¿Empresas que financian partidos? ‘No problem’: (casi) todo es legal

Pocos días antes de que haya iniciado la campaña electoral en Cataluña, las sospechas sobre la financiación de los partidos vuelven al primer plano de la actualidad. En este caso, tras los registros de la Guardia Civil en la sede de CDC y de CATDEM, su fundación, diversos medios publican nuevas evidencias sobre las prácticas de financiación del partido de Artur Mas a través de su fundación en los últimos años (ABC, El Periódico, El Mundo y, muy en especial, El País, que está desgranando las conexiones entre empresas financiadoras y contratos públicos de la Generalitat de Cataluña, un tema escabroso sobre el que la prensa apenas había podido aportar datos hasta ahora). Resultan significativas las diferencias entre el impacto que ha tenido el caso Bárcenas para el PP y el modesto efecto, de momento, para CDC que ocasionan las fundadas sospechas sobre sus prácticas irregulares de financiación (cuentas suizas del tesorero del partido incluidas). 

Que estas filtraciones se produjeran a pocas horas de comenzar la campaña electoral quizá no sea completamente casual, aunque el calendario de las investigaciones judiciales está resultando mucho más caprichoso e impredecible de lo que los partidos de gobierno desearían, como pudo comprobar el PP en plena campaña de las pasadas elecciones autonómicas y municipales. Que el último registro a CDC se derivara de un caso colateral de corrupción local destapado por una concejal de ERC meses antes, resulta más perverso. Esta concejal decidió abandonar el partido tras comprobar que ERC desatendía sus peticiones de amparo por las presiones recibidas. Había “pinchado hueso”.

Sin embargo, es preciso mantener una perspectiva de conjunto para entender qué nos ilustran estos hechos sobre la financiación real de los partidos en España. En gran medida, el actual episodio protagonizado por la fundación de CDC (que adoptó el nombre de CATDEM, después de que en 2008 cambiara su anterior denominación –Trias Fragas- a raíz del escándalo de la financiación ilícita recibida desde el Palau de la Música, que aún se encuentra bajo proceso judicial) tiene mucho que ver con los cambios legales que introdujo la Ley de Financiación de Partidos Políticos de 2007.

Hasta ese año, el marco legal permitía explícitamente las aportaciones anónimas de empresas e individuos a los partidos, con algunas limitaciones. Entre 1987 y 2007, el Tribunal de Cuentas (TCU) contabilizó poco más de 100 millones de euros en donaciones anónimas. Este sistema de financiación opaca venía operando desde la llegada de la democracia, pero se había convertido en un mecanismo tremendamente controvertido. De entrada, porque en la práctica abría un canal de entrada de dinero negro a los partidos difícilmente justificable en una democracia de calidad. Las sospechas de que ese dinero podría provenir de favores y corruptelas políticas no eran excesivamente ingenuas.

Gráfico 1. Donaciones anónimas e individuales recibidas por partidos (1987-2007)

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Fuente: Informes Tribunal de Cuentas. Cifras en miles de euros.

Además, la financiación anónima beneficiaba en realidad a muy pocos partidos: PP, CiU (CDC y UDC) y PNV. Como muestra el Gráfico 1, estos cuatro partidos recogieron más del 90 % de donaciones anónimas contabilizadas por el TCU desde 1987 hasta su eliminación. Llamaba especialmente la atención que los miembros de CiU hubieran recibido casi la mitad de todas las donaciones anónimas registradas en España, siendo una federación política que solo se presentaba en Cataluña y que apenas recibía el 3-4% del total de votos en las elecciones generales.

CiU, junto a PP y PNV, mostraron fuertes reticencias a que la Ley de 2007 prohibiera las aportaciones anónimas. Finalmente, la nueva norma acabó con este tipo de donaciones y además rechazó explícitamente que aquellas empresas que tuvieran contratos en vigor con las administraciones públicas pudieran realizar aportaciones a los partidos. Sin embargo, fruto de las presiones de los partidos perjudicados por estas restricciones, se incluyó una Disposición adicional (séptima), con una redacción oscura, en la que se eximía a las fundaciones de los partidos de la anterior limitación, legalizando las donaciones a fundaciones recibidas desde empresas que se estuvieran beneficiado de contratos de gobiernos dirigidos por el partido beneficiado.

El resultado quizá no resulte sorprendente: el volumen de aportaciones anónimas se trasladó, a partir de 2008, a las Fundaciones de los partidos, desde donde acababan canalizándose a estos últimos, monetariamente o en especies.

Gráfico 2. Origen de las donaciones percibidas por CATDEM (2007-2013)

image02Fuente: Informes Tribunal de Cuentas. Cifras en euros.

