El bloque social del pacto PP-Ciudadanos: comentarios breves

Pedro Sánchez decía en un tuit que la reunión con Mariano Rajoy había sido “prescindible”, y en otro que después de la firma del pacto de investidura PP-Ciudadanos el PSOE tiene aún más razones “para no votar a Rajoy”, porque ese pacto consagra “un programa de gobierno conservador y continuista”. Rivera afirmaba, en cambio, que “de las 150 medidas firmadas con Rajoy, 100 las firmé con Sánchez”. Son varios los artículos que han detallado los parecidos y las diferencias del pacto en general. Este post se circunscribe al bloque social del pacto y trata de analizar hasta qué punto las medidas ahí contenidas aportan, como sostiene Sánchez, aún “más razones para votar no a Rajoy”.  

Dentro de los “150 compromisos para mejorar España”, el Bloque II está dedicado a la “Sociedad del bienestar y del conocimiento”. Dado que el bloque se divide en 14 epígrafes —comenzando por las pensiones (epígrafe a) y terminando por la cultura (epígrafe n) — y que este post pretende aportar una visión panorámica y resumida de las principales diferencias en materia social entre ambos pactos, me centraré en las divergencias en sólo tres ámbitos —que además concentran buena parte del gasto previsto en la dotación presupuestaria del acuerdo PP-C’s—: (a) garantía de ingresos, (b) igualdad de oportunidades y (c) conciliación laboral y familiar. Los analizaré por este mismo orden.

En ambos pactos con Sánchez y Rajoy, la medida estrella en materia de garantía de ingresos impulsada por Ciudadanos ha sido el Complemento Salarial Garantizado (CSG). Sin embargo, existen dos diferencias significativas entre las políticas destinadas a los ciudadanos en situación de mayor vulnerabilidad contempladas en febrero en el pacto con el PSOE y las contenidas ahora en el pacto con el PP. Primero, en el pacto PSOE-C’s el complemento salarial formaba parte de un paquete social más amplio que se completaba con (a) una renta mínima de inserción a nivel nacional y (b) un incremento de la cuantía de la prestación por hijo a cargo. El acuerdo PP-C’s destina alrededor de 2.000 millones de euros al CSG, frente a los 7.000 que proponía “distribuir” el acuerdo PSOE-C’s. Segundo, a pesar de que en su redacción actual el CSG se configura como un verdadero “impuesto negativo sobre la renta” (§61), en realidad éste no tiene un tramo negativo. Es decir, genera el derecho a una prestación sólo en el caso de que se tenga un empleo, excluyendo de la protección a toda la población desempleada. Es claro que en un país con un mercado laboral tan disfuncional como el español esto supone una laguna importante. Pero más allá de esto, y en la línea de lo sugerido por la literatura empírica más reciente sobre los créditos fiscales, es probable que el CSG se hubiera tenido que acompañar, como ocurría en el pacto PSOE-C’s, de una subida del SMI, porque de lo contrario aumenta el margen potencial de “captura” de las prestaciones por el empleador en forma de salarios más bajos (Nichols y Rothstein 2015).

Tras el CSG, el programa social con mayor dotación presupuestaria prevista —alrededor de 1.500 millones anuales a partir de 2018— es el Plan contra la Pobreza Infantil (Plan INFANCIA), destinado a reforzar “los Fondos creados desde 2014, incrementando su dotación”. Pero en esta rúbrica sobre la igualdad de oportunidades hay que incluir otros tres programas del acuerdo: el Programa de Refuerzo Educativo para luchar contra el fracaso escolar (Plan PREFE) —500 millones de euros a partir de 2018—, el Plan CONCILIA 3, orientado a una universalización progresiva de la educación infantil en la etapa de 0 a 3 años —Garicano ha escrito sobre la importancia de la inversión en el capital humano infantil con referencia a los trabajos de Heckman y Hanushek y Woessman aquí y aquí, por ejemplo: 150 millones de euros a partir de 2018— y el Plan de Gratuidad de los Libros de Texto —350 millones a partir de 2018—. Mientras que la universalización progresiva de la educación infantil y las ayudas para la adquisición y la compartición de libros de texto figuran en ambos pactos, el abandono escolar temprano ni siquiera se mencionaba en aquel acuerdo. Al menos a priori, esto podría ser visto como una mejora de aquel pacto en materia de igualdad de oportunidades. ¿Qué hay, si es que hay algo, que Sánchez pudiera objetar en lo atinente a la igualdad de oportunidades en el pacto PP-C’s?

