El taxi y la orfandad del consumidor

Los conflictos laborales generan un coste para la actividad económica, en particular para los consumidores que, en la mayoría de las ocasiones, suelen verse involucrados en diatribas que no les competen. Sin soslayar ni minusvalorar el derecho a la protesta y a la huelga -faltaría más-, no es menos despreciable este perjuicio que, obviamente, en parte es buscado por quienes promueven la reivindicación al objeto de generar la presión necesaria.

En el caso de la huelga del taxi, el coste para los consumidores es mayor -si cabe- a lo habitual. La imagen que este sector, o lobby, está dando es enormemente negativa. Y no lo es sólo por el coste que supone la limitación de un servicio público necesario. Además, en este caso, sus reivindicaciones suponen claramente una restricción a la libertad del consumidor sobre cómo quiere recibir un servicio, de quién recibirlo y cuánto pagar por él. El agravio es, por ello, doble. A esto sumemos el carácter ludita de la misma, motivado por una oposición a un cambio tecnológico que tradicionalmente ha soliviantado a quienes han visto su empleo amenazado, pero que ha beneficiado claramente al conjunto (y mayoría) de la población.

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La formación de grupos de presión, o lobbies, surge, en parte, porque quienes conforman dicho grupo comparten intereses muy definidos. Esta aglutinación contrasta con quienes no son capaces de ejercer presión debido a que sus intereses comunes son más difusos o no tan evidentes. Por ejemplo, cuando se firma un tratado de libre comercio no se conocen manifestaciones a favor de ellos, no hay pancartas que pidan una reducción de los aranceles o de la eliminación de subvenciones a la exportación, aun cuando éstos puedan ser muy beneficiosos para la mayoría de la población. Ser consumidores no nos cataloga más allá que ser, por ejemplo, padres, rubios o andaluces. Es por esta asimetría por lo que son mucho más visibles las protestas de quienes pierden con un tratado de comercio que quienes ganan, siendo estos últimos mucho más numerosos.

En el conflicto del taxi ocurre algo similar. El interés que aglutina a los trabajadores del sector es claro y meridiano: su medio de vida. Sus ingresos los tienen asegurados gracias a una regulación que les garantiza el monopolio de un servicio público. Que les garantiza la extracción de rentas de los consumidores. Sostener y mantener este flujo es su gran objetivo. Al estar este grupo claramente aglutinado en pos de este objetivo, su presión actúa como la punta de una flecha, con la precisión de una falange macedónica, sobre el cuerpo que pretende horadar. La capacidad del lobby para alcanzar sus objetivos es, por lo tanto, mayor que la de unos meros consumidores que pueden usar, en mayor o menor medida, el taxi.

La solución sería que el grupo difuso se aglutinara detrás de asociaciones u organismos diseñados para defenderlos. Pero en este caso los consumidores están huérfanos de representantes. A pesar de existir agrupaciones y asociaciones de consumidores o usuarios, éstos reaccionan muy tímidamente, si es que lo hacen, ante los costes que supondría la victoria del lobby. El Gobierno tomará la decisión que suponga la minimización de los costes que implica el conflicto, es decir, preferirá desactivar el mayor de ellos y que es el provocado por el grupo que mayor presión ejerce. Por último, la CNMC, organismo supuestamente encargado de la defensa de la competencia, y por ello del consumidor, predica en el desierto. Una muestra más del escaso valor que la clase política otorga a ciertas instituciones que podrían mejorar la eficiencia de la economía y el bienestar de los ciudadanos.

Así pues, de nuevo, los consumidores se verán prisioneros de las decisiones de unos pocos que tratarán de extraer rentas conforme a unos derechos inexistentes. Recordemos que, cada vez que subamos a un taxi, pagaremos un sobreprecio por las exigencias de quienes dicen prestar un servicio público. Recordemos que, cada vez que esperemos religiosamente nuestro turno para subirnos a un taxi, tendremos que hacerlo gracias a aquellos que dicen prestar un servicio público. Y recordemos que cualesquiera de estos costes que asumamos será gracias a aquellos gobiernos, todos, que han aceptado estas restricciones o han sucumbido a las protestas. Ellos serán tan responsables, como el propio lobby. de que usted y yo tengamos que soportarlos.

¡Ah!, y no nos olvidemos de las asociaciones de consumidores, tan beligerantes cuando hay que identificarse contra grandes empresas o multinacionales pero tan tibias ante lo que es, paradójicamente, un cierre patronal con el que erróneamente se identifican al tener un imaginario enemigo común, otro más que los aglutina: el fantasma del neoliberalismo o capitalismo más perverso. Cuando paguen sus cuotas para dichas asociaciones recuerden sumar los costes que supone, además, coger un taxi.

 

Autoría

1 Comentario

  1. Patricia de eguilior
    Patricia de eguilior 08-02-2018

    Magnifica exposición. Muy bien escrita. Y explica es asunto de los taxistas desde una óptica q nadie cuenta ni nadie ve. O si lo vemos no somos capaces te verbalizarlo tan bien como lo ha hecho el autor.

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