El error de las universidades generalistas clónicas

El papel de la Universidad en la dinamización y desarrollo socioeconómico del territorio donde se ubica y actúa ha ido variando en el tiempo y ha recibido tantas interpretaciones como perspectivas teóricas hay sobre la sociedad. Asimismo, y de forma recíproca, los distintos cambios y niveles de desarrollo habidos en el territorio han ido modificando y configurando el concepto mismo de esta institución y su función.

A lo largo de su historia, las universidades han experimentado cambios significativos, tanto en su organización como en sus competencias y fines institucionales, que han afectado a su entorno de manera diferente. De forma muy resumida y sintética, se puede decir que en sus inicios eran consideradas un espacio social donde confluían ideas y reflexiones y cuyo fin primordial era conservar y transmitir conocimientos y saberes. Su misión básica era entonces la docencia, es decir, la enseñanza y la formación.

La Universidad humboldtiana añadiría a esa primera misión histórica el objetivo de progresar en el conocimiento y aplicarlo al desarrollo social y económico, surgiendo con ella la misión de la investigación. A raíz de la II Guerra Mundial se produjo una fuerte vinculación con  los gobiernos para generar tecnologías que ayudasen a ganar la guerra, con lo que las universidades asumieron un papel fundamental en los procesos de Investigación y Desarrollo con fines bélicos gracias a los ingentes fondos públicos. Stanford, Harvard, MIT, Oxford son claros ejemplos de ello.

Tras la II Guerra Mundial, esa relación bilateral Gobierno/Universidad se fue convirtiendo en trilateral, al asumir la industria un papel cada vez más importante. Surgiría a partir de entonces una tercera acción o misión de la Universidad, basada en el principio de responsabilidad social: la transferencia de los resultados de la investigación y la innovación. La Universidad pasó entonces a considerarse una institución que no sólo oferta formación e investigación, sino también elementos importantes de desarrollo regional y local al vincularse con las administraciones y el sector productivo, generando una relación que ayudó a mejorar el funcionamiento de cada una de las partes (la llamada triple hélice de Etzkowitz y Leyersdof).

Por motivos históricos y socioeconómicos de sobra conocidos, la segunda misión llegó a España más tarde que en otros países (baste recordar, con todos los matices que se quieran, el “que inventen ellos”) y la tercera se ha implantado muy recientemente.

Por lo tanto, hemos pasado en pocos años de la idea de la búsqueda del conocimiento por el conocimiento a otra en la que la Universidad debe servir a la sociedad y su economía, mejorando las condiciones de vida de las personas. La institución se ha situado en una nueva cultura de la responsabilidad social que implica reformular su visión institucional y asumir más explícitamente un importante papel en el desarrollo regional y nacional. A sus funciones clásicas se han añadido las de investigación científica, la de prestar servicios de información y transferencia tecnológica al sector productivo y la de desempeñar un papel en la promoción de la cultura local, así como realizar una función destacada como agente de desarrollo territorial.

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En este contexto, la colaboración y relación entre empresas, poderes públicos y universidades son decisivas, ofrecen oportunidades y posibilidades muy amplias (no sólo económicas, aunque también) y conllevan beneficios mutuos; para las propias universidades, por ejemplo, al dotar los contenidos de los estudios de un componente práctico superior, permitir la obtención de recursos adicionales y mejorar la calidad de la enseñanza y la investigación.

Esa mayor inserción de la Universidad en su entorno le otorga también funciones claras como agente dinamizador de iniciativas innovadoras y de desarrollo, en un ámbito de influencia difícilmente acotable en su perímetro (movilidad de graduados e investigadores, spillovers…).

Por consiguiente, los factores clásicos de desarrollo a los que teóricamente la Universidad puede contribuir son de hecho muy variados. Entre otros: creación de renta y empleo directo, transferencia de tecnología, creación de empresas y spin-offs, contribución a la base exportadora, atracción de transferencias, incremento del capital humano del territorio o región, mejora del sistema de investigación y tecnología, mayor movilidad y flexibilidad en el empleo, mejora del entorno cultural, atracción de talento, puente entre redes de investigación y el sector productivo.