Esto ha dado lugar a que entidades como FAES y muy particularmente CATDEM (CDC) o INEHCA (UDC) reciban importantes donaciones de empresas y entidades privadas, de un volumen mucho mayor que las aportaciones de afiliados o simpatizantes. Como muestra el Gráfico 2, para CATDEM (como para la FAES o, en menor medida, INEHCA) prácticamente todas las donaciones provienen de personas jurídicas (empresas). Esto es lo opuesto a lo que sucede en el resto de Fundaciones de partidos, que se nutren principal o exclusivamente de donaciones de personas físicas (Gráfico 3). De nuevo resulta llamativo que las fundaciones de CDC y UDC hayan venido recibiendo, en su conjunto casi la mitad de todas las donaciones de personas jurídicas recibidas por el resto de partidos, casi al nivel de las que recibe la FAES.

Gráfico 3. Peso de las aportaciones de personas jurídicas para cada fundación (2007-2013)

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Es el caso opuesto de aquellas fundaciones que principalmente reciben donaciones de individuos. También aquí hay organizaciones que parecen ser más ‘eficaces’ que otras (Gráfico 5). Sorprendentemente la que más donaciones de personas físicas recibe es Josep Irla, de ERC, hasta el punto de ser la segunda fundación que más dinero recibió en donaciones en este período. Al igual que en el caso de Nous Horitzons (ICV), que es la segunda entidad en donaciones individuales y la cuarta en el total, estas fundaciones han desarrollado un eficaz sistema de recaudación de cuotas de todo tipo de cargos públicos y de la administración, a veces de forma expeditiva.  No deja de llamar la atención la desproporción que existe entre su capacidad recaudatoria y su limitada posición en el mapa político. Aunque deberíamos relativizar esta impresión, porque los datos de financiación de partidos demuestran que lo relevante para un partido no es tanto su posición en el nivel estatal (Gobierno, Congreso o Senado) como en instituciones autonómicas y locales, que son, desde hace algunos años, el principal nivel de obtención de rentas y subvenciones para los partidos.

Gráfico 5. Donaciones recibidas por las Fundaciones de partidos (2007-2013)

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Fuente: Informes Tribunal de Cuentas. Cifras en miles de euros. Solo se incluyen Fundaciones que recibieron más de un millón de euros.

Sin embargo, ¿cuál es el peso de estas aportaciones de ‘dinero interesado’ sobre las finanzas de los partidos? En el caso del PP es bastante modesto, sustancialmente menor que las subvenciones públicas o, incluso, que las aportaciones de los propios miembros. Según cifras del Informe del TCU para 2013, de los 76 millones de euros brutos ingresados por el PP, las aportaciones de personas físicas a la FAES representan poco más del 1%, mientras que las aportaciones públicas significan el 75% de los ingresos, y las cuotas de miembros el 18%.

En el caso de Convergència, el peso de estas donaciones empresariales es mayor, como ya sucedía con las donaciones anónimas. Según los mismos datos de 2013, las aportaciones empresariales y de otras personas físicas a CATDEM equivalieron al 3% del total de ingresos que obtuvo (aunque los ingresos privados significan casi el 33% de la financiación de CDC). Además, se observa un fenómeno curioso en el volumen de lo que recaudan los partidos a través de sus fundaciones: si bien la crisis económica ha tenido un impacto significativo en las aportaciones de individuos e empresas a partidos y fundaciones, parece más bien que el afloramiento de investigaciones judiciales sobre las irregularidades cometidas en estos partidos ha ‘enfriado’ la entrada de dinero a las organizaciones. El Gráfico 6 muestra en este sentido como desde 2013, tras el destape del caso Bárcenas, la caída de donaciones en la mayoría de fundaciones es notable y, en ocasiones, drástica, como sucede con CATDEM.

De todo ello se desprende que la controversia entorno a los pagos de empresas a la fundación de Convergència, al igual que sucede con PP (FAES) o UDC (INEHCA), quizá resulte más ilustrativa de cómo funciona el mundo de las contrataciones públicas que de su impacto real sobre las finanzas de los partidos. Al menos, de acuerdo con las cuentas fiscalizadas por el TCU.  Y en cualquier caso, gracias al ‘agujero’ abierto por la Disposición Adicional Séptima desde 2007 (y que ni las diversas medidas contra la corrupción y a favor de la transparencia han modificado en este aspecto comentado), estas aportaciones probablemente acabarán resultando, en su mayor parte, donaciones “dentro de la ley”.

Gráfico 6. Evolución de las donaciones recibidas por las Fundaciones de partidos (2007-2013)

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Fuente: Informes Tribunal de Cuentas. Cifras en euros.

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