¿Adónde nos lleva el empobrecimiento financiero de los partidos?

A la espera de la Gürtel, la sentencia del caso Palau es la primera gran decisión judicial –desde Filesa- contra la financiación ilegal de los partidos. En este caso, uno de los partidos angulares de la democracia española desde la Transición, Convergència Democràtica de Catalunya. Las reacciones de estos días ponen el foco sobre los efectos políticos que podrían o deberían derivarse de ello, aunque hay que reconocer lo insatisfactorio que inevitablemente nos supondrá este modesto desenlace. Al fin y al cabo, el resultado es que tenemos a unos cuantos pillos de edad avanzada definitivamente desacreditados y sentenciados (Millet y Montull), y a un anciano (Daniel Osàcar), desconocido para la mayoría, cuya fidelidad a las siglas del partido le llevará a asumir todo el castigo por un delito del que aparentemente parece haber sido solo un mero agente instrumental. Artur Mas insistía, horas después del veredicto, que su extesorero no se había llevado un céntimo al bolsillo (vaya, que no es un vulgar Bárcenas, lo que parece plausible). Pero el exlíder de CDC/PDECat no parece dispuesto a completar su razonamiento (¿adónde fue, pues, ese dinero y quién debería responder por ello?), y prefiere así dejar que esta persona mayor a la que considera inocente pase algunos de sus días postreros entre rejas. Y es que los partidos son hoy el último refugio de la razón de estado como principio constante de la acción política. Cinismo, pero racionalmente fundamentado: a pesar de todo lo llovido por el caso Palau y demás procesos en marcha, el ‘gen convergente’ (que señala Enric Juliana) no ha dejado de darle un millón de votos a cada una de las candidaturas levantadas sobre el eje CDC (CiU, JxSí, JxCatalunya) desde que Mas tomó el relevo de Pujol, impidiendo que ERC les arrebatara el cetro. Maragall puede haber ganado la batalla moral, pero el poder sigue en manos de quienes pretendió desafiar hace casi dos décadas.

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Sin embargo, sin soslayar el debate moral, también es recomendable tomar distancia y observar lo más estructural del trasfondo político del caso Palau: las enormes dificultades que tienen los partidos para financiar su actividad política, y cómo algunos buscaron atajos para afrontar esas restricciones… hasta que estos han dejado de ser rentables. El caso Palau (y las otras investigaciones en marcha sobre el 3%) y el caso Gurtel y derivados tienen en común una estrategia de buscar rentas financieras en los márgenes de beneficio que dejaba la generosa acción de los gobiernos en los que participaban esos partidos en tiempos de bonanza. Como ya expliqué en un artículo anterior, esa manera de operar ha tenido, hasta cierto punto, cobertura legal de la que se han venido aprovechando algunos partidos.

Que los tesoreros de CDC buscaran blanquear donaciones a cambio de obra pública a través de instituciones venerables como el Palau de la Música ha sido un producto de incentivos institucionales. Hasta 2007, el marco legal permitía explícitamente las aportaciones anónimas de empresas y donantes a los partidos, con algunas limitaciones. De ello se beneficiaron los principales partidos de centro-derecha: AP/PP, CDC, UDC y PNV. Como muestra el gráfico 1, estos cuatro partidos se repartían el 92 % de los casi 100 millones de euros de donaciones anónimas que durante 20 años los partidos declararon ante el Tribunal de Cuentas. Tras las limitaciones impulsadas desde la izquierda a la financiación de los partidos en la ley de 2007, esa transfusión de ingresos privados se trasladó a las fundaciones de los partidos. El gráfico 1 ilustra en qué medida se mantuvieron los porcentajes del reparto de donaciones empresariales (ahora ya fuera del anonimato) desde 2007 hasta 2015 entre las fundaciones de los cuatro partidos mencionados, aportaciones que durante estos años han alcanzado casi los 30 millones de euros.

