El cambio de paradigma

En torno a la aprobación del artículo 155 de la Constitución y el rechazo al derecho a decidir, se ha producido un alineamiento de PP, PSOE y C´S en su favor frente al independentismo catalán. Esto se debe a un cambio de paradigma en el Estado en su relación con los nacionalismos subestatales vasco y catalán, que ha pasado por tres fases:

1ª. De participación, con matices, de los nacionalismos en el proceso constituyente;

2ª. De pactos de gobernabilidad entre las dos fuerzas estatales predominantes, PSOE y PP, con ambos nacionalismos, antes que ir a la Gran Coalición o establecer consensos básicos entre ellas;

3ª. Desde 2008, abandono del paradigma pactista por los dos partidos estatales, para sustituirlo por un acercamiento entre ambos en materia socioeconómica por el control de gasto en la UE (reforma art. 135 CE), y también en materia territorial, aun manteniendo diferencias sobre la reforma constitucional.

En la segunda fase, la prioridad tanto de PSOE como de PP era la de pactar la gobernación con PNV y CiU (y luego ERC), para impedir el acceso al Gobierno del otro partido, sobre todo en situaciones de mayoría relativa. Esto implicó una dialéctica tensa entre ambos y, paradójicamente, una crítica deslegitimadora mutua cuando uno optaba por el mismo pacto que el otro había celebrado anteriormente.

Sin embargo, diversos hechos contribuyeron progresivamente a que se reorientara esta estrategia en torno a 2008: el Pacte del Tinell, Lizarra, el Plan Ibarreche, el Estatuto catalán de 2006 y la famosa sentencia del TC 31/2010. El PP recogió firmas contra el mismo y lo recurrió, mientras que el PSOE, tras los pactos con BNG en Galicia y ERC en Cataluña, decidió vetar el acuerdo con Nafarroa Bai en Navarra y pactó con el PP en el País Vasco, enviando al PNV a la oposición por primera vez.

Ambos partidos, pues, fueron cambiando su consideración hacia los partidos nacionalistas, pasando a ser de socios de gobierno a adversarios políticos. Ambos rechazaron el Plan Ibarreche en 2005 y si el PP recurrió el Estatut, el PSOE no protestó por la sentencia. A partir de ahí, el Estado ha rechazado tres reclamaciones indispensables para el nacionalismo catalán: el carácter nacional de Cataluña, el pacto fiscal y el referéndum pactado. A la vista de ello, los nacionalistas constatan que han perdido el papel influyente de antaño y se radicalizan hacia el separatismo. La irrupción de Ciudadanos como nuevo partido bisagra, pero de ámbito nacional, ha contribuido a modificar la situación general. Todo ello supone un cambio en el sistema político español relativo a la relación del Estado con los partidos nacionalistas, un cambio de paradigma.

Tras el Plan Ibarreche ha habido un cambio de estrategia en el nacionalismo vasco para intentar recuperar el papel influyente de antaño. Pero, por el contrario, asistimos a un enfrentamiento creciente entre el Estado y los independentistas catalanes, entregados a una estrategia unilateral contraria a la legalidad. Sin embargo, no hay que olvidar que dicho enfrentamiento tiene lugar después de que durante los años de la segunda fase antes mencionada, tanto PP como PSOE pactaron con CiU y ERC la gobernación en Madrid mientras éstos iban aplicando un proyecto político basado en la construcción nacional de Cataluña dentro del Estado. Un proyecto nacionalizador que consistía en resaltar la identidad propia a través de la enseñanza y los medios de comunicación públicos, apoyar el desarrollo de una sociedad civil nacionalista y extender un discurso victimista de agravio con respecto a España, tejiendo al mismo tiempo una amplia red clientelar y corrupta. Un proyecto que ahora se percibe por muchos como contradictorio con los intereses generales del Estado, pero ante el que los dos grandes partidos nacionales miraron hacia otro lado.

La duda orteguiana es si los dos nacionalismos son integrables en un proyecto español común. Ahora parece que ambos partidos, como Azaña durante la guerra, han llegado a la conclusión de que no es posible. Si es así, la reforma constitucional será la primera víctima, y la resolución definitiva del problema catalán muy improbable. La estrategia del PP es intentar desmovilizar con el tiempo la resistencia separatista mediante la aplicación efectiva del 155. En cualquier caso, habrá que ver si este cambio de paradigma se consolida y, si así fuera, cómo se gobernaría el Estado con una entente constitucional de PP, PSOE y CS enfrentada a los nacionalismos subestatales.

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