El gran problema de la financiación corrupta de los partidos políticos

La resolución de una de tres pequeñas piezas de la trama Gürtel-Madrid causaba hace unos días un terremoto político que acabó con la primera moción de censura exitosa de la democracia española. Ya se anunció entonces que, en el conjunto de las muchas piezas que conforman las diferentes causas relacionadas con el caso Gürtel, la objeto de pronunciamiento judicial no era una nimiedad, pero sí un ‘entremés’.

La sentencia que desde hace unos días ocupaba los titulares de los medios sigue tirando de ese cabo y desmadeja parte del entramado delictivo originado en Valencia; condena a Correa y personas ligadas a la gestión de sus empresas de eventos, también a cargos políticos del Partido Popular con poder de decisión sobre las finanzas de las campañas electorales de 2007 y 2008 (autonómicas, generales y municipales) y, finalmente, condena a los empresarios que, a través de pagos ficticios a empresas de Correa, estaban devolviendo el precio de esas corruptelas y prebendas que hastían a la ciudadanía.

El magistrado sentenciador ha redactado una resolución especialmente ordenada y clara en la que llama a las cosas por su nombre. Primero, nos recuerda que como los hechos enjuiciados son anteriores a la reforma del Código Penal de 2010, por mucho que el funcionamiento de la trama demuestre un forma delictiva de financiación del partido político éste, como persona jurídica, no puede ser enjuiciado ni condenado penalmente. Otra cosa es que los que actuaron en su nombre o en el de las empresas implicadas (artículo 31) sí lo sean.

En segundo lugar, nos describe detalladamente un círculo de financiación del Partido Popular y nos explica cómo los tres tipos de conductas delictivas por las que se condena a la mayoría de los acusados son, en realidad, eslabones estratégicos para obtener más dinero del legalmente permitido para campañas y actos políticos.

Por último, nos avanza que éste sólo es el primer ‘plato’ del ‘festín’ delictivo, pues aún falta por decidir sobre 10 piezas del caso Gürtel en las que se investigan delitos tan graves para el funcionamiento del Estado de Derecho como sobornos, prevaricaciones, etcétera. Ése será, en realidad, el plato fuerte de esta especie de menú judicial del que nos estamos alimentando.

En el plato que ahora intentamos digerir se condena a una veintena de personas por delito electoral al obtener financiación ilegal para las campañas electorales antes mencionadas (artículo 149 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral general 5/85 anterior a la reforma de 2011), falsedad en documento mercantil (artículos 390 y 392 del Código Penal) por emitir facturas falsas para justificar unos pagos de empresarios valencianos a Correa y sus colaboradores a través de un conglomerado de personas jurídicas interpuestas que se dedicaban a la organización de eventos políticos para el Partido Popular. Evidentemente, esta circulación de dinero no tributó por diferentes conceptos (IVA, impuestos de sociedades e IRPF), generando los consecuentes delitos contra la Hacienda Pública (artículo 305 del Código Penal).

Entre 2002 y 2005, Correa creó una sociedad, Orange Market dentro de un conglomerado de sociedades (FCS) y con el objetivo de conocer a personas influyentes, con poder de decisión y ofrecer servicios de organización de eventos, publicidad política, mítines y otros. Se contactó primero con personajes de peso en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, siendo los principales Ricardo Costa y Vicente Rambla. Así, el grupo de empresas del que Correa era dueño mayoritario y principal beneficiario, y que gestionaban efectivamente Pablo Crespo y Cándido Herrero con la intervención de Álvaro Pérez Alonso, el Bigotes, podía ofrecer a sus otros clientes un producto distinto a los eventos. Ese producto era una posición de ventaja a la hora de concurrir a las convocatorias, licitaciones y contrataciones vinculadas al PP, a la Comunidad Valenciana y a otras entidades públicas en las que el Partido Popular tenía peso decisorio.

Mediante sus confesiones, acusados de las tres partes (Correa, PP y empresarios) expusieron, de forma “creíble” y “veraz” para el tribunal, cómo se compensaba indirectamente al Partido Popular por ese trato especial. Las empresas beneficiarias de la ventaja pagaban los servicios que Orange Market y FCS habían ofrecido al PP; de ahí las facturas falsas por servicios no prestados a los empresarios valencianos. Este sistema de pago, según consta en las confesiones, fue ideado por Costa para hacer frente a los gastos electorales. Y como las empresas de Correa cobraban tarde y mal, se acabó añadiendo un sobrecoste a los servicios proporcionados al PP y pagados por los empresarios.

¿Qué tiene de corruptor y corrompido esta maravilla de engranaje en el que todos ganan? Para empezar, que son delictivas las posiciones de ventaja en la concurrencia a contratos y licitaciones públicas con contraprestación,  como seguramente veremos próximamente en el segundo plato de este ágape. Pero también lo es saltarse las normas que controlan la financiación de los partidos políticos. Éstas limitan el gasto en que se puede incurrir en las campañas y establecen también unos criterios muy estrictos en la admisión de donaciones de empresas a las campañas de los partidos. Se pretende colocar a todos en unas mínimas condiciones de igualdad para afrontarlas y esto, como especifica la sentencia, concierne no sólo a las formaciones políticas, sino al interés general.

A diferencia de otros países, en España no se permite que puedan ser donantes empresas o grupos de interés que pudieren beneficiarse de las políticas de contratación pública de ese partido. Las donaciones tienen que realizarse bancariamente, tributar y ser controladas por el Tribunal de Cuentas. Esta descripción del porqué se crea tal circuito de cobro de favores da en la diana de lo que hoy en día es el centro de la corrupción en España. La Administración española cotidiana no es sistémicamente corrupta, pero no tener realmente resuelta la gestión y magnitud de la economía de los partidos políticos es el gran agujero negro por el que se corrompe el sistema político actual.

 

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