El conflicto catalán y la externalización de la política

La ciudadanía de los países desarrollados exige a la política soluciones ante sus problemas cada vez más relevantes y acuciantes. Pero la política (vía partidos y líderes políticos) se muestra totalmente impotente. Desde hace tiempo, el poder ya no está en manos de la política; está en manos de la economía. Y el problema reside no sólo en que la economía ostenta el poder real, sino que la política ha renunciado a sus funciones de regulación y control de los mercados. Se ha ido creando una red de instituciones públicas, del tipo agencias reguladoras de carácter nacional o supranacional (Unión Europea y Unión Monetaria), en el que los agentes reguladores están en manos de tecnócratas articulados en comunidades epistémicas de carácter profesional cada vez más blindados de la política y de los políticos.

Con el consentimiento de todos hemos decidido que la regulación económica es un tema demasiado serio para dejarlo en manos de unos inexperimentados políticos. El problema reside en que los ciudadanos podemos influir en la política, pero no en agencias independientes y mucho menos en unos mercados que operan con vida propia. Se trata de una paradoja, ya que hemos sido los propios ciudadanos los que hemos alentado que nosotros mismos dejemos de tener influencia, aunque sea por vía interpuesta, sobre la economía.

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Los partidos y líderes en el Gobierno se dedican a “gobernar en el vacío” (Mair, 2015). Los ciudadanos contemplan perplejos cómo los canales democráticos ya no les ofrecen opciones diferenciadas, las distinciones entre izquierda y derecha se han diluido, y todo ello debido a la impotencia de la política para hacer política en mayúscula, que no es otra que la política económica. Mair llega a afirmar que la política en los estados es tan impotente ante el poder de los mercados y de las agencias reguladoras que actualmente en Europa ya no existe democracia real, sino una democracia inercial, orgánica, constitucional y administrativa; pero no una democracia popular. Los partidos políticos muestran signos tan alarmantes de impotencia que incluso han perdido su fuente de poder más básica, que consiste en seleccionar entre sus afiliados y simpatizantes a las élites que nos deberían gobernar. ¿Quiénes han elegido a Trump, a Macron o a Puigdemont? Es evidente que no sus partidos respectivos.

En el caso de un conflicto territorial de carácter intraestatal, como es el que mantienen desde hace años el Estado español y una parte de los partidos políticos y de los movimientos sociales de Cataluña, es un conflicto político que debiera encauzarse por la vía política vinculada a los partidos nacionales españoles y a los independentistas catalanes. Este conflicto no tiene que ver ni con la globalización ni con la economía con mayúsculas y, por tanto, entra perfectamente en los dominios del poder estatal y de la capacidad de los partidos políticos para resolver los problemas. En este conflicto no intervienen los grandes poderes económicos, ni los organismos supranacionales ni las grandes instituciones reguladoras. Se trata de un conflicto que, curiosamente, podría contribuir a empoderar a los partidos políticos de España y de Cataluña para demostrar que todavía siguen siendo útiles para la resolución de los grandes problemas sociales y económicos que afectan a los ciudadanos.

Por esta razón genera perplejidad y desazón que, ante un envite de estas dimensiones, los partidos políticos gobernantes hayan huido de sus responsabilidades y hayan externalizado a otros sectores la resolución del conflicto. La externalización es una mecánica conocida en la Administración pública: las instituciones públicas derivan la gestión de una parte de sus servicios a las organizaciones privadas con ánimo de lucro (empresas) o sin él (economía social). Se trata de una metodología que busca la prestación de servicios públicos de manera más eficaz y eficiente.

Pero en muchas ocasiones se recurre a la externalización de manera reactiva: un mal diseño de las organizaciones públicas y de su modelo de gestión de personal colapsan al sistema público y éste se ve obligado a diferir una parte de su gestión a las organizaciones privadas. Cuando la motivación a externalizar es reactiva, ésta suele ser bastante deficiente y no se suele lograr una mayor calidad y una mayor economía en los servicios públicos externalizados.