España no es sólo uno de los países europeos con mayor fracaso escolar, sino también una de las democracias industriales con mayor tasa de repetición. Peor aún, como muestra este gráfico, la tasa de repetición en España ha aumentado entre 2003 y 2012, hasta situarse en el 33% del alumnado en 2012. ¿Hay algo de malo en ello? Dicho brevemente, el problema es que repetir es una mala idea, porque existe evidencia (aquí para Uruguay, aquí para EEUU, aquí para España) de que la repetición no sólo está correlacionada sino que es causa del abandono escolar prematuro. Además, no todas las democracias industriales prevén el mecanismo de la repetición. Como recordaba aquí Antonio Cabrales, en EEUU rige un sistema de avance automático de curso desde la década de 1960. ¿Significa eso que deberíamos implantar un sistema de este tipo en España? No necesariamente. Ni siquiera está claro, como observan Brunello y Checchi aquí, que una separación muy temprana de los alumnos à la alemana (a los 10 años) sea una buena idea, por las desigualdades educativas y de oportunidades que genera —sobre todo entre alumnos nativos e inmigrantes—. Sí hay, en cambio, tres cosas más o menos claras: (1) que, a pesar de lo que se establece en el articulado de la LOMCE, la repetición es una herramienta empleada de manera habitual para enfrentar los malos resultados académicos, (2) que la repetición es una mala herramienta para mejorar los resultados de los alumnos y (3) que no hubiera estado de más que en el pacto PP-C’s se apuntaran medidas alternativas a la repetición para reducir el abandono escolar temprano —que, insisto, es quizá el principal reto del sistema educativo español—, más allá de garantizar cierta financiación adicional “a los centros educativos que cuenten con alumnos procedentes de entornos desfavorecidos” (§79) —y que, por cierto, sólo se mantendrá en la medida en que el centro logre “[reducir] sus tasas de repetición y abandono escolar” (ibídem)—.

Por último, la sección sexta del bloque social prevé, entre otras medidas relativas a la conciliación familiar que también figuraban en el acuerdo PSOE-C’s como el pacto nacional para la racionalización de horarios o la finalización de la jornadas laboral a las 18h, “las medidas necesarias con el objetivo de igualar los permisos de paternidad con los de maternidad en los próximos años” (§66) —800 millones de euros a partir de 2018—. Aquí hay dos cuestiones destacables. Por una parte, se modifica la redacción del inciso referente a los permisos de maternidad y paternidad del pacto PSOE-C’s, que junto al incremento de las 18 a las 26 semanas preveía que “[l]a distribución de las 10 semanas restantes será opcional entre la madre y el padre”. Esta rectificación puede traer causa de la crítica de la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción al redactado del acuerdo PSOE-C’s, al entender que la opcionalidad en realidad implica abrir la puerta a la posibilidad de que las madres se alejen del mercado durante 18 semanas, aumentándose así la discriminación laboral. Por la otra parte, la enorme vaguedad del compromiso sobre los permisos de paternidad y maternidad del acuerdo PP-C’s, que no establece ni el objetivo de equiparación (¿16 semanas? ¿20 semanas? ¿26 semanas?), ni un calendario completo hasta ese objetivo.   

Para ser claro e ir concluyendo. Lo anterior no significa que las medidas sociales contenidas en el acuerdo PP-C’s vayan en la mala dirección ni que sean inasumibles por el PSOE. Salvo en algún aspecto notable como la supresión del Ingreso Mínimo Vital, el bloque social del acuerdo PP-C’s constituye, en lo esencial, una versión de dieta o light del anterior pacto con el PSOE. Si el PSOE no puede firmar este acuerdo no es por el bloque segundo, sino por el cuarto. Porque sólo hace falta ver algunos de los puntos contenidos en ese bloque para comprender que estamos ante un documento de politics, no de policies. O, como decía Manolo Hidalgo aquí mismo, porque se trata de un producto político, no de una hoja de ruta técnica para un futuro gobierno.        

Autoría

1 Comentario

  1. anonymousexpatriate
    anonymousexpatriate 08-31-2016

    Todo eso de la renta minima, etc. esta muy muy bien… en teoria. La teoria y la practica son cosas distintas.

    La pregunta al autor es, como reducimos la deuda? Porque el autor, como persona que vive del estado, debe pensar que el dinero crece en los arboles.

    Ni una palabra en el articulo sobre como ahorrar e invertir, que son los que mueven la economia de verdad, y los que permiten que la gente prospere. Nadie prospera a base de ayudas sociales, pero si lo hace trabajando y ahorrando.

    Es de economia basica, cosa que parece que el autor no debe saber. Para que un pais progrese necesitas inversion, y esa inversion sale del ahorro. El ahorro sale de gastar menos de lo que se ingresa, no al reves. Eso es lo que ha conseguido que Alemania sea una gran potencia industrial y lo que ha conseguido que China o Singapur hayan crecido tanto.

    El paraiso socialista esta muy bien sobre el papel. Que le pregunten a los ciudadanos sovieticos, cubanos o venezolanos que tal les va con ese sistema.

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