En síntesis, los grandes partidos de gobierno de la derecha en España han sido muy eficaces con la financiación empresarial encubierta, mientras que los partidos de la izquierda han tendido a extraer mayores ingresos privados de su presencia en las instituciones, esto es, de sus cargos públicos. Sin olvidar el esquema general de fondo: unos y otros se financian, sobre todo, de las subvenciones procedentes de las Administraciones públicas, de donde obtienen entre ocho y nueve de cada diez euros que ingresan en total.

Sin embargo, lo que quiero subrayar en este artículo, a partir de los datos analizados procedentes del Tribunal de Cuentas, es que estas conductas castigadas por los jueces en casos como el del Palau parecen más características del pasado que se va que del presente que viene. Y aunque es de celebrar el actual rigor que la justicia (y poco a poco, la legislación) demuestra con estas prácticas corruptas (un rigor mayor que el que ejercen los ciudadanos con su voto), las nuevas tendencias no vislumbran necesariamente un panorama mucho más prometedor.

Y es que el sistema de financiación de los partidos está cambiando, sin que sepamos muy bien hacia dónde, aunque la dirección está clara: se está reduciendo el dinero que ingresan los partidos por vías formales y fiscalizables para desarrollar sus tareas políticas.

En primer lugar, bajan las donaciones a las fundaciones. Como muestra el gráfico 2, tras un período inicial –en el nuevo marco legislativo- en el que las fundaciones emergieron como fuentes de recaudación de ingresos privados (de empresas, para la derecha, o de individuos, para la izquierda), estos empezaron a caer al inicio de la década actual, especialmente a partir de 2012, con una interesante convergencia hacia la estabilización en 2015. Puede ser el efecto de la crisis económica, al que se suma el creciente descrédito (incluso riesgo de imagen) que puede significar para los donantes ser relacionados con un partido político. Y en el caso de CDC, puede haber también un efecto ‘procés’: sin duda, la huida política hacia delante que experimentó Mas a partir de 2012 (con el caso Palau ya en plena investigación) no debió favorecer la solidaridad tradicional de las empresas con CDC.

Lo relevante es que esta caída de las donaciones (sin ser sustantivamente decisiva para las finanzas de los partidos) no se ha visto compensada por otras fuentes. Al contrario. La principal fuente de ingresos privados para los partidos – las cuotas de los afiliados – se encuentra estancada, cuando no en recesión. Como se observa en el gráfico 3 (a pesar de los vaivenes contables que no podemos clarificar mejor), los partidos apenas han podido incrementar el dinero que han venido obteniendo de sus bases en los últimos 30 años. Este estancamiento es más evidente si tenemos en cuenta que, hasta recientemente, los partidos no dejaban de alardear de su incremento sostenido de afiliados (a menudo, maquillado por malabarismos contables). Un ejemplo: en euros constantes, el PSOE ingresa casi lo mismo en 2015 que en 1989, mientras que el PP declara ingresar menos que la AP de 1987. Curiosamente, mientras que el PP hace ostentación de triplicar la militancia del PSOE, este triplica los ingresos por cuotas de afiliación de aquel. En realidad, el PSOE es el partido que más obtiene/depende financieramente hoy de sus bases, de las que recibe uno de cada seis euros ingresados.

Muy cerca de esas cifras se mueven Ciudadanos y Podemos, con una diferencia entre ambos: mientras Podemos es más eficaz en rentabilizar las aportaciones de sus cargos públicos, Ciudadanos obtiene más fondos de sus afiliados.

Finalmente, las subvenciones públicas se hunden, reforzando la tendencia que marca el debilitamiento de los ingresos privados. Como expone el gráfico 4, la crisis económica ha tenido un efecto devastador sobre las finanzas de los partidos. Desde 2008, el Estado (a través de sus diversas instituciones) ha reducido su aportación al funcionamiento ordinario de los partidos un 33 %, regresando a niveles (en euros constantes) de 1987. La caída ha sido especialmente acentuada desde el regreso de Montoro a Hacienda.

Me imagino que muchos lectores pueden incluso tomarse como buena noticia esta reducción del dinero que la sociedad se gasta en partidos políticos. Se nos pueden ocurrir unas cuantas finalidades sociales en las que ese ahorro estaría bien empleado seguramente. Me pregunto, en cambio, si esa reducción puede generar algunas consecuencias perversas y, quizá, indeseables para el futuro de nuestra democracia.

