España ante la reforma de la ‘zona euro’

El debate sobre la reforma de la zona euro se ha intensificado este año de cara al Consejo Europeo del 23 y 24 de junio, en el que se espera que se puedan tomar decisiones importantes en algunos temas clave.

En diciembre pasado, la Comisión Europea publicó un paquete de propuestas para la Unión Monetaria (UEM), que incluía -entre otras- la inclusión del Fiscal Compact y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) al acervo comunitario, transformando este último en un Fondo Monetario Europeo; la creación de un Presupuesto separado para la zona euro y la fusión del presidente del Eurogrupo y el comisario de la moneda única, que asumiría la responsabilidad global de la política económica conjunta del euro. Estas ideas reflejan un cierto consenso en torno a los cambios necesarios en el diseño institucional, aunque siguen siendo insuficientes para atajar de raíz el problema de la falta de mayor unión política.

Alemania y Francia se han comprometido a presentar una hoja de ruta conjunta antes de la cumbre pese a sus fuertes divergencias en aspectos esenciales. Las grandes ambiciones europeístas de Macron se han ido diluyendo por las resistencias del Gobierno de Merkel. Actualmente, las negociaciones bilaterales se centran en lograr un acuerdo para culminar la Unión Bancaria, con la esperanza francesa de que Alemania acepte finalmente el seguro europeo de garantía de depósitos (EDIS) y la creación de un potente fondo de estabilización para el euro.

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En el trasfondo de las negociaciones se encuentran diferentes visiones de la Unión Monetaria y la forma de resolver sus vulnerabilidades. Para los países del norte, liderados por Alemania, la clave para la estabilidad futura del euro reside en garantizar la máxima disciplina en el cumplimiento de las normas, en particular fiscales y de saneamiento bancario, y en llevar a cabo reformas estructurales para mejorar la competitividad de las economías. Por su parte, los países del sur, pero también Francia, reclaman mayores dosis de solidaridad a través de mecanismos centrales de ayuda, es decir, mayor compartición de riesgos, lo que en sí mismo los reduciría.Esta dicotomía entre compartir o reducir riesgos afecta a varias de las principales propuestas sobre la mesa para apuntalar el euro, como la creación de una capacidad fiscal central, el establecimiento de un sistema europeo de fondos de depósitos garantizados o la emisión de eurobonos.

¿Dónde está España en este debate transcendental para el futuro del euro y de la UE? Desgraciadamente, la voz de nuestro país ha sido escasamente perceptible, carente de iniciativa europea, consumida la escasa capacidad del Gobierno en el problema catalán. España ha tratado de practicar el máximo seguidismo, queriendo complacer tanto a Francia como a Alemania, alineándose con las ideas germanas al tiempo que avalaba las propuestas francesas, pese a que reflejen filosofías diferentes.

Hace unos días se conocía la propuesta oficial del Gobierno español para la reforma del euro, centrada en lograr tres avances de corto plazo: (i) completar la Unión Bancaria con el establecimiento del EDIS y un fondo de respaldo (backstop); (ii) la  creación de una capacidad de estabilización y; (iii) la transformación del actual fondo de rescate en un Fondo Monetario Europeo.

Nada demasiado novedoso ni innovador respecto al debate actual. La propuesta para la creación del EDIS es prácticamente de mínimos, con un largo periodo transitorio en dos fases, la primera en la que no se comparten riesgos y una segunda en que sí habría mutualización pero sólo para los países y bancos que previamente hayan saneado sus balances, satisfaciendo así a Alemania.

Donde el Gobierno muestra algo más de ambición es en su idea de una capacidad de estabilización anti crisis basada en dos pilares: (i) un mecanismo de seguro fiscal, basado en un fondo constituido por los países miembros para enfrentar crisis asimétricas (y ii) una facilidad de préstamos/inversión a través del Banco Europeo de Inversiones para sostener los niveles de inversión en las recesiones.

Hace cuatro años, cuando la gobernanza del euro comenzaba a debatirse seriamente, el Gobierno de Mariano Rajoy se desmarcó con una propuesta valiente, consistente en la creación de instrumentos de mutualización de deuda e incluso la reforma de los estatutos del Banco Central Europeo para incluir en su mandato el objetivo de estabilidad financiera. Esas propuestas ya se diluyeron en la posición española el año pasado, pero al menos entonces se mantuvo la idea de crear un Tesoro europeo en el largo plazo, con cierta mutualización de deuda. Ahora el Ejecutivo se desmarca de sus planteamientos iniciales con una propuesta tardía, tecnocrática y que carece de la mínima ambición. El nuevo ministro de Economía, Román Escolano, un tecnócrata puro, se ha limitado a defender su propuesta sobre la base de su solidez técnica, sin explicar el cambio de posición de un año a otro.

El documento gubernamental no es necesariamente el que mejor defiende los intereses de nuestro país; ni siquiera refleja una visión mayoritaria entre nuestros expertos. Hace unos días, un grupo de economistas españoles presentó un documento alternativo titulado  Quit kicking the can down the road: a Spanish view of EMU reforms, igualmente solvente desde el punto de vista técnico, pero mucho más político y ambicioso desde visiones claramente favorables a una mayor integración política. Para estos economistas, es fundamental dejar de poner parches temporales y abordar las reformas requeridas que garanticen la estabilidad y sostenibilidad de la moneda única en el largo plazo. Para ello, defienden avanzar de forma simultánea en ambos frentes: mayor disciplina fiscal y reformas estructurales nacionales que permitan prepararse para los retos de la economía digital; pero al mismo nivel y ritmo en la unión política, con mayores transferencias de soberanía y mecanismos permanentes de solidaridad (que incluya la emisión de eurobonos, un fondo común de garantía de depósitos y la creación de una autoridad fiscal central). Varias de estas propuestas requieren seguramente un cambio en los tratados que es urgente acometer.

La diferencia con el Gobierno es que éste carece de una visión de Europa sobre la que construir una hoja de ruta y se limita a defender los intereses económicos nacionales del momento. Cuando no se sabe adónde ir cualquier destino es bueno, lo que permite cambiar de posición de un año para otro, sin mayores argumentos que el de una supuesta solvencia técnica. En esta situación, y conocido el escaso  interés de Rajoy por los temas internacionales, España, la cuarta economía del euro, apenas influye en un debate central para el diseño de la UEM y el futuro de la UE. Es sin duda, una gran oportunidad perdida.

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