O elecciones o la nada

La independencia es hoy, en mi opinión y al menos en un plazo previsible, un escenario imposible. No sólo por la falta de todo apoyo internacional y de elementos necesarios de efectivo control del territorio por parte de la Generalitat. También y fundamentalmente por la inexistencia de un apoyo popular sólido y suficiente: necesitaría más ciudadanos convencidos, ciudadanos más seguros de su opción y un debate previo mucho más profundo y realista. Hoy dudo incluso que tenga el mismo respaldo parlamentario que tuvo hace un mes. Una declaración de independencia en estas condiciones no tiene más horizonte que la intervención estatal para restaurar y asegurar la vigencia de la Constitución.

Lo más que el independentismo puede esperar de ese escenario es el crecimiento a medio plazo de los sentimientos de agravio y un nuevo intento a largo plazo que cuente quizás con más apoyo interno; pero con seguridad con menor capacidad ejecutiva, con infinitamente menos impulso institucional y con unos efectos intermedios devastadores sobre la situación política y social catalana. Quizás la coherencia personal pueda justificar el sacrificio propio y hacer atractivo el martirio, pero difícilmente justificará los efectos negativos resultantes para todos los ciudadanos catalanes y españoles. La intervención abre tantas incógnitas preocupantes (¿cómo se impondrá?, ¿por cuánto tiempo?, ¿con qué costes?) como una certeza, al menos para mí: el Estado impondrá la Ley, pues tiene los medios y la legitimidad para ello.

Si ese escenario es, como creo, universalmente dañino, ¿qué otras opciones tienen los partidos independentistas en el gobierno catalán?

Pareciera que una de ellas es  forzar un diálogo institucional, con o sin mediadores, con las instituciones estatales. A mi juicio ésa es otra opción irreal y sin contenido. SI el diálogo es sobre la independencia (o sobre un referendum al respecto), resulta ya imposible para el Estado, que no puede asumir constitucionalmente ese escenario y menos en un contexto marcado por la realización del referéndum del pasado 1-O, completamente al margen de la legalidad y las garantías propias de una consulta popular. Si el diálogo es sobre una reforma del modelo constitucional al margen de la independencia, son las autoridades autonómicas quienes no pueden asumirlo tras la celebración de ese mismo 1-O, dejando al margen su discutible legitimidad para asumir una negociación tras la expresa “desconexión” de la Constitución y el ordenamiento. Tertium non datur. El diálogo entre las actuales instituciones no puede ser para llegar a un acuerdo, sino sólo para salir del actual impasse.

Y la última opción, la de la salida del impasse, no necesita diálogo, porque está en manos de una de las partes, el Presidente de la Generalitat. Ante una situación de bloqueo institucional y político, en un marco claramente distinto del que ha sido objeto de debate antes del “referéndum”, sólo una nueva y clara legitimación democrática de las instituciones catalanas puede abrir o forzar nuevas salidas: bien para confirmar la inexistencia de fuerza suficiente para declarar la independencia, lo que llevaría a un nuevo escenario de retorno de las instituciones autonómicas al modelo constitucional, sin perjuicio del intento político de ampliar su base en el futuro, y exigiría de las instituciones estatales un esfuerzo de respuesta a las demandas ciudadanas de reconocimiento político; bien para atestiguar el incremento del apoyo popular a la independencia y, de ese modo, reforzar su posición en términos políticos e internacionales; para seguir “cargándose de razones”, en terminología independentista.

El primer escenario abre la posibilidad para ambas posiciones políticas de abrir una discusión más transparente, plural y, a mi juicio, honesta para ampliar su base ciudadana: ni la independencia ni el mantenimiento del modelo constitucional pueden sobrevivir a medio plazo sin una mayoría amplia que hoy ninguno tiene. El segundo repite el conflicto actual, pero despejando dudas sobre el apoyo real a la independencia y situando a las instituciones estatales ante el dilema ya conocido en otros estados: una reivindicación política claramente mayoritaria alcanzada en el marco de las reglas constitucionales.

Si las fuerzas independentistas hubieran convocado elecciones el pasado lunes, el segundo escenario hubiera sido altamente probable. Hoy, los vaticinios son más dudosos. En una semana serán probablemente imposibles, pues creo que no hay más tiempo de espera. Es necesario devolver el debate a la política, clarificar las mayorías y alejarlo de los pretendidos derechos inalienables. De este modo, las instituciones catalanas pueden recuperar su condición de marco político de discusión para todos los catalanes y mantener sus capacidades de actuación al margen del debate sobre la independencia.

Volver a la política no quiere decir ya volver al diálogo institucional. Éste está roto sin remedio y pretender revivirlo sin previas elecciones es en el mejor de los casos una ilusión y en el peor una falacia. Volver a la política significa hoy volver a la tarea de convencer a los ciudadanos del proyecto político de cada uno, y hacerlo en el único marco posible a falta de rotundas mayorías en uno u otro sentido: las elecciones y el debate parlamentario, renunciando a atajos fuera del marco constitucional y forzando políticamente a alternativas ofrecidas por las instituciones estatales.

Pienso que un Presidente de la Generalitat tiene una responsabilidad que va más allá de su coherencia personal y su proyecto político: la defensa de sus instituciones y del conjunto de los ciudadanos. No dudo que éstas, hoy, se defienden sólo convocando elecciones.

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