El PP se ha beneficiado de un delito aun sin saberlo

Desde hace unas horas vivimos en una euforia punitiva porque se ha conocido el fallo de la sentencia en la que se resuelve el núcleo de la trama Gürtel en Madrid. Uno de los motivos de tal estado de emotividad justiciera ha sido que, en la rápida correa de transmisión de los medios de comunicación, se destaca como una de las cuestiones más importantes la supuesta responsabilidad del Partido Popular en esta trama. En los titulares se maneja con alegría el concepto “partícipe a título lucrativo” como si se tratara de una condena por haber concurrido, aportado algo relevante, a los muchísimos delitos que se examinan en las casi 2.000 páginas de sentencia. Sin embargo, antes de lanzarnos a las calles para embriagarnos de la sensación de justicia colectiva porque el PP es, junto con otras personas físicas, “partícipe a título lucrativo”, y la ciudadanía ya se los imagine entre rejas y con una bola al tobillo, debemos aclarar ciertos términos.

En primer lugar, en España existe una institución que proviene del siglo XIX que permite que los tribunales penales resuelvan la responsabilidad penal y la civil de unos mismos hechos en una misma sentencia. A esto se le llama responsabilidad civil derivada de delito y la encontramos regulada en los artículos 116 y siguientes del Código Penal.

En segundo lugar, algunas veces no se puede probar que alguien haya cometido un delito, pero sí se puede dilucidar que esa persona, física o jurídica, se ha beneficiado de él aun sin saberlo, y a estos beneficiarios los llamamos partícipes a título lucrativo y los hacemos responsables civiles por ese motivo (artículo 122 del Código Penal). En este caso, no nos hallamos ante una responsabilidad por la comisión de un delito en el que se ha contribuido, sino por la obtención de un beneficio sin contraprestación alguna. Los requisitos para esta modalidad de responsabilidad civil son que se pruebe la obtención de ese beneficio y que no se conozca su origen ilícito.

El tercer punto que merece aclaración es que en España, hasta la reforma de 2010 del Código, las personas jurídicas no podían ser responsables penales. En el caso de los partidos políticos, una pequeña reforma de 2011 permitió considerarlos expresamente como responsables penales, ya que son personas jurídicas.

Y,  última observación a tener presente, el principio de legalidad obliga a enjuiciar los hechos con la ley vigente al tiempo de su comisión (artículos 2.1 y 7 del Código Penal).

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Teniendo esto presente, debemos leer de manera crítica los titulares y ubicar la noticia en su contexto real. La Audiencia Nacional ha condenado al PP como partícipe a título lucrativo, lo que significa que lo ha hecho responsable civil, no penal ni derivado de unos actos delictivos propios, por haber obtenido injustamente unos beneficios. Se considera probado que existía una amplia trama de corrupción y prebendas dirigida por Francisco Correa de la que el PP se benefició, y por eso obtuvo casi 250.000 euros de beneficio de origen ilícito de los que no conocía fuente real y a cambio de los cuales no se ha probado que hiciera nada. También se tiene por probado que ese dinero se obtuvo mediante el pago de facturas por servicios que en realidad no se prestaron y que ese dinero se gastó en las campañas electorales de Pozuelo y Majadahonda de 2002-2003. En consecuencia, condena civilmente al PP a devolver esas cantidades.

Por lo tanto, nada de lo que se ha probado que hizo el PP como tal merece el reproche de la ley penal y, aunque lo mereciera, hasta que no se enjuicien hechos posteriores al 2011 los partidos no pueden responder penalmente. Si miramos esta parte del fallo y el volumen de dinero movido por esta enorme organización, esos 250.000 euros representaran unas migajas en el suelo del banquete delictivo. Y, vistas las cosas en perspectiva, resultará comprensible que sepa a poco a la ciudadanía harta de corrupción, corruptelas y chanchullos.

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