El mito de ‘la lista más votada’

Es recurrente una tradicional obsesión del principal partido de la derecha española, el PP, de reformar la actual ley electoral para otorgar de modo prácticamente automático a la lista más votada (con independencia de su porcentaje de apoyo) la formación de Gobierno en cualquiera de los niveles representativos existentes. De aprobarse tal cláusula (algo del todo improbable dada la presente correlación de fuerzas parlamentaria, con intereses muy contrapuestos), se privaría a todos los demás partidos (tras el primero) de la posibilidad de intentar forjar otras alternativas, lo que reduciría el pluralismo y sacrificaría la lógica parlamentaria. Con ello, el PP muestra, en efecto, varias cosas: 1) su incomprensión de fondo de lo que es un régimen parlamentario, que nada tiene que ver con uno presidencialista, 2) su soledad ante el temor de verse aislado, una clara prueba de lo que le cuesta conseguir aliados y de su estilo siempre muy poco predispuesto a coaligarse y 3) su oportunismo electoralista, que sacrifica la representatividad en aras de un mal entendido eficientismo ejecutivo.

El PP no ve ningún problema en que gobierne en solitario una formación que pueda tener en contra a los dos terceras partes de los otros partidos, siempre que éstos sean incapaces de ponerse de acuerdo para sustituirle. Por tanto, el argumento del PP de que una coalición de varios partidos contra el primero sería una “alianza de perdedores” es falso, pues no son perdedores si son capaces de generar una mayoría parlamentaria alternativa: de un lado, una mayoría minoritaria que no sabe forjar alianzas queda desautorizada como opción de gobierno, mientras que una minoría capaz de formarlas tiene toda la legitimidad. Todo sistema electoral pluralista debe buscar un difícil equilibrio entre representatividad y gobernabilidad, pero para el PP la segunda dimensión es la prioritaria. En este sentido, los premios de mayoría, tan frecuentes en los sistemas electorales, son siempre delicados porque, aunque favorecen la formación de Gobierno, distorsionan la representatividad pluralista de la sociedad. En este sentido, es indiferente a quién benefician coyunturalmente, pues hay ejemplos en todos los sentidos: actualmente, el sistema mayoritario simple británico favorece a los tories y la representación proporcional tan corregida griega, a Syriza.

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Es interesante cotejar el panorama de los primeros ministros de los 28 (septiembre de 2018) en la UE para desmitificar las tesis del PP: es cierto que en 18 el jefe del Gobierno es miembro del primer partido, pero no así en ocho, estando en una situación peculiar Italia y pendiente Suecia tras sus recientes elecciones (en las que los socialdemócratas han sido la minoría mayoritaria). En los ocho estados en los que el jefe del Ejecutivo no es miembro de ‘la lista más votada’, en cuatro es del segundo partido (España, Estonia, Francia y Portugal) y en los otros cuatro nada menos que el tercero (Bélgica, Dinamarca, Letonia y Luxemburgo). La dificultad para formar un Gobierno que no sea dirigido por los que obtuvieron más votos consiste en sus alianzas: 1) si se formaliza una coalición de gobierno, esto -en principio- puede reforzar tal opción o 2) si el Gobierno es monocolor (es el caso de España o Portugal), dependerá de los pactos parlamentarios que puedan permitirle sortear la oposición del primer partido si éste es incapaz de ampliar sus alianzas.

Bélgica es un ejemplo de manual de democracia consociativa –en términos de Lijphart–, ya que requiere de complicadas coaliciones de gobierno dado su sistema de partidos, que exige poner de acuerdo a representantes de las tres comunidades y las tres regiones, lo que suele dar como resultado que el primer ministro no siempre pertenezca a la lista más votada. En Francia, pese a la arrolladora victoria de Emmanuel Macron (su formación dispone por sí sola de la mayoría absoluta en la Asamblea nacional) el primer ministro, Édouard Philippe, es miembro de la derecha clásica (Les Republicains), lo que da como resultado un jefe de Estado centrista y uno de Gobierno derechista.

Los casos de Portugal y España son algo más peculiares, puesto que en ambos gobiernan en minoría los socialistas (no hay otros partidos en el Ejecutivo) con respaldo parlamentario externo de otros socios: más estable en Portugal (la alianza parlamentaria de las tres izquierdas: socialistas, post-comunistas y comunistas) que en España (el PSOE no tiene socios permanentes y debe negociar los asuntos de modo singular). Pedro Sánchez supo aprovechar una ocasión excepcional al triunfar por primera vez una moción de censura constructiva. Sin duda, su exigua base (84 diputados) y los difíciles e inestables apoyos (en general, de Unidos Podemos y los independentistas catalanes, además del PNV) hace más difícil la gestión cotidiana de gobierno, pero esta fórmula no sólo ha resultado posible, sino que goza de toda legitimidad. Sin embargo, para el PP la llegada de Sánchez al Gobierno sería “legal”, pero no “legítima”, algo insostenible, sobre todo si se recuerda que el centro-derecha alemán llegó así al Gobierno federal en 1982, cuando Helmut Köhl derribó al canciller socialdemócrata Helmut Schmidt gracias a una moción de censura al cambiar de socio los liberales.

Por último, el caso más atípico es el de Italia, ya que su primer ministro, Giuseppe Conte, es un independiente (de muy bajo perfil político) fruto de un acuerdo entre el M5S y la Lega. Se trata de un primer ministro sin partido propio que, en realidad, tiene una función gestora y supuestamente conciliadora de dos partidos antes que de líder político real.

En suma, todos estos ejemplos prueban que la tesis del PP de primar siempre a la lista más votada y de rechazar como “anomalía” no democrática  coaliciones alternativas es insostenible e indica una preocupante mentalidad caudillista del conservadurismo español, que debería superar. Por lo demás, tal criterio no cuadra con el espíritu de la Constitución (que ahora el PP sacraliza desde una concepción fundamentalista petrificada) y es que se basa precisamente en valores como el parlamentarismo y la proporcionalidad.

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