Dimitir ha dejado de ser un nombre ruso

¿Dimitir ha dejado de ser un nombre ruso en la política española? Así lo sugeriría la vertiginosa renovación que está experimentando el Gobierno Sánchez, forzada por los escándalos que han afectado a algunos de sus miembros. La dimisión de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, no sólo altera la celebración de los primeros 100 días de Ejecutivo socialista, sino que empieza a consolidar una nueva pauta en la forma de abordar en España las responsabilidades políticas de los miembros gubernamentales.

Ciertamente, las dimisiones de los ministros son tan escasas (31 de los 196 que han dejado el cargo desde 1977, el 15,8%) como antiguas en nuestro período democrático (por no remontarnos más allá). De hecho, pocas semanas después de celebrarse las primeras elecciones, Ignacio Camuñas abrió la lista de dimitidos, seguido apenas tres años después por el propio presidente Adolfo Suárez. Pero aquello fueron dimisiones británicas, motivadas políticamente; renuncias como protesta o como forma de desencallar un período mucho más convulso y frágil del que hoy presumen quienes no lo vivieron. Y no marcaron camino, porque sólo seis ministros volvieron a dejar el Gobierno por esa razón años después.

Las 23 dimisiones restantes se reparten entre los que dejaron el Gobierno forzados por razones individuales (escándalos o errores de su gestión) y los que lo hicieron para promocionar a nuevas responsabilidades políticas. Lo interesante es que este tipo de salidas nos aporta una información valiosa sobre cómo los jefes de Gobierno ejercen el poder en el Ejecutivo y más allá.

El gráfico 1 muestra la forma en que han ido saliendo los ministros (ordenados por la década en la que entraron,  no cuando se produjo la salida): la gran mayoría de ministras y ministros cesan porque cambia el Gobierno (tras unas elecciones o por cambio de partido o de presidente) o cuando el jefe del Ejecutivo decide remodelar el Gabinete. Un porcentaje alto de ministros (línea discontinua) remodelados sugiere situaciones complicadas, debilidad gubernamental y uso táctico de los nombramientos para reaccionar ante las adversidades por parte del presidente. En cambio, las salidas provocadas por la finalización del Gobierno apuntan más bien a estabilidad y control del presidente, especialmente allí donde no suele haber inestabilidad gubernamental y legislaturas cortas.

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Con el tiempo, los presidentes parecen cada vez más reacios a remodelar sus gobiernos. De hecho, la última remodelación gubernamental realizada en el Gobierno central se dio en octubre de 2010, como reacción de Zapatero ante la adversidad creciente provocada por la crisis económica. Desde entonces, a Rajoy y a Sánchez los ministros simplemente les dimiten, forzados o para promocionar.

Hasta tiempos recientes, las dimisiones forzadas eran testimoniales. No fue hasta principios de los 1990s cuando se produjo la primera dimisión provocada por los problemas políticos del ministro: fue Alfonso Guerra en 1991, a raíz del escándalo de su hermano (el caso Juan Guerra).

Sin embargo, para quienes han entrado en el Gobierno durante la última década, la probabilidad de tener que asumir responsabilidades por errores propios se ha incrementado, convirtiéndose ya en la primera causa del fin de las carreras ministeriales (al margen de la finalización del Gobierno). Como explican los experimentados John Hutton y Leigh Lewis, este tipo de salidas son las más complicadas personalmente, porque sitúan al ministro en el centro de la ira de los medios y de la opinión pública, que suelen disfrutar con hacerles pagar como cabezas de turco por tantos otros que se escaparon. Por eso, Gerald Kaufman, en su recomendable manual para futuros ministros, sugería no demorarse en asumir la dimisión, pasar rápido el trago y hacerlo con dignidad, algo que era costumbre en su experiencia gubernamental británica pre-Thatcher.

No todos los ministros tienen la misma probabilidad de acabar de ese modo (gráfico 2). Dimiten más por escándalos los ministros del PSOE que los del PP, a quienes se les aplica mejor la estrategia de la resistencia: como apuntaba un estudio reciente, los presidentes pueden forzar la dimisión de sus ministros y preservar la imagen de honestidad del Gabinete (como hace Sánchez) o bien proteger (hasta donde es posible) a sus ministros cuestionados, favoreciendo con ello la subordinación y la lealtad de aquellos ministros de los que la oposición pide su dimisión (como hacía Aznar). El gráfico 2 también sugiere que los funcionarios, los expertos y los independientes tienen menos probabilidades de caer por escándalos. En cambio, los ministros de partidos nombrados como recompensa por su trayectoria anterior en el partido son más vulnerables: lo ha sido Montón, como anteriormente lo fueron Soria o Mato.

