El fracaso del Programa de Activación para el Empleo

Estos días los medios de comunicación se hacían eco de la escasa utilización que ha tenido el plan ideado por el Gobierno para dotar de una ayuda económica a los parados que han agotado todas las prestaciones y que recibió el nombre de “Programa de Activación para el Empleo” (PAE). La verdad es que, a juzgar por los datos, el programa ha sido un auténtico fiasco.

El siguiente gráfico muestra los beneficiarios de subsidios asistenciales por desempleo, los del propio Programa de Activación y la tasa de cobertura, que es el porcentaje de parados que reciben una ayuda por desempleo, del tipo que sea.

Los subsidios no son la única modalidad de ayuda que reciben los parados (también están las prestaciones contributivas y la renta activa de inserción), pero son los más próximos, por sus características, al PAE. De ahí que los hayamos elegido. No obstante, si tomamos como referencia el conjunto de todas las ayudas posibles, éstas logran que, aproximadamente, sólo uno de cada dos parados reciban algún tipo de sustento económico, que es precisamente lo que muestra la tasa de cobertura.

El Programa de Activación para el Empleo ha contribuido más bien poco a paliar esta situación, pues ha supuesto de media el 5,3% del total de ayudas asistenciales. Si lo comparamos con el total de prestaciones a desempleados, los beneficiarios del programa han supuesto el 2,2% del total de ayudas al desempleo. Por tanto, es evidente que nuestro sistema de protección por desempleo es insuficiente para otorgar protección al conjunto de parados de nuestro país y que las ayudas extraordinarias ideadas para revertir esta situación no han conseguido siquiera mejorarla levemente.

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Sin embargo, estos resultados no deben extrañarnos. Los predecesores de este programa, llamados PRODI y PREPARA, también fueron insuficientes para hacer frente al enorme volumen de desempleados. Es más, en relación a este último, el actual Gobierno en funciones ya procedió en 2012 a introducir una serie de requisitos que endurecieron de forma notable la posibilidad de acceder a este tipo de ayudas.

En concreto, podemos destacar tres requisitos. En primer lugar, si en la anterior versión del programa, éste se centraba en los desempleados desprovistos de cualquier tipo de protección. Pues bien, a partir de la reforma, lo hará exclusivamente en los parados de larga duración y en aquéllos desempleados que contaban con responsabilidades familiares, entendidas éstas como tener a cargo al cónyuge, hijos menores de 26 años o mayores discapacitados.

Por consiguiente, los colectivos objeto de protección se reducen, resultando especialmente perjudicado el de los jóvenes. El promedio de desempleados menores de 30 años que llevaban al menos un año en desempleo se sitúo en torno al 27% en 2012. Es cierto que esto no implica que el 70% restante hayan sido excluidos, pues el programa exigía otros requisitos, pero puede ser un buen indicador de la magnitud del recorte para este colectivo.

También resultaron afectados por la norma todos aquellos trabajadores que, por tener periodos de empleo cortos e intermitentes, bien no alcanzan a la cobertura del nivel asistencial, o bien agotan el subsidio por desempleo o la RAI, y sin embargo no podían acceder a esta ayuda extraordinaria por no tener la consideración de parado de larga duración, esto es, haber permanecido en desempleo al menos doce meses, en los últimos dieciocho.

En segundo lugar también se endureció el requisito de carencia de rentas. Así, si el programa venía exigiendo que se careciera de rentas superiores en cómputo mensual al 75 % del Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, ahora además tampoco podía superar tal límite la unidad familiar, incluyendo en ésta a los padres. De nuevo, la nueva configuración legal estaba especialmente dirigida a excluir al colectivo de los jóvenes de la protección auspiciada por esta ayuda, pues el legislador entendía que contaban con el paraguas que les confiere la familia como institución social, lo que sin duda constituye una visión poco moderna del papel del Estado de Bienestar debe cumplir en nuestros días. Sea como fuere, este requisito especialmente riguroso ha pasado a extenderse a la regulación general de los subsidios.

Por último, también se endureció el acceso y mantenimiento de la ayuda a través de un mayor control al desempleado, al exigirse estar inscritos como demandantes de empleo, habiendo suscrito el compromiso de actividad y comprometiéndose a realizar las distintas actuaciones que se determinen por el servicio público de empleo correspondiente en el itinerario activo de inserción laboral.

A este respecto, la regulación general en esta materia era más que suficiente para articular los compromisos y obligaciones que se exigen a los beneficiarios de este tipo de ayudas como desempleados. No obstante, el legislador deseó ir más allá. Así, introdujo que, dentro de un plazo limitado de tiempo el desempleado debía llevar a cabo al menos, tres acciones de búsqueda activa de empleo, llegándose a establecer un listado del tipo de actuaciones que se debían realizar.

Por consiguiente, las modificaciones introducidas tenían como principal objetivo reducir un programa que era ya de por sí insuficiente. Su heredero, el Programa de Activación para el Empleo, no solamente ha mantenido estos rigurosos requisitos, sino que ha añadido alguno más, como un período de espera de seis meses. La consecuencia lógica no podía ser otra que la señalada más arriba: son muy pocos los que han tenido la suerte de haber sido beneficiarios de este programa.

Todo ello en una situación dramática, en la que como he visto, sólo uno de cada dos desempleados cuentan con protección. Hoy se discute en el Congreso la recuperación del subsidio para mayores de 52 años. Ojalá que sea el primer paso de una revisión profunda de nuestra protección asistencial por desempleo en la que la protección social y la empleabilidad de las personas sean preferentes a los rigores de la austeridad presupuestaria.

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2 Comentarios

  1. Juan Domingo Roman
    Juan Domingo Roman 04-14-2016

    yo no puedo solicitar el PAE asta el dia 23 abril y este programa solo tiene vigencia asta el 15 de abril me podria alguien decir si tienen pensado prolongar o sacar otra sumbención parecida.

  2. Júcar Morales
    Júcar Morales 04-22-2016

    Me parece que el artículo, como por lo demás la legislación, no distingue como debiera entre desempleo y pobreza. La Seguridad Social (no el Estado) paga a los desempleados una prestación proporcional a sus ingresos laborales sea cual sea su situación económica, pero durante un tiempo limitado. Pasado ese tiempo, el Estado tiene obligaciones hacia los parados únicamente si son pobres. Los datos (INE, Encuestas de Condiciones de Vida) dicen que solo 8% de los parados son muy pobres (menos de 3000 euros de renta disponible por unidad de consumo al año) y solo 22% son pobres (menos de 6000 euros de renta disponible por unidad de consumo al año). El PAE no ha fracasado. Simplemente refleja la proporción de parados que están en una situación tan mala como la exigida por el Decreto, que se corresponde más o menos con la de ‘muy pobre’ en las encuestas del INE.

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