El sainete procesista toma el ‘Parlament’

Hemos asistido esta semana a un nuevo acto del espectáculo parlamentario catalán, protagonizado, una vez más, por la falta de acuerdo entre ERC y JxC respecto del cumplimiento del auto de procesamiento dictado por el magistrado Pablo Llarena. En esta decisión de 9 de julio, firme después de haber sido recurrida en reforma y en apelación, se decretaba el procesamiento de los líderes políticos del procés. Para los procesados por rebelión, el auto de Llarena implicaba la suspensión automática en sus cargos de representación en aplicación del artículo  384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim): “Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo, mientras dure la situación de prisión”. Sin entrar ahora en la corrección jurídica de aplicar este artículo a los procesados por rebelión, sobre la que se ha pronunciado Jordi Nieva, lo cierto es que el automatismo en la aplicación de la norma no parece discutible, tal y como ha validado el Tribunal Constitucional.

Ese automatismo genera problemas porque debe hacerse compatible con su carácter temporal, en tanto que se trata de una medida cautelar llamada a proteger una serie de bienes jurídicos constitucionales mientras la imputación de rebelión no decaiga. La forma más adecuada de proceder sería la de permitir la suspensión temporal de los diputados afectados por estas medidas, como ha propuesto Miguel A. Presno Linera, pero tal situación no está prevista a día de hoy en nuestro ordenamiento jurídico.

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En cualquier caso, lo cierto es que, comunicado el auto al Parlament, los servicios de personal de la Cámara procedieron a suspender materialmente a los seis diputados procesados por rebelión: los señores Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Sánchez. Esta suspensión material supone que, desde la recepción del auto, los procesados no cobran su sueldo ni pueden ejercer su potestad de presentación de iniciativas ni su derecho de voto.

Sin embargo, la decisión sobre qué instrumentos deben adoptarse formalmente para proceder a la suspensión y posterior reconocimiento de la delegación se ha convertido en un obstáculo para el normal funcionamiento de Parlament. Recuerden que ya en julio se suspendió el Pleno por el desacuerdo existente entre ERC y JxC.

En el primero tras aquél de julio, el 3 de octubre los diputados independentistas nos sorprendían nuevamente con una propuesta de resolución en cuyo primer párrafo no se aceptaba la suspensión (legal y automática) de los diputados procesados y en el segundo se decía que, mientras durara la situación jurídica actual [sic], los derechos parlamentarios de los diputados podrían ser ejercidos por otro miembro de su grupo parlamentario (algo que ya apuntaba Llarena en su auto).  

Esta propuesta provenía de la Comisión del Estatuto de los Diputados (cabe encontrar algunos de los argumentos en la transcripción de la sesión) y derivaba de una interpretación poco acorde con el sistema de fuentes y con el sentir de la letra del Reglament del Parlament. El artículo 25 de este Reglament dice literalmente que “los diputados del Parlamento pueden ser suspendidos de sus derechos y deberes parlamentarios, después de un dictamen motivado de la Comisión del Estatuto de los Diputados[…]: si es firme el acto de procesamiento o de apertura de juicio oral y el Pleno del Parlamento lo acuerda por mayoría absoluta, atendida la naturaleza de los hechos imputados”.

Este precepto, sin embargo, se refiere a aquellos casos en los que procesados los diputados por cualquiera que fuera el delito, el Parlament tiene la potestad de decidir la suspensión cautelar con la finalidad de garantizar el buen funcionamiento parlamentario. Ahora bien, la situación de los procesados por rebelión es distinta en tanto que la ley procesal penal, la Lecrim, establece una medida concreta, de aplicación automática, para un tipo de delito concreto. Se diría que en estos casos, ante la gravedad de los hechos imputados, es la ley procesal la que determina la suerte de los diputados, sin que quepa margen de apreciación de los parlamentos. No cabe esgrimir la autonomía parlamentaria para tratar de oponerse, en su caso, a la decisión del juez y a la letra de la ley, ya que, entre otras cosas, esto supondría abrir un espacio de impunidad en la actividad política.

Respecto de la delegación de voto, ésta no parece la respuesta más adecuada al supuesto de la suspensión por procesamiento por rebelión, dado su carácter temporal. Sin embargo, ante la falta de otros mecanismos, el Parlament la ha identificado como la forma menos gravosa de aplicar la suspensión temporal de los diputados sin que esto implique renunciar a su acta, medida irreversible.

Diferente fue la propuesta realizada por los Servicios Jurídicos del Parlamento del País Vasco ante el auto de su Tribunal Superior de  Justicia de 9 de diciembre de 2004, en que se suspendía al diputado Urrutikoetxea Bengoetxea. En aquel momento, además de asumirse la suspensión automática, se consideró que no había posibilidad de delegación de voto del suspendido y que, en cambio, lo que procedía era considerar que el Parlamento estaba formado por 74 miembros, y no por 75, aplicando la nueva ratio a todas las comisiones y reglas de ponderación.

De vuelta al Parlament, la propuesta de resolución no ha sido finalmente aprobada por contar con la oposición del grupo de Junts per Catalunya. La razón parece estar, como se decía más arriba, en que no quieren acatar, siquiera implícitamente, la suspensión decretada por Llarena; ni siquiera tras la solución de compromiso, cuestionable desde el punto de vista jurídico, alcanzada con ERC y que han cumplido los señores Junqueras y Romeva, quienes han presentado sendas peticiones ante la Mesa del Parlament. En cambio, los diputados de JxC, incluido Puigdemont, pretendían que se prolongara la delegación de voto que hicieron ya hace unos meses para el proceso de investidura, no dándose por enterados, formalmente, de la suspensión de Llarena.

Es obvio que la situación es cuanto menos esperpéntica: los diputados están materialmente suspendidos de derechos desde julio, pero la prioridad es aparentar una capacidad de decisión parlamentaria inexistente. Para ello se buscan fórmulas extravagantes para decir que la suspensión y la delegación son decisión propia, cuando no lo es, y además, por si no quedara claro, prorrogan la ya existente, pese a que el artículo 95 del Reglament del Parlament dice que la delegación del voto debe hacerse por escrito dirigido a la Mesa, donde conste nombre y apellidos de la persona que delega y de la persona en la que se delega. Se incumple la legislación estatal y la legislación propia.

Así las cosas, la semana próxima en el Parlament deberían celebrarse dos plenos: la continuación del de política general, que veremos si acaba con algún acuerdo sobre la delegación, y otro sobre la agenda social y la recuperación de la convivencia en Cataluña. En todo caso, asistimos al momento de peor salud parlamentaria catalana en democracia, que se suma a la decreciente credibilidad de las instituciones de la Generalitat.

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