Por un lado, si los partidos se persuaden de que la carencia de recursos puede menoscabar su capacidad de competir por el poder, no cejarán de buscar nuevas fórmulas, alejadas del ojo público, para suplir esa debilidad. Una forma tradicional de resolver el problema es tratar de no perder el poder para quienes ya están en él, apostando por una mayor polarización que dificulte los entendimientos que puedan alimentar, tarde o temprano, una alternancia en las mayorías políticas. En ese contexto, ya tenemos un coste evidente, porque la confección de políticas consensuadas resultará menos evidente si los partidos gobernantes temen perder el poder si ofrecen excesivas concesiones.

Por su parte, los nuevos actores –o quienes hayan perdido el gobierno temporalmente- pueden tratar de hacerse con el poder con una fuerte inversión en aquellos márgenes temporales o espaciales difícilmente fiscalizables. Quien pueda pagar el lanzamiento de un partido o de un candidato antes de que ese gasto deba ser controlado. En Estados Unidos, la deriva plutocrática de su política representativa no consiste tanto en el incremento exponencial del coste de sus campañas electorales sino en la superioridad de las expectativas electorales de los candidatos previamente ricos. En ese contexto, las celebridades son también una alternativa, moldeada por la fama y el dinero, a los políticos tradicionales.

O quien pueda evadirse del ámbito de control. Un ejemplo de ello puede darlo la campaña de Puigdemont, para el que el mayor gasto en período electoral quizá no hayan sido las vallas y spots publicados pagados por CDC (todavía!), sino su logística organizada en Bruselas y financiada empresarialmente desde Cataluña, pero que difícilmente fiscalizará el Tribunal de Cuentas. Será interesante seguir con atención adónde se dirigirán los réditos financieros de la nueva candidatura JuntsxCatalunya: ¿a Puigdemont, al PDECat, a… CDC?

En todos los casos, la restricción financiera de los partidos favorece el encogimiento de las organizaciones que sustentan los partidos y promueve la desintermediación entre los dirigentes y las ciudadanía en general. De esa desintermediación cabe esperar, en el largo término, mayor personalización y auge de estrategias populistas por parte de elites que adulan a los ciudadanos para que estos les mantengan en el poder. No es difícil entender por qué los ‘chamanes’ (de Víctor Lapuente) son más propensos a sobrevivir con partidos débiles y líderes reforzados.

Por otro lado, la reducción de los ingresos de los partidos ilustra, una vez más, cómo los resultados políticos importantes pueden derivarse de decisiones improvisadas y carentes de finalidad estratégica. A pesar de las sensatas reflexiones que se han venido proponiendo desde sectores académicos (como esta de Óscar Sánchez o esta promovida por ODHIR), este cambio no obedece a una búsqueda de renovación de los partidos, de racionalización de su gasto, de reflexión sobre sus funciones o de búsqueda de una mejor representación de los ciudadanos por otros modos. Es la suma de restringir la financiación privada, por conveniencia, al tiempo que la pública, por necesidad. Por eso, las consecuencias pueden ser distintas de las perseguidas. Como muestra un estudio de La Raja y Schaffner, las crecientes restricciones a las formas de financiación en Estados Unidos han acabado favoreciendo las opciones de los candidatos más puristas e independientes frente a los pragmáticos representantes de partidos tradicionales, porque suscitan mayor capacidad de atracción de apoyos financieros entre grupos temáticos y grandes donantes ideológicamente motivados.

Sabemos que en España, la reducción del gasto en los partidos será una medida involuntaria muy popular, ya que solo una ínfima parte de los ciudadanos están dispuestos a apoyar económicamente a los partidos que mejor representen sus intereses, prefiriendo que estos se apoyen sobre sus propios miembros o sobre otras fuentes privadas. Pero habrá que reflexionar seriamente si esta desconexión financiera entre votantes y sus representantes puede acabar afectando también la capacidad de influencia de los partidos más perjudicados sobre la agenda de políticas públicas, generalmente aquellos más proclives a la reforma social.

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