El ‘Aquarius’ como ventana de oportunidad

La decisión del presidente del Gobierno de acoger por razones humanitarias a los 629 extranjeros rescatadas por el Aquarius constituye un claro mensaje a nivel europeo: no es posible asistir impasibles a la tragedia humana de personas intentado llegar a las costas europeas, anteponiendo teóricos intereses internos al cumplimiento de obligaciones jurídicas y morales. Reconocer, además, un protagonismo destacado a la Comunidad Valenciana e implicar a diversos ministerios y organizaciones no gubernamentales en la gestión de la acogida de los rescatados también pone de relieve la necesidad de sumar esfuerzos para hacer frente a una situación que no tiene precedentes en nuestro país y que es sin duda compleja, puesto que afecta a personas de muy diverso tipo que no sólo tienen necesidades a corto plazo.

Excepto alguna reacción mediática demagógica  y minoritaria, la respuesta de la sociedad y de las diversas administraciones y fuerzas políticas está siendo, afortunadamente, de apoyo y colaboración. En las últimas décadas, España ha integrado a varios millones de inmigrantes sin problemas de convivencia relevantes y ha hecho frente a episodios concretos de llegadas masivas de pateras mediante la colaboración entre poderes públicos y organizaciones de la sociedad civil. A pesar de que son miles las personas que en los últimos años han llegado a nuestras costas o han entrado en territorio nacional de forma irregular, son muy pocos los que en España se atreven a compartir los discursos de exclusión que son ahora mayoritarios en otros países europeos.

[Recibe diariamente los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]

La cobertura mediática que se ha hecho de la llegada del Aquarius es sin duda discutible. En los próximos días también se plantearán dudas en relación con la acogida concreta de las personas rescatadas, con la situación jurídica de cada una de ellas una vez hayan transcurridos los 45 días concedidos de autorización de entrada, así como con los medios personales y materiales dedicados a su acogida. Pero al margen de las dificultades lógicas que plantea la gestión de una situación complicada y novedosa, convendría aprovechar el momento para abordar, desde esta misma actitud de colaboración, un fenómeno que no es coyuntural: la llegada de pateras a las costas españolas. El mismo fin de semana en que las personas rescatadas por el Aquarius fueron recibidas en Valencia, casi 1.000 personas llegaron a las costas andaluzas. En lo que llevamos de año, 8.162 han alcanzado territorio español mediante embarcaciones de diverso tipo. Trece ‘Aquarius’ han llegado, pues, a costas españolas, en muchos casos rescatados por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil.

A pesar de tratarse de un fenómeno estructural, vinculado sobre todo a la situación geográfica de España y a las crecientes desigualdades entre Europa y África, y que se remonta como mínimo a la década de los 90, seguimos careciendo de políticas y medios adecuados para hacer frente a una realidad compleja y en muchos casos dramática, en la que es necesario integrar diversos intereses que en muchos casos están en tensión. Dado que todos los gobiernos se han visto y se verán obligados a hacer frente a esta realidad y son necesarias medidas a largo plazo en lugar de improvisaciones y decisiones coyunturales, sería deseable que en los próximos meses se desarrollara en nuestro país un debate social y político que pudiese culminar en un pacto de Estado sobre esta materia. Algunas de las cuestiones que podrían tenerse en cuenta en este debate son las siguientes:

1.- Aunque dramáticas y en crecimiento, la llegada de pateras siguen constituyendo un fenómeno minoritario en términos cuantitativos. La inmigración va mucho más allá del fenómeno de las pateras. Incluso en el ámbito de la inmigración irregular, son mayoritarias las llegadas ‘regulares’ y la posterior caída en la irregularidad por no pedir o no conseguir la renovación de los permisos de residencia. A pesar de la atención mediática de los últimos días, es importante no confundir pateras con inmigración.

