Un gobierno de ruptura que no querrá ser efímero

El nombramiento de los nuevos consellers pone en marcha definitivamente la legislatura catalana con el objetivo de intentar la ruptura con el Estado. Aunque todavía queda por cerrar la decisiva asignación de puestos y responsabilidades dentro de la cámara (quiénes dirigirán qué comisiones, quiénes serán portavoces, etc.), la elección de los miembros del ejecutivo y la distribución de carteras nos da una información muy importante sobre cómo queda la geografía del poder en la gobernación de Cataluña y sus implicaciones para los próximos años.

Como se encargó de recordar el President Puigdemont en su discurso de investidura, la tarea del nuevo ejecutivo es impulsar –en 18 meses- la legislación necesaria para activar la ruptura con el resto de España, según establece la Declaración aprobada por el Parlament en noviembre. El perfil de casi todos los consellers responde a esa orientación.

Sin embargo, el nuevo equipo de gobierno nace con algunos interrogantes sobre las posibilidades reales para alcanzar estos objetivos.

¿Quién mandará aquí?

La salida de Mas del ejecutivo abre un interrogante fundamental sobre quién será el nuevo líder del gobierno en esta etapa. Tal como hemos explicado días atrás, la forma en que Puigdemont ha alcanzado la presidencia le deja en una posición de extrema debilidad, lo que contrasta con la fuerte personalización que han tenido los anteriores gobiernos de la Generalitat desde 1980.

Esta debilidad se ha visualizado con la formación de un gobierno y la adopción de un programa que ya estaban acordados. Al igual que sucedió durante la etapa de los tripartitos en la década pasada, ERC ha anunciado la composición del gobierno antes de que el President pudiera comunicarlo, a fin de ponerle límites a su autoridad. Esta será una constante de la legislatura.

Aunque los dirigentes de Junts pel Sí han tratado de fomentar la idea de ‘liderazgo coral’, la pugna entre CDC y ERC -dentro y fuera del gobierno- se superpondrá a la lucha por el liderazgo del ejecutivo, en la que el President debería partir con ventaja.

No obstante, hay elementos que irán en su contra:

– Su falta de liderazgo dentro de CDC contrastará con el dominio completo de Oriol Junqueras sobre ERC en estos momentos: ¿con qué voz de CDC hablará Junqueras para acordar las decisiones relevantes a lo largo de la legislatura? Si Puigdemont se resigna a la intervención de Mas (lógica en su condición de líder del partido), va a experimentar un ejercicio arduo de sus tareas presidenciales.

– Mientras que Puigdemont necesitará un tiempo para adaptarse a su nueva responsabilidad y hacerse una idea propia de qué quiere/debe ser a partir de ahora, Junqueras lleva tiempo preparándose para ejercer de líder ‘in péctore’ y posee un discurso mucho más articulado para exponer la estrategia del gobierno.

– La interlocución con el Gobierno central: paradójicamente, una relación más fluida con el Presidente que salga escogido favorecerá a Puigdemont; de lo contrario, será Junqueras quien capitalizará sus seguras visitas al Ministerio de Hacienda.

Además, otras figuras del ejecutivo tendrán peso específico en el núcleo de las decisiones del ejecutivo, como Neus Munté, Josep Rull o Raül Romeva, quien suplirá con su presencia permanente la falta de un partido a sus espaldas.

Gente de partido, ausencia de notables

En los meses previos, se ha suscitado en ocasiones la conveniencia de un ejecutivo con personalidades notables, comprometidas con la causa soberanista, alejadas de los partidos y representativas de la sociedad. Nada más lejos de este ejecutivo.

La principal característica del nuevo gobierno es su fuerte componente político y partidista, algo que ya se dio en los gobiernos de Maragall y Montilla (un poco menos con Mas) así como en muchos de los nuevos gobiernos autonómicos constituidos en 2015. Los partidos no han dejado espacio para outsiders. En este sentido, son tan significativos los que están en el nuevo gobierno como los que no están (economistas, juristas o científicos de renombre que pudieran haber proyectado una imagen más allá de la pugna entre CDC y ERC).

Algunos de los consejeros son formalmente independientes, pero en realidad son militantes en tránsito: es el caso del propio Romeva o de Toni Comín (en Sanidad). Este último refleja con detalle la evolución política que se ha dado en un sector del socialismo catalanista durante los últimos años. Originario de la izquierda cercana a ICV (hijo de un carismático dirigente del PSUC), obtuvo su primer cargo público como diputado a través de Ciutadans pel Canvi, la plataforma maragallista creada para ampliar el electorado del PSC a finales de los 90s. Tras la marcha de Maragall, mantuvo su acta de diputado en las filas del PSC, donde se acabó afiliando en 2011. Allí mantuvo una intensa actividad interna dentro del aparato del partido hasta muy pocos días antes de anunciar su salida, para pasarse a las filas de ERC –como independiente-, desde donde ha recuperado el escaño parlamentario y ha alcanzado finalmente un puesto en el gobierno.

