómeno descrito está provocando un aumento de la desigualdad. Los datos elaborados por Eurostat muestran que en España, en 2015, el último quintil de renta –el 20 por ciento más rico- obtiene unos ingresos casi siete veces superior al primero (el 20 por ciento más pobre de la población). Ello nos sitúa, en términos de desigualdad, al mismo nivel de Bulgaria y solo por detrás de Rumanía y Lituania. Tales datos, además, se ven corroborados con los más actuales de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2016, cuyo resultado más llamativo es el incremento de la población española en riesgo de pobreza (un 22,3% frente a un 22,1% en 2015). Y ello a pesar de que los ingresos medios por persona se han incrementado en un 2,8% respecto de 2015.

Así las cosas, creo que, una vez que la economía española da síntomas de consolidar la recuperación, combatir la desigualdad debe ser cuestión prioritaria. A mi juicio, la forma de conseguirlo pasa por combinar medidas de mercado de trabajo –la propia Ministra ha apelado recientemente a la necesidad de subir los salarios- y fiscales. Entre estas últimas, ya forma parte de la agenda política la posibilidad de introducir un Impuesto Negativo sobre la Renta, que, con una cuantía moderada es financieramente viable. La mejora de la situación en términos redistributivos y de reducción de la pobreza serían evidentes.

Ahora bien, si miramos en el largo plazo y se mantiene la tendencia de reducción del peso relativo de las rentas del trabajo, se plantean serias dudas acerca de la sostenibilidad del sistema. Y ello ya que la práctica totalidad del IRPF y buena parte de la recaudación por IVA depende de las rentas del trabajo. Ello nos conduce a la idea de gravar en mayor medida las rentas del capital, como única forma de sostener el Estado del bienestar y atemperar las desigualdades.

La tarea anterior, sin embargo, no es sencilla. De forma inmediata, no se trata de alterar el sistema tributario de forma radical, pero sí de introducir medidas correctoras, aunque sin afectar a las clases medias, muy castigadas por la crisis. Estas deben ir dirigidas a aumentar y modernizar el gravamen sobre el capital y el patrimonio, en los tramos más altos de renta. También debemos tapar algunos agujeros del sistema, que contempla todavía beneficios fiscales poco justificados –y nunca evaluados- o sistemas preferenciales para determinados vehículos de inversión. Adicionalmente, debemos apostar por una armonización europea del Impuesto sobre Sociedades que permita recuperar parte de la recaudación perdida por este tributo. Finalmente, ya sea a través de las medidas derivadas del proyecto BEPS de la OCDE/G20, o bien, incluso, de manera unilateral, tenemos que gravar a las multinacionales con sede en el extranjero, en función del valor que generan en nuestro país.

En los próximos años, si la tendencia que hemos descrito, de continuo descenso de las rentas del trabajo, persiste, estas reformas no serán suficientes. Tendremos, por tanto, que idear nuevas formas de gravar el capital. Ya está encima de la mesa un impuesto sobre los robots. Habrá que estar atentos a la velocidad del cambio tecnológico y de la sustitución de trabajadores por máquinas.

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