El bloqueo presupuestario en Cataluña

Los hechos

El miércoles 8 de junio, en el Parlament catalán se aprobaban las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de Ley de presupuestos por 72 votos contra 62, lo que implicaba el rechazo parlamentario a los presupuestos presentado por el Gobierno autonómico.  Se trataba de aprobar una nueva Ley de Presupuestos, ya que debido a la cercanía de las elecciones autonómicas, el recién formado Gobierno no tuvo ocasión de elaborar unos presupuestos nuevos antes de fin de año, por lo que se prorrogaron los del ejercicio anterior y se aprobó el Decreto-ley 4/2015, de 29 de diciembre, de necesidades financieras del sector público y otras medidas urgentes en prórroga presupuestaria.

Sin embargo, la CUP, apoyo necesario del gobierno de Junts pel sì, consideraba que los presupuestos presentados resultaban insuficientes para proclamar la independencia de Cataluña y que además estaban supeditados a Montoro y a la Troika, por lo que decidió votar a favor de dicha enmienda de devolución de las cuentas propuestas por el Ejecutivo.

Aunque esta es la primera vez que unos Presupuestos de la Generalitat se someten al Parlamento y son rechazados allí, no podemos olvidar que la Comunidad Autónoma catalana ha comenzado los últimos seis años, por unos u otros motivos, con prórrogas presupuestarias, lo cual denota una gravísima situación de anormalidad institucional.

Las normas

La Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), tras la reforma efectuada por la Ley Orgánica 5/2001, Complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, en su art. 17, se remite a los órganos autonómicos competentes para que regulen, de acuerdo con sus Estatutos, “la elaboración, examen, aprobación y control de sus presupuestos”. Sin embargo, posteriormente, en el art. 21, extiende a las Comunidades Autónomas algunos de los principios presupuestarios reconocidos constitucionalmente, como los de anualidad y universalidad, así como el instituto de la prórroga presupuestaria.

Así pues, tal como ha insistido el Tribunal Constitucional, aun cuando los principios presupuestarios descritos, incluida la prórroga presupuestaria como excepción constitucionalmente admitida al principio de anualidad, no hubieran sido expresamente recogidos por la legislación autonómica, les serían directamente aplicables, puesto que se trata de principios consustanciales al Presupuesto y a la institución parlamentaria (STC 3/2003, de 16 de enero, FJ 6). En cumplimiento de esta norma, que pertenece al llamado “bloque de la constitucionalidad”, nada dice expresamente el Estatuto de Autonomía catalán, pero el artículo 33 del Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, establece que, si por cualquier motivo a 1 de enero el presupuesto no está aprobado, se considerará prorrogado automáticamente el del año anterior en sus créditos iniciales hasta la aprobación y la publicación de los nuevos en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La prórroga

Lo cierto es que la aprobación de los Presupuestos ha sido considerada como la función “originaria” de los Parlamentos, e incluso actualmente en los sistemas de corte presidencialista (Francia, EEUU) constituye una de las principales competencias del Parlamento. Precisamente por ello, la prórroga de los Presupuestos del ejercicio anterior debe entenderse como lo que realmente es, una solución transitoria que el ordenamiento ha articulado para evitar indeseables supuestos de paralización económica del Estado o, en este caso, la Comunidad Autónoma (que es a lo que inevitablemente conduciría si el Ejecutivo no contase con la necesaria cobertura presupuestaria para sus gastos).

Desde la CUP, se insiste en que la  prórroga “no implica la parálisis” de la Comunidad Autónoma, pero lo cierto es que desde la perspectiva económica las consecuencias son bastante serias: impedirá al ejecutivo catalán aumentar el nivel de gasto este año, a pesar de que hay más dinero disponible para las distintas autonomías y de que el aumento del gasto previsto en los presupuestos era de un total de 1.113,4 millones de euros. Otra consecuencia –esta derivada de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas de 2012– es que el aumento de recaudación que se logre este año deberá destinarse necesariamente a reducir déficit (el límite establecido para este año es del 0,7% del PIB). Asimismo, esta situación de prórroga presupuesta también supondrá dificultades para devolver la parte pendiente de abonar de la paga extra de 2012 de los funcionarios autonómicos –equivalente al 75,96 %.

Todo ello, no cabe olvidar, en el marco de un ejecutivo sometido a estrecha supervisión desde el Ministerio de Economía y Hacienda, y completamente incapaz de financiarse en los mercados externos, al estar su deuda calificada como bono basura.

El significado político

Se equivoca la CUP al insistir en la necesidad de aprobar “la ley más importante de esta legislatura” que para ellos no es la de Presupuestos, sino la de transitoriedad jurídica, porque es la que marca el camino para la “desconexión” del Estado. Se equivoca porque una es imposible sin la otra. Primero, porque la actual Ley de Presupuestos prorrogada, no prevé la dotación económica para emprender los gastos necesarios para emprender dicha iniciativa. El propio Puigdemont, en una entrevista a El País, el pasado 4 de junio reconocía que “No se puede ir hacia la independencia con unos presupuestos prorrogados”.

Pero sobre todo, la imposibilidad de aprobar un presupuesto supone un clamoroso fracaso político, al poner de manifiesto  la inexistencia de una mayoría parlamentaria.  En este aspecto, el Estatut de Autonomía catalán y la Ley 13/2008, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno, mediante la regulación de la cuestión de confianza y la moción de censura, siguen un modelo que entraría dentro del llamado parlamentarismo racionalizado. Por exigencias de esta variante del sistema parlamentario tradicional, extendido en la mayoría de las democracias parlamentarias a partir de la Segunda Guerra Mundial, los mecanismos de exigencia de la responsabilidad política del Gobierno pasan a regularse expresamente, sometiéndose a procedimientos estrictos. Esto es, dichos procedimientos no sólo actúan como mecanismos del Parlamento para exigir la responsabilidad política del Gobierno sino que, al propio tiempo, sirven para evitar situaciones de crisis de Gobierno; lo cual, sin duda, contribuye a reforzar la situación del Ejecutivo y, más concretamente, la del Jefe del Gobierno.

Así pues, aunque desde una perspectiva estrictamente jurídica el Gobierno puede seguir gobernando con unos presupuestos prorrogados, políticamente la situación es muy grave y debería conllevar alguna consecuencia igualmente seria, como la dimisión del Ejecutivo o la disolución de las Cámaras (esto último imposible en estos momentos hasta que no se cumpla un año de la última disolución). En este caso, Carles Puigdemont ha anunciado en la Cámara que va a someterse a una cuestión de confianza ante el Parlament. Se trata de un instrumento parlamentario extraordinario para ratificar ante los diputados la legitimidad de su figura, su Govern y su programa, por lo que de no superarse la votación, supondría su dimisión y el Parlament debería elegir un nuevo presidente. Una medida ajustada a la gravedad de las circunstancias, pero que no casa muy bien con la decisión de esperar hasta septiembre para someterse a dicha cuestión de confianza…

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