El “inesperado” desfase del déficit acarreará consecuencias

Los pésimos datos de déficit conocidos ayer han herido de gravedad la ya maltrecha credibilidad presupuestaria de España y derribado el mito de que el partido del gobierno es un buen gestor y piloto de la economía. Tenemos el mayor desequilibrio fiscal de la UE, lo que refuerza nuestra dependencia de los mercados, a los que necesitamos para financiar un agujero entre ingresos y gastos que alcanzó el año pasado 56.600 millones de euros (un 5,24% del PIB) y la refinanciación de una deuda pública de 1,07 billones, equivalente al 99% del PIB.

Además, la vulnerabilidad de las finanzas públicas puede agudizarse este año. La economía crecerá menos que en 2015, ralentizando la corrección del déficit. Esta desaceleración podría acentuarse por el inestable entorno internacional. Así que pese a los famosos vientos de cola y el paraguas del BCE, no podremos cumplir el objetivo sin medidas adicionales de ajuste (subidas de impuestos o recortes del gasto). Y, entretanto, seguimos sin gobierno.   

Gráfico 1: Evolución del déficit público por subsectores (como % del PIB)

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Repasemos los datos principales. España registró un déficit del 5,8% del PIB en 2014 que debía reducir al 4,2% en 2015 y al 2,8% este año, lo que permitiría salir por fin de la supervisión reforzada de Bruselas (el llamado Protocolo de Déficit Excesivo). Es decir, el ajuste comprometido en 2015 era de 1,6 puntos del PIB, unos 17.000 millones. En su lugar, ha sido de 0,6 puntos, menos del 40% de lo pactado. Los 17.000 millones de ajuste se han quedado en menos de 7.000.

La píldora mensual de “cumpliremos el objetivo” de los ministros económicos nunca resultó convincente ni para la agencia fiscal independiente (AIReF) ni para los analistas o la Comisión Europea, que esperaban un déficit del 4,7%, que ahora sabemos era demasiado optimista. Mientras, el gobierno desoyó las reiteradas advertencias de estos organismos. Sorprendentemente, incluso el presidente del gobierno difundió hace un mes que el déficit había sido del 4,5%, una cifra aceptable, endulzando el desmadre que se ha registrado al final. Así que Bruselas, que esperaba un desfase frente al objetivo de menos de 7.000 millones se encuentra ahora con uno de más de 10.000. Para hacerse una idea: estos 10.000 millones equivalen a todo lo que gasta el Estado en servicios de empleo, dependencia, protección familiar, becas y pensiones no contributivas. O a los recursos de los ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Fomento y Educación juntos.

Era previsible que el Sr. Montoro echara la culpa a las autonomías, que tenían que haber reducido su déficit más de un punto, desde el 1,75% en 2014 al objetivo del 0,7%, y que se han quedado en un 1,7% sin haber ajustado casi nada. Pero lo cierto es que el gobierno no echó mano durante el año de los mecanismos de control y corrección de la Ley de Estabilidad Presupuestaria sobre las CCAA incumplidoras, algo que pretende hacer ahora. También estaba en el guión subrayar los gastos no recurrentes, que no serán un problema para ajustar este año. El problema es que siempre los hay -¿recuerdan la devolución el famoso céntimo sanitario en 2014?-, por lo que en realidad la “posición de partida” este año no es tan buena como quiere hacernos creer.

Lo que en realidad ocurre es que el gobierno no actuó como garante del cumplimiento de las metas del conjunto del sector público. No embridó a las CC.AA. ni tampoco a la Seguridad Social, de quien es su único responsable. Es más, en contra de lo que suele creerse, el gobierno no ha reducido su déficit durante la legislatura, sino que lo ha aumentado. Así, CC.AA. y Ayuntamientos han corregido su déficit conjunto en 4,7 puntos del PIB (desde el 5,9% en 2011 al 1,2% en 2015). En cambio, la Administración Central y la Seguridad Social lo han agravado en 0,7 puntos, desde el 3,2% al 3,9%.

Hasta aquí hemos llegado por una mezcla de contabilidad creativa y electoralismo presupuestario. El ejecutivo estimó en el presupuesto de 2015 que el consumo público caería un 1,0%. Pero creció un 2,7%. Estimó que los ingresos por cotizaciones se dispararían un 6,8% -¡cuatro veces más que el empleo, algo mágico dada la caída de los salarios!, pero solo han crecido un 1,7%. Y lo que es más increíble: apenas corrigió ambas estimaciones el pasado verano al elaborar los presupuestos actuales, extendiendo estos errores nuevamente a 2016.

La historia fue más grave, por supuesto. Pese a la contabilidad creativa, el déficit pudo haberse cumplido. Una mejor campaña antifraude, el menor gasto en intereses de la deuda y la propia marcha de la economía, que creció un 3,2% (y no el 2,0% previsto en el presupuesto) hubieran bastado para llevar el déficit al objetivo, décima arriba abajo. Pero el gobierno anunció una rebaja fiscal a familias y empresas, relanzó la inversión y devolvió pagas a los funcionarios. Incluso adelantó en verano la rebaja del IRPF correspondiente a 2016. De esos polvos, estos lodos. Estos regalos, claro está, los financiaron los mercados y los pagaremos en forma de mayor deuda.

El gobierno dilapidó la oportunidad de corregir el déficit cuando la recuperación exhibía un dinamismo mayor al anticipado, consiguiendo lo que cualquier libro de texto recomienda: una política fiscal anticíclica. Pero en lugar de ajustar aprovechando que la economía mejoraba, se las arregló para hacer todo lo contrario: dio un acelerón, al calor de los comicios, sin preocuparse de que el vehículo rozaba la reserva.

Hace unos meses se esperaba que la UE fuera comprensiva ante una desviación manejable, máxime viendo que la legislatura no echaba a rodar por el bloqueo institucional. En cambio, ahora la situación es mucho menos halagüeña. España se expone a sanciones, algo que sería inédito. La presión y el mal humor de Bruselas serán el precio a haber resquebrajado la reputación fiscal con que se contaba. Además, las perspectivas han empeorado. El gobierno encontrará difícil volverse rigorista con las CC.AA., sobre todo estando en funciones. Evitará remendar la desviación con nuevos ajustes si hay que convocar nuevas elecciones. Y observará que las cuentas no mejoran como había anticipado, dado que la economía se está frenando más de lo que pronosticó. Esto último ya lo atestiguan ya los datos de enero y febrero, que no han corregido nada el desfase acumulado en 2015 (son ya 18.000 millones excluyendo el superávit de los ayuntamientos).

Remendar una política presupuestaria irresponsable resulta poco probable y atractivo, porque exigir a empresas y familias los ajustes para cumplir el objetivo pondría en jaque la recuperación y sería políticamente suicida. Pero sigue quedando la baza de las reformas. Un impulso reformista genuino, inmediato y ambicioso podría ablandar a las autoridades europeas de cara a una nueva renegociación de los objetivos, al tiempo que serviría para sustentar y equilibrar la recuperación y elevar el potencial de crecimiento de la economía española.

Gráfico 2: Evolución del déficit público (acumulado a 12 meses, como % del PIB)

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