Ahora resulta que la dinámica externalizadora de carácter reactivo se ha transferido al ámbito político, y una muestra de ello es el conflicto entre el Estado español y Cataluña. Por una parte, Rajoy renunció en su momento a hacer política: ni negociación ni seducción política, sino que su decisión fue la externalización del problema y del conflicto hacia los tribunales de Justicia.

Esta opción no es insólita en nuestro sistema institucional. Por ejemplo, la Constitución española de 1978 dejó muy abierto en su título VIII el modelo de descentralización del país. Era lógico, en aquel momento, que lo dejara poroso, ya que no se podía resolver de golpe un tema tan delicado y que intentaba canalizar uno de los conflictos y deficiencias históricas más importantes de España: el modelo de articulación entre el centro y la periferia. En este sentido, los constitucionalistas dejaron un modelo abierto para que, con el tiempo, el juego entre los partidos políticos lo fueran definiendo. Pero éstos jamás asumieron este envite y decidieron externalizar el modelo de organización territorial de carácter político al Tribunal Constitucional.

El modelo de descentralización en España ha sido en gran medida definido por este Alto Tribunal y no por los partidos políticos. El resultado ha sido una permanente insatisfacción de los propios partidos, una falta de empatía de una parte de la ciudadanía y una deslegitimación jurídica, política y social del propio Tribunal Constitucional.

Externalizar el conflicto político catalán en los tribunales de justicia ha sido un inmenso error. No ha solucionado el problema, sino que lo ha agravado y ha dejado a los partidos políticos españoles sin margen de actuación y sin capacidad para poder recuperar la agenda política. El Poder Judicial, con todas sus interferencias, es independiente, y sigue su propia lógica sin atender, como es lógico, a los argumentos políticos más básicos. El Estado y sus burócratas (en este caso, los jueces) se defienden si se pone en riesgo la integridad territorial. Se excitan y tienden a la sobreactuación. La imputación por rebelión y la prisión preventiva es una muestra de ello. Ambos elementos agravan sobremanera el problema y dejan sin salidas posibles a corto y a medio plazo a la política que puedan impulsar los partidos políticos. La externalización del conflicto ha dejado al Gobierno español sin capacidad para redefinir la agenda.

Por otra parte, los partidos independentistas catalanes han decidido imitar esta perversa dinámica externalizando la gestión del conflicto a las organizaciones sociales y, en general, a la sociedad civil. La agenda de presión política la han cedido a asociaciones tipo ANC o a los famosos CDR. En este caso, la idea de externalizar parecía más sensata, ya que el concepto era que la sociedad civil presionara por la vía de las protestas, pero con una estrategia debidamente diseñada y controlada por los partidos políticos independentistas y por la institución que gobiernan (la Generalitat de Cataluña).

Pero el manual aconseja que, para acometer una buena externalización, los que la llevan a cabo deben tener unos objetivos muy claros y poseer unos sistemas de control muy estrictos para asegurar que dominan la agenda política. Pero ni lo uno ni lo otro: ni han sido capaces de definir unos objetivos claros (ni explícitos ni ocultos) ni han tenido capacidad de control de unas organizaciones sociales que, al ser asamblearias, son bastante impermeables al control de los partidos y de las instituciones políticas. El resultado es que el conflicto catalán tampoco lo dominan los partidos independentistas, sea por la vía partisana o por la vía institucional.

Sabido es que cuando se libera de manera alegre la pasta del tubo de dientes, ya no hay nada que hacer. Ni el Gobierno español puede desencarcelar a los presos ni el catalán canalizar la indignación de una parte de los independentistas. Ahora sólo pueden dedicarse a rezar para que la pasta de dientes no sea tóxica y que se vaya secando de manera espontánea con una futura presión ambiental que no es muy favorecedora (juicios, sentencias, populismo de algunos partidos que desean pescar a río revuelto, etcétera). Todos sabemos que sólo una negociación política que proponga un nuevo marco institucional en relación al modelo de descentralización y la salida de los presos es la única solución posible. Pero todo esto no se podrá realizar hasta que haya sentencia y se considere como momento propicio indultar a los sentenciados. Y para que esta solución sea posible, hay que dejar transcurrir demasiado tiempo. El tiempo que requiere recuperar unas externalizaciones del conflicto muy mal pensadas y diseñadas.

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