El mercado laboral, en el centro de todas las preocupaciones

En abril de cada año, los estados miembros de la UE envían a la Comisión Europea dos documentos esenciales para la coordinación de sus políticas económicas: el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad. El primero es, fundamentalmente, un ejercicio de rendición de cuentas sobre las recomendaciones específicas que el Consejo Europeo ha remitido previamente a cada Estado miembro y sobre los avances de cada país en los cinco ámbitos concretos de la Estrategia Europa 2020: i) empleo, ii) investigación e innovación, iii) cambio climático y energía, iv) educación y v) integración social y reducción de la pobreza. El segundo documento es, básicamente, un ejercicio de prospectiva económica que permite analizar el cumplimento de los objetivos presupuestarios a cuatro años vista, relacionados directamente con el superávit o déficit estructural de las administraciones públicas.

Aunque tanto el Programa Nacional de Reformas como el de Estabilidad incluyen importante información sobre el momento económico -como la relativa al ejercicio presupuestario en curso-, su principal interés consiste en señalizar, a partir de un diagnóstico macroeconómico que es la piedra angular de ambos documentos, la estrategia económica de cada Gobierno en relación con los objetivos a medio plazo de la Unión.

El Programa Nacional de Reformas se asemeja, en cierto sentido, a un catálogo razonado de las medidas de política económica adoptadas durante el último año. Su valor es más burocrático-contable que analítico, pero dibuja un panorama sobre el grado de cumplimiento de los objetivos nacionales de la Estrategia Europa 2020 mencionados anteriormente que, en el caso de España, resulta especialmente revelador.

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En primer lugar, con una tasa de empleo del 65,5% en la franja de edad 20 a 64 años en 2017 (1,6 puntos superior a la de 2016), España está fuera de la trayectoria necesaria para alcanzar el objetivo del 74% en 2020. Lo mismo ocurre con la inversión en investigación y desarrollo, cuya última estimación disponible la sitúa en 1,19% del PIB en 2016, sin señales de neta mejoría desde entonces, a pesar de haberse revisado a la baja el objetivo (desde el 3% al 2% del PIB). En tercer lugar, cumplimos o estamos en trayectoria de cumplir los objetivos de cambio climático y sostenibilidad energética; si bien, según advierte la Comisión Europea, España debe prestar atención al incremento de la demanda energética que cabe esperar de la fortaleza del actual ciclo económico. El cuarto objetivo, relativo a la educación, es doble: con un 41,2% de personas entre 30 y 34 años que ha finalizado estudios de enseñanza terciaria en 2017, España mantiene la progresión adecuada para alcanzar el 44% en 2020; sin embargo, el 18,3% de abandono escolar temprano registrado en 2017 sigue lejos del objetivo de 15%. Por último, frente a un objetivo de reducir, al menos, en 1,4 millones el número de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social con respecto al nivel de 2008… España ha aumentado esta cifra, según la Comisión Europea, en más de dos millones de personas.

Es cierto, como bien señala el Programa Nacional de Reformas, que el indicador de referencia sobre el riesgo de pobreza o exclusión social (Arope) se conoce con cierto retardo estadístico y todavía no captura completamente el impacto positivo del ciclo económico sobre la reducción de la pobreza. El propio ministro Escolano afirmaba recientemente que la creación de empleo “es la mejor redistribución en la sociedad española actual”.

En cuanto al Programa de Estabilidad, todos damos por descontada la salida de España del brazo correctivo del Protocolo de Déficit Excesivo. El déficit público se situará por debajo del 3% del PIB al cierre de 2018, lo que viene a significar que nuestras finanzas públicas recibirán el alta médica una década después del inicio de la crisis. Comoquiera que el déficit y la deuda pública han sido las variables que, junto con las del mercado laboral, han sufrido con mayor severidad las consecuencias de los desequilibrios macroeconómicos acumulados durante el boom crediticio de principios de siglo, este alta médica es extensible al conjunto de la economía española.

Sin embargo, conviene ser conscientes del estado de salud de nuestra economía. Las variables flujo evolucionan con la intensidad y en el sentido adecuado (déficit público, creación de empleo, capacidad de financiación frente al resto del mundo), pero persisten todavía serios problemas en sus respectivas variables stock (deuda pública, tasa de paro, deuda externa). Es la diferencia entre sentirse mejor y estar mejor.