Una muestra de este fuerte partidismo lo ejemplifica el éxito de las juventudes de CDC como vivero de nuevos líderes nacionalistas: el 50% de los consejeros provienen de sus filas, el porcentaje más alto que se haya registrado en ningún gobierno autonómico (o estatal).

Además, el origen geográfico de los consellers apunta una progresiva pérdida de poder del entorno metropolitano, en beneficio de las comarcas de interior. La llegada del alcalde de Girona a la cúspide la de la Generalitat es la imagen más obvia. Este indicador –quizá impresionista pero útil- es un reflejo de la asimetría territorial de los apoyos al proceso soberanista, que se mantiene por el apoyo de los electores de las comarcas, sobrerepresentados por la ley electoral. La consecuencia es el retorno a una situación en la que Barcelona y la Cataluña interior parecen caminar en sentidos si no opuestos si sustancialmente distintos. Está por ver los efectos de esta asimetría para ambos lados.

Sin apenas experiencia profesional y alejados del Estado

El nuevo gobierno de la Generalitat pone de manifiesto la renovación de la elites políticas que está dándose en paralelo al avance del proceso soberanista el realineamiento del electorado. La mitad de los consejeros nacieron después de 1970, lo que reduce sustancialmente la edad respecto a ejecutivos anteriores, en torno a los 46 años de promedio.

Esto ayuda a explicar el perfil profesional de casi todos los miembros: elevada profesionalización política, desarrollada en cargos públicos y en puestos de confianza en asesoramiento o gestión política. Apenas hay carreras profesionales en el ámbito no político, y las pocas experiencias son relativamente breves y tempranas (en tareas jurídicas, de organización o como docentes universitarios temporales).

Es muy significativa la ausencia de funcionarios públicos, con la única excepción de Dolors Bassa (Educación), maestra de escuela antes de desarrollar una intensa actividad sindical y luego como concejal de ayuntamiento. No hay profesores de universidad ‘seniors’ (al margen de dedicaciones a tiempo parcial, como Junqueras), no hay altos funcionarios ni managers públicos.

Igualmente significativo es que toda la experiencia política se ha acumulado en el ámbito local o autonómico. La mitad han sido concejales municipales durante al menos una o dos legislaturas, tres de ellos alcaldes: el propio President, Junqueras o Santi Vila (Cultura), uno de los jóvenes políticos más sólidos del actual panorama catalán.

Por el contrario, solamente Jordi Jané (Interior) ha pasado por el Congreso y ha tenido contacto con instituciones centrales del Estado. La otra excepción es la de Romeva, y sus diez años en el Parlamento Europeo. Esta focalización de la actividad política en el ámbito local y autonómico revela un sistema de socialización política, común en otras autonomías, por el cual la elite política local y autonómica está experimentando una progresiva bifurcación de la elite política nacional.

Más chamanes que exploradores

Esos tres aspectos sobre el liderazgo del ejecutivo, su perfil político y sus trayectorias profesionales no necesariamente prejuzgan las capacidades de los nuevos consejeros para afrontar los retos de la legislatura, los previstos y los imprevistos. Tambien el ‘sottogoverno’ resultará crucial a la hora de explicar el rendimiento del nuevo ejecutivo.

No obstante, los nombramientos sugieren un equipo de políticos más abocado a la justificación sobre la conveniencia de proseguir con el programa rupturista con el Estado que al ensayo de nuevas políticas públicas. Más propensos a responder a las demandas ciudadanas mediante un programa de máximos (la independencia) que mediante la articulación de reformas sobre la legislación vigente. Adoptando los términos propuestos por Víctor Lapuente en su último libro, encontraremos más ‘chamanes’ que ‘exploradores’ en este ejecutivo.

Con todo, surge el interrogante sobre los resultados que pueden garantizar jóvenes políticos profesionales en su objetivo de impugnar la conexión con un Estado al que desconocen.

Nada de ello compromete necesariamente la estabilidad de la legislatura. Al contrario, confrontados con las dificultades de desplegar la agenda soberanista, habrá razones políticas suficientes para prolongar la legislatura más allá de los 18 meses inicialmente comprometidos. Y para eso, la inteligencia política acumulada en el nuevo ejecutivo resultará sumamente efectiva. Los jóvenes profesionales de la política que integran este ejecutivo sabrán cómo resistir.

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