2.- En el contexto europeo, en el que la libertad de circulación y la ausencia de controles internos de fronteras son esenciales y deberían mantenerse, las políticas y la gestión de los flujos migratorios deben hacerse cada vez más a escala europea. También en este ámbito necesitamos más y no menos Europa. El control de las fronteras ha sido una cuestión que los estados miembros han querido mantener tradicionalmente bajo su control. Pero la experiencia de los últimos años y la constatación de que las diversas rutas hacia Europa actúan como vasos comunicantes ponen de relieve que los estados miembros no pueden actuar solos. El reto está en cómo conseguir más Europa para abordar los flujos migratorios en un momento en que un número creciente de países son partidarios de políticas restrictivas.

3.- Las políticas migratorias no son la causa ni la solución de los desequilibrios que las provocan. Es imprescindible abordar en serio las verdaderas causas de estos desequilibrios y los recursos que la Unión Europea y los estados miembros deben destinar a los países de origen y tránsito de la inmigración. Al mismo tiempo, es necesario replantear cuáles son las vías legales que deben permitir llegar a Europa de forma ordenada y segura. Limitar estas vías a algunos colectivos concretos (determinados familiares, trabajadores cualificados y estudiantes) resulta poco eficaz y poco realista, sobre todo teniendo en cuenta la evolución demográfica de Europa y África. La discusión de cuáles debe ser las vías legales y seguras de entrada en Europa debe implicar también a los países de origen y de tránsito.

4.- Fenómenos como las llegadas irregulares no pueden abordarse ni a través de vallas y muros de contención, que ponen en riesgo la integridad física de los inmigrantes, ni a través de prácticas que no son compatibles con el Estado de Derecho y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Al mismo tiempo, debe entenderse que cualquier regulación implica siempre límites, que los perímetros fronterizos deben ser controlados y que la vulneración de las normas de entrada debe ser sancionada en la mayoría de supuestos con la expulsión, siempre que no se trate de personas que deban ser protegidas. Pero es necesario que existan los medios y recursos adecuados para poder analizar cada caso de manera individualizada, para atender las necesidades de las personas que alcanzan territorio español y también para que los diferentes agentes involucrados puedan prestar su servicio en condiciones.

5.- Es necesario integrar a las comunidades autónomas y a las ciudades en la acogida de las personas cuya solicitud de asilo ha sido admitida a trámite, así como en el tratamiento que se dé a las que tienen órdenes de expulsión que no pueden ser ejecutadas. Por motivos competenciales, por la necesidad de ampliar los recursos y por ser administraciones de proximidad (sobre todo en el caso de los entes locales), es preciso establecer mecanismos de cooperación y colaboración que pongan fin a una interpretación excesivamente rígida de las competencias estatales, así como a prácticas poco leales como el traslado de personas irregulares a determinadas ciudades sin previa comunicación.

6.- También debería replantearse el modelo de externalización que se ha ido desarrollando en la práctica en los últimos años y que lleva a derivar en gran medida a las organizaciones no gubernamentales la asistencia a los extranjeros que solicitan asilo o que no pueden ser expulsadas. La participación activa de la sociedad civil en todas las cuestiones relacionadas con la inmigración es imprescindible. Pero la responsabilidad de la asistencia de dichos colectivos es pública y la participación de las organizaciones no gubernamentales debe asegurar en todo momento la eficiencia económica y el cumplimiento de determinados estándares de calidad.

7.- Como en cualquier debate sobre una cuestión compleja, es preciso que los intervinientes practiquen la flexibilidad, el realismo y la voluntad de acuerdo. Aunque las diversas posiciones ideológicas son legítimas y naturales, el fenómeno de las llegadas irregulares es demasiado complejo como para poder ser abordado desde posiciones maximalistas y apriorísticas. El caso del Aquarius y la implicación de diversas administraciones y organizaciones pondrá de manifiesto que la colaboración de todos los agentes es necesaria y constituye un método de aproximación al debate mucho más útil que el unilateralismo.

Autoría

Dejar un comentario

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.