  • Aunque el déficit público bajará este año del umbral crítico del 3% y las administraciones públicas registrarán un ligero superávit primario por primera vez desde el inicio de la crisis, la deuda pública todavía se sitúa en el 98,3% del Producto Interior Bruto (PIB); lejos del 60% que figura en los tratados europeos y, ni que decir tiene, más lejos aún del 35% registrado en vísperas de la crisis.
  • Aunque la ocupación ha crecido casi 1,7 millones de personas en los últimos años, el nivel de 2017 sigue siendo más de 1,7 millones inferior al máximo de 2007. El número de parados el año pasado se situó en 3,9 millones, unos dos millones de personas más que 10 años antes, con una tasa de cobertura (proporción de parados que reciben algún tipo de prestación por desempleo) que ha pasado del 78,4% en 2010 al 56% en 2017.
  • Aunque la economía española ha transformado en superávit exterior (2% del PIB en 2017, en disminución paulatina hasta el 1,5% en 2021) un déficit de financiación frente al resto del mundo que en vísperas de la crisis rondaba el -10% del PIB, la posición de inversión neta internacional todavía se situaba en el 80% del PIB al cierre de 2017, lejos de un 30% que podría reducir nuestra elevada vulnerabilidad a los riesgos del mercado.

Cómo hemos salido de la crisis

En 2017 la economía española recuperó el nivel de PIB de 2008, pero lo hizo con 1,6 millones menos de ocupados. Esto significa, entre otras cosas, que: i) somos más productivos, y ii) se ha agravado el problema de distribución de la renta. Asimismo, el incremento acumulado de la productividad en los años más duros de la crisis no se ha traducido en un aumento generalizado de los salarios, sino que ha servido para apuntalar los márgenes empresariales dañados por la recesión.

De acuerdo con el relato comúnmente aceptado, la restructuración del sector financiero, las sucesivas reformas laborales, el ajuste de plantillas y el estancamiento de los salarios son las razones últimas de la mejora experimentada por la competitividad de nuestras empresas que, a su vez, explicaría el buen desempeño de la economía española frente al resto del mundo en estos últimos años. La evolución de las exportaciones no relacionadas con el turismo (servicios de consultoría, asesoría, técnicos e ingenieriles ligados al proceso de internacionalización de grandes empresas españolas) apoya, en parte, esta tesis.

A partir de este diagnóstico, la propuesta lógica del Programa de Estabilidad consiste en perseverar en la estrategia fiscal de los últimos años, que aparece representada en la tabla adjunta: asumiendo una restricción presupuestaria en 2021 que corresponde a un tiempo en que el gasto en pensiones era mucho menor, nos veremos abocados a seguir eligiendo entre pensiones o todo lo demás. En las circunstancias actuales, llevar la ratio de gasto al nivel de 2004 supone perennizar el raquitismo de la inversión pública (aproximadamente la mitad de lo invertido en la primera década de existencia del euro) lo que, previsiblemente, no sólo tendrá consecuencias negativas sobre la equidad personal, sino también sobre el crecimiento potencial de la economía española.

¿Y si España no tuviese sólo un problema demográfico de pensiones sino, además, un problema de salarios bajos? ¿Y si los salarios bajos no se explicasen sólo por la débil mejora de la productividad, sino también por la merma en el poder de negociación? ¿La rigidez de los salarios al alza responde únicamente a una cuestión de competitividad empresarial o hablamos también de una cuestión de equidad entre la remuneración de los factores productivos capital y trabajo (los dividendos distribuidos han crecido casi un 65% nominal desde 2007 mientras la masa salarial apenas lo ha hecho un 5,6%)? ¿Son los beneficios extraordinarios un residuo, como enseña la escuela neoclásica, o el residuo son los salarios? ¿Puede el mercado laboral dejado a sí mismo resolver el fenómeno del trabajador pobre en España?

La disipación gradual de los llamados vientos de cola (efecto rebote, petróleo, turismo, política monetaria expansiva, estímulos fiscales) nos dará la medida de los cambios estructurales experimentados por la economía española durante los últimos años. La certeza, de momento, es que no tendremos margen alguno para agarrarnos al clavo ardiendo de la devaluación salarial. Y, más preocupante, veremos hasta qué punto se ha erosionado el pacto de convivencia entre el capitalismo y las clases medias y populares, consustancial a las democracias europeas de postguerra.

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