La evidencia empírica muestra que las universidades ejercen un papel fundamental en el desarrollo económico y la dinamización del territorio en el que se establecen y actúan, generando impactos positivos que influyen en la competitividad, el crecimiento y el desarrollo social. En España fue pionero el estudio encabezado por Mercé Sala para la Universidad de Lleida. Luego han venido otros muchos  más que sería prolijo citar pero que atestiguan, confirman y avalan lo señalado. Recientemente, el importante efecto dinamizador de la Universidad ha quedado de manifiesto, una vez más, en la Jornada El impacto económico y social de las universidades en su entorno, celebrada el pasado 22 de enero en la Autónoma de Madrid y que reunió a destacadas personalidades de la Conferencia de Consejos Sociales, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue), la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), la Comisión Europea, organismos y representantes autonómicos y universitarios, etcétera.

Grosso modo, los estudios existentes se agrupan en dos tipos: los de impacto sobre la demanda (son mayoría) y los que ponen el acento sobre la oferta. Los primeros analizan el gasto que hacen las universidades (la institución como tal, los estudiantes y su personal docente, investigador y administrativo), que afecta directa e indirectamente a la demanda de ese territorio y, consecuentemente, genera un impacto económico en la producción de bienes y servicios a corto plazo. Ese efecto se calcula sumando el impacto directo (derivado de la generación de valor añadido bruto y ocupación como consecuencia directa de la actividad realizada por la Universidad, su personal y estudiantes), el indirecto (derivado de las relaciones intersectoriales que se generan como consecuencia de la demanda de bienes y servicios de las universidades para desarrollar su actividad) y el inducido (aumento de la producción que tiene su origen en las rentas del trabajo generadas directa e indirectamente y como destino el consumo de bienes y servicios). Estos dos últimos se obtienen a partir de las tablas input-output. Mediante el impacto total se obtendría la incidencia en el Producto Interior Bruto (PIB) regional, los salarios generados y puestos de trabajo creados, los impuestos generados, etcétera. Según las ponencias presentadas en la jornada a la que hacía referencia, en el caso de Andalucía se ha estimado que la contribución de las universidades públicas al PIB regional fue de 2,12 puntos en 2012, en Cataluña de 1,7 en 2015 y en Madrid 2,05 en 2014.

Los estudios de impacto sobre la oferta, también llamados de impacto sobre el conocimiento, pretenden calcular los efectos que se derivan de los outputs generados por las universidades. Tratan básicamente de evaluar el aumento de la productividad derivado de la mejora del capital humano asociado a la formación recibida y a la I+D+i llevada a cabo. Corresponderían a lo que se ha denominado tercera misión de la Universidad, la relacionada con la generación, uso, aplicación y explotación del conocimiento y otras capacidades universitarias fuera del ámbito académico. Estos estudios son más escasos y posiblemente más interesantes para el diseño de las estrategias universitarias, pero más complicados de realizar por la escasez de indicadores y sus efectos a más largo plazo.

En cualquier caso, es comúnmente aceptado que para el progreso económico y social es condición necesaria (junto a la capacidad y voluntad de las personas de promover y gestionar el cambio) el conocimiento; y no debemos olvidar que la Universidad es un agente indispensable y esencial para ello. Y, por otro lado, que hay que tener en cuenta que más allá de la cuantificación monetaria, las universidades generan unos intangibles cuantitativos (patentes, derechos de autor, clusters, fondo de comercio…) y cualitativos que afectan al desarrollo de su entorno. Además, en general se acepta que la Educación Superior genera una serie de beneficios públicos y privados; entre otros, y sin ánimo de ser exhaustivos: mayor cohesión social, confianza y tolerancia, menos delincuencia, mayor movilidad y capital social, estabilidad política, mayor innovación y flexibilidad del mercado de trabajo, mayor oferta y demanda de productos y servicios culturales, influencia sobre la imagen del territorio y la identidad regional, aumento de la participación ciudadana y mejoras en la organización de los procesos políticos, mayor propensión al voluntariado.

En definitiva, y por todo lo anterior, parece indudable el efecto positivo de las universidades sobre su entorno. Incluso sería mucho mayor si éstas se adaptasen a las realidades concretas del mismo. No parece muy normal, ni lógico, la poca especialización y la existencia de universidades generalistas y prácticamente clónicas unas de otras en territorios con estructuras socioeconómicas completamente distintas. Algo debe estar pasando al respecto y no precisamente bueno.

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