El sector público: la doble administración

A la hora de analizar la estructura de sector público dependiente de las comunidades autónomas, cabe tener en cuenta que su composición es, en cierta medida, resultado de la reducción del sector público que ha tenido lugar en toda España como consecuencia de la crisis económica. En el caso concreto del personal dependiente de la totalidad de las autonomías y las dos ciudades autónomas, la reducción ha sido de un 6,5% desde enero del 2010 a enero del 2016 (de 1.348,492 a 1.294,765 funcionarios).

En cuanto a los entes públicos dependientes de las autonomías, estos han disminuido en un 23,28% desde el 2012 hasta el 2016 de acuerdo con el inventario realizado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Se han eliminado 537 entidades públicas y 189 se encuentran próximas a su extinción, siendo el total a fecha de 1 de julio del 2016 de 1972. Resulta llamativa la gran diferencia entre la reducción de personal y de entes públicos. La mayor disminución según la tipología de organismo se da en los entes públicos con una disminución del 31,03%, mientras que los organismos que más han crecido son las Entidades Públicas Empresariales y las Agencias. Estas últimas de han incrementado en un 116,67%. En  números absolutos, Catalunya es la comunidad autónoma que más entes tiene, 397, siendo La Rioja la que dispone de menos (24). El volumen de entes públicos tiene cierta correlación tanto con la población como con la extensión territorial.

Maestros y sanitarios

De acuerdo con el Registro Central de personal de julio del 2016, el personal dependiente de las autonomías constituye el 51,46% del total del personal empleado público. Por sectores, la docencia no universitaria emplea a un 40,88%, las instituciones sanitarias un 37,69%, consejerías y sus organismos autónomos un 16,46%,  administración de justicia un 2,99% y fuerzas de seguridad  un 1,99%. Es importante en este sentido tener en cuenta que no todas las autonomías tienen personal propio dedicado a la Administración de Justicia y a las fuerzas de seguridad.

Este reparto es dispar. Por ejemplo,  en Aragón, Asturias y Cantabria se dedican mayor proporción de recursos humanos a las instituciones sanitarias del servicio nacional de salud que a la docencia no universitaria. En este sentido, destaca especialmente el País Vasco, que dedica un 11,19% del personal a su servicio a las fuerzas de seguridad, incluso superando la proporción de personal situado en las consejerías y sus organismos autónomos, en los cuales se halla un 10,55% del personal.

El caso de Extremadura

Extremadura se sitúa como la comunidad autónoma con mayor proporción de personal empleado en las consejerías y sus organismos autónomos, siendo la Comunidad Valenciana la que menos proporción de recursos humanos dedica a este ámbito. El gran volumen de empleo público en Extremadura se debe, sobre todo, al personal ocupado en la administración burocrática.

En la docencia no universitaria, destacan la Comunidad Valenciana, con un 48,41%, como la comunidad que mayor proporción de personal dedica a este ámbito y la Comunidad de Madrid, con un 33,92%, como la que menos. En el ámbito sanitario, la Comunidad de Madrid se sitúa a la cabeza en la proporción de personal empleado público, con un 45,65%, siendo Catalunya en la que encontramos una menor proporción (23,82%). La variación en la proporción de personal dependiente de las autonomías situado en la Administración de Justicia es mínima, siendo el porcentaje máximo dedicado un 4,70% (Comunidad de Madrid) y el mínimo un 2,21% (Navarra). En fuerzas de seguridad, el contraste es evidente entre el País Vasco, que dedica a ello el 11,9% de su funcionariado, y Canarias, que destina el 0,14%.

El peso de los funcionarios

El total del empleo público dependiente de las autonomías supone una proporción del 5,81% de la totalidad de la población activa española, siendo Extremadura (9,23%), el Principado de Asturias (7,66%) y Navarra (7,59%) las que tienen una proporción de mayor empleo público del total de la población activa. Asimismo es necesario mencionar Baleares (4,27%), Catalunya (4,40%) y la Comunidad de Madrid (4,68%) como las comunidades que se sitúan a la cola en la proporción de funcionarios según su población activa.

Finalmente, cabe aportar un dato de gran relevancia para entender la situación del empleo público en las comunidades autónomas: el número de personas empleadas públicas que corresponde por cada mil habitantes. En este aspecto son Extremadura con 43 personas empleadas públicas por cada mil habitantes y Asturias, Cantabria y Castilla y León (35 empleados públicos por cada mil habitantes) las autonomías que se sitúan a la cabeza. Las comunidades peor situadas son Catalunya, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, que cuentan respectivamente  con 22, 24 y 24 personas empleadas públicas por cada mil habitantes.

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