Esta evolución apunta algo que está cambiando en la política española: el incremento de la rendición de cuentas para los responsables políticos. Con un nivel de exigencia casi escandinavo: la mayoría de las recientes dimisiones ministeriales se han dado por escándalos ocurridos en su etapa anterior al gobierno, incluso en los momentos iniciales o anteriores a su carrera política. Y eso no es malo, incluso para el propio gobierno: si el gobierno funciona, las dimisiones por escándalos suele corregir al alza la valoración del gobierno, como apuntaba un estudio reciente.

¿Qué implicaciones puede tener este nuevo hábito para el ejercicio del poder y en el desarrollo de las carreras políticas? Sin duda, se está elevando el nivel de exigencia moral para los que ejercen cargos públicos. Y eso es bueno. Pero con ello también se están haciendo más frágiles sus trayectorias políticas, a lo que contribuyen igualmente otras novedades en la vida de los políticos, como el establecimiento de primarias, el incremento de la visibilidad de sus vidas privadas (a través de las redes sociales), la limitación de los privilegios que antaño se asociaban a los cargos públicos y, de forma más genérica, en una disminución de la distancia entre las elites políticas nacionales y el resto de la sociedad. Todo ello en un contexto en el que los ciudadanos son más críticos y desconfiados que en el pasado respecto a sus representantes públicos, como explica Peter Allen en  ‘The Political Class’. Alguien podría decir, de forma un tanto impresionista, que mientras el poder real de decisión parece evaporarse más allá del Estado, hacia circuitos transnacionales, los poseedores formales del poder tradicional deben afrontar un escenario electoral y gubernamental más vulnerable, fugaz… e ingrato. ¿Se está convirtiendo la política en una jungla mucho más salvaje de lo que ya es por naturaleza?

De ser así, podemos ir anticipando un par de derivadas.

Por un lado, esto afecta a los selectores: habrá que actualizar el manual de selección de los políticos y, en particular, el de los ministros. Las dimisiones por escándalos relacionados con el pasado son producto de una mala elección, una ‘selección adversa’ (adverse selection): se ha seleccionado a individuos de los que no conocíamos todo su ‘currículum’. Esto puede achacarse a una falta de previsión o de honestidad por parte del elegido, al no alertar de ese defecto, pero señala sobre todo un error por parte del que ha elegido.

En este sentido, el Gabinete de Pedro Sánchez tenía un talón de Aquiles: la transición de gobierno entre Rajoy y Sánchez, más allá de los relatos épicos ofrecidos por la prensa, fue muy acelerada; alguien podría decir casi improvisada. Y en esas circunstancias, los errores en la selección del personal son más probables,  como apuntaba John P. Burke hace unos años. Por eso, la política norteamericana ha desarrollado pautas de selección muy duras, casi de ficción peliculera, para reducir al máximo el error en la selección de los altos dirigentes (gobernantes, jueces, etc.).

Sin embargo, evitar la selección adversa de los políticos puede chocar con otras innovaciones de la política contemporánea. Por ejemplo, en las primarias podemos asumir que un electorado exigente también lo será con sus candidatos. Pero cuando se introduce la lógica plebiscitaria en un contexto de alta polarización, el público puede perder sus escrúpulos y apoyar candidatos a priori problemáticos, como Donald Trump; aunque ustedes pueden pensar también en ejemplos para la política doméstica española.

Una segunda derivada tiene que ver con los seleccionados. Si las carreras políticas se vuelven más exigentes, es probable que cambie también el perfil de los que decidan emprenderlas. Algunos tipos serán más seguros que otros. Como explica Isabel Hardman en Why We Get The Wrong Politicians’, la profesión política está elevando aún más las dosis de estrés e insatisfacción de los representantes políticos, cuyo trabajo suele resultar más sacrificado y orientado al bien común de lo que prejuzga la visión cínica extendida entre el público. Hay pocos datos empíricos al respecto, pero Hardman menciona en su trabajo que, entre los parlamentarios y ministros británicos, el nivel de desestructuración familiar, problemas de salud e insatisfacción personal por el trabajo es superior a la media de la sociedad. ¿Cuál puede ser el resultado? Como apunta Nick Clarke en ‘The Good Politician, el exceso de crítica hacia los políticos puede degenerar fácilmente en la anti-política: a fuerza de desprestigiar a los políticos tradicionales por contraponerlos a un modelo ideal de buen político puro y perfecto, los ciudadanos pueden acabar tirando el niño por la bañera y favoreciendo el ascenso de pillos sin escrúpulos, mejor preparados para bregar con la incipiente política de la ira.

Es bueno que los políticos dimitan, pero siempre será mejor que no tengan que hacerlo.

 

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