El mercado ¿libre? de las ideas

La alegoría del libre mercado de las ideas fue formulada en un célebre voto disidente por el Juez Oliver Wendell Holmes en el asunto Abrams v. United States resuelto por el Tribunal Supremo norteamericano en el año 1919 y todavía hoy se reconoce como uno de los argumentos que sirven para justificar la libertad de expresión: “la mejor prueba de la verdad es el poder de un pensamiento para conseguir ser aceptado dentro de la competencia del mercado”. Sin embargo, esta imagen es radicalmente la contraria a la que parece instaurarse en nuestro país donde, con sentencias como la reciente condena del Tribunal Supremo al cantante de Def con dos o con leyes como la de Seguridad ciudadana, nos encontramos con un mercado “amordazado” de las ideas.

Los medios de comunicación se han venido haciendo eco de los casos más sonados, pero no son los únicos. Sólo en 2016 la Audiencia Nacional sentenció más de una treinta de asuntos por el delito de enaltecimiento del terrorismo, muchos de ellos por conductas realizada a través de redes sociales. Con su última sentencia el Tribunal Supremo ha concluido que este delito se aplica con independencia de la intención que tenga el emisor del mensaje: si se publica algo que “suene” a laudatorio de actos terroristas o que bromee con sus víctimas, puede ser delito aun cuando la intención no fuera ni provocar ni insultar sino que se tratara de un chiste de mal gusto o de una crítica al sistema.

El problema no es que se castigue a quien transgrede los límites, a quien abusa en el ejercicio de su libertad de expresión. En definitiva, a quien insulta, a quien provoca peligrosamente o a quien desacata a una autoridad pública. Lo que alarma de estas decisiones es que no se sabe dónde están los límites a la libertad de expresión y que estos se están aplicando por los jueces de forma tan rigurosa (y en algunos casos contradictoria) que se producen absurdos incomprensibles democráticamente con sanciones a cantantes provocadores, a jóvenes twitteros de mal gusto o a manifestantes que graban a policías.

La causa principal de ello es el pésimo y restrictivo diseño legislativo. El legislador en los últimos años se ha empeñado en endurecer normas que sancionan conductas en la frontera con el ejercicio de libertades públicas (derechos de reunión y de manifestación o libertad de expresión y de información). Así ha ocurrido con el Código penal tras su reforma de 2015 o, desde la perspectiva administrativa, con la Ley de seguridad ciudadana, popularmente conocida como “Ley mordaza”. Unas normas que se caracterizan por su vaguedad y su imprecisión y por la gravedad de sus sanciones.

La consecuencia es preocupante ya que, ante tanta inseguridad, se genera un indudable “efecto disuasorio” a los ciudadanos, que no saben si lo que están haciendo está prohibido o es ejercicio legítimo de una libertad fundamental. Es cierto que esta inquietud la tendrán quienes juegan precisamente “al fuera de juego”, en ese territorio gris de quien quiere romper o provocar. Pero es que es precisamente a favor de estas personas para quienes tiene más sentido reconocer las libertades públicas. Para ser “políticamente correcto” no hace falta afirmar constitucionalmente la libertad de expresión en la medida que nadie va a querer castigarlo.

Sin embargo, en puesto de confiar en que la propia sociedad va a responder desechando o ignorando a los provocadores de mal gusto, y en lugar de dejar al Derecho (sobre todo al Derecho penal) para que actúe en los casos más graves, aquellos auténticamente ofensivos; la tendencia actual parece decantarse por mantener un Estado “barrendero”, encargado de limpiar de basura las redes sociales o las calles, o, aún peor, un Estado “censor” que amordaza a sus ciudadanos para que se mantengan sumisos y se piensen dos veces alzar la voz y ejercer aquella que Kant reconocía como una de las libertades más sagradas, la libertad de pluma.

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