Desigualdad y política fiscal: la aplicación de las propuestas del FMI al caso español

El incremento de la desigualdad dentro de cada país se ha instalado como preocupación en el centro de la agenda política. Tanto es así, que una institución nada sospechosa de izquierdismo, como es el FMI, dedica su “Fiscal Monitor” de octubre a esta cuestión, bajo un título tan sugerente como el de “Atajando la desigualdad” (International Monetary Fund (IMF), 2017, Fiscal Monitor: Tackling Inequality, Washington, October). Y no debe extrañarnos esta preocupación, toda vez que la desigualdad erosiona la cohesión social, provoca polarización política y, en última instancia, lastra el crecimiento económico. Además, y no menos importante, es inaceptable en términos de justicia social.

Bajo estas premisas, el FMI analiza el papel que puede jugar la política fiscal en la reducción de la desigualdad, mejorando su efecto redistributivo. Todo ello, intentando combinar equidad y eficiencia económica y analizando tres aspectos concretos. Siendo España uno de los países con mayor desigualdad de renta en la Unión Europea, como acaba de publicar la Comisión, parece oportuno analizar la aplicación de tales propuestas a nuestro país.

En primer lugar, el FMI propugna un fortalecimiento de la progresividad del sistema tributario, que se ha visto mitigada de forma continuada en las tres últimas décadas. Ante todo, constata que no hay evidencia de que una mejora de la progresividad afecte negativamente al crecimiento económico. Por ello, es posible incrementar el tipo marginal aplicable a las rentas más altas en el IRPF. En el caso de España es preciso tener en cuenta que, como en la mayor parte de los países europeos, las rentas de capital reciben un tratamiento beneficioso, con una progresividad atenuada. Y también es necesario saber que estos rendimientos se concentran en aquellos ciudadanos que obtienen mayores rentas. Por tanto, una posible medida, en el caso español, pasaría por incrementar los tipos que se aplican a las rentas del capital, creando nuevos tramos a partir de los hoy existentes, gravándolos a tipos superiores.

Hablando de rentas de capital, el FMI también se pronuncia por un mayor gravamen de este tipo de ingresos, entendidos en un sentido amplio, comprensivo de los beneficios, los intereses y las ganancias de capital. Aplicando esta receta en nuestro país más allá del IRPF, debe preocuparnos la situación del Impuesto sobre Sociedades, cuya recaudación se ha desplomado en los años de crisis y que sólo se ha recuperado levemente gracias a medidas transitorias excepcionales. Por ello tal vez sea necesario garantizar un gravamen mínimo de los grandes grupos multinacionales, estableciendo un tipo mínimo sobre el resultado contable. Del mismo modo, deben mejorarse todos los impuestos patrimoniales, garantizando, a mi juicio, un gravamen mínimo en todo el todo el país. Ello afecta a los Impuestos sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones. Son tributos que contribuyen a la progresividad del sistema y que, frente a la opinión que se ha generalizado, responden a una clara idea de justicia tributaria. Así lo entiende el propio FMI. Eso sí, debe modificarse su diseño, simplificándolos, ensanchando sus bases –lo que permitiría reducir sus tipos-, y mejorando sus reglas de valoración.

En segundo lugar, el FMI se preocupa de la situación de los ciudadanos que se encuentran en el lado bajo de la distribución, aquéllos con menores rentas. Así, se plantea la posibilidad de introducir una renta básica universal, aunque la descarta para los países desarrollados como el nuestro. Éstos han sido capaces de establecer sistemas de prestaciones eficientes, focalizados en aquellos hogares con menor renta y en situación de pobreza. Por tanto, parece preferible continuar con este trabajo “fino”, consistente en dirigir las prestaciones sociales allí donde son necesarias. A mi juicio, esta mejora en el sistema, para el caso de España, pasa por la implantación de un Impuesto Negativo sobre la Renta, de manera que el tributo funcione en sentido inverso al tradicional –es decir, pagando al ciudadano- cuando las rentas del contribuyente no alcanzan el mínimo vital. Su cuantía dependerá del espacio fiscal que se cree con las medidas de aumento de los ingresos, pero su introducción, en la cuantía que sea posible, marcará ya el camino para la reducción de la pobreza y de la desigualdad. En esta tarea, además, se puede aprovechar la eficacia más que demostrada de nuestra Administración tributaria.

Finalmente, el FMI, por el lado del gasto, pone en valor el efecto redistributivo de los servicios públicos de educación y sanidad. Estos no sólo reducen la desigualdad en los ingresos totales –rentas en metálico más prestaciones en especie-, sino, lo que es más importante, en los denominados “ingresos de mercado”, esto es, en la renta previa a la actuación del sistema de impuestos y transferencias en metálico. Por tanto, tienen un efecto redistributivo a largo plazo –en especial la educación- que favorece la igualdad real de oportunidades y la movilidad social. En el caso de nuestro país, esta recomendación debería traducirse en un mayor y mejor gasto en estas áreas, lo que implica trasladar el ajuste desde el gasto al ingreso. Esto es, apostar por estos servicios públicos implica reducir el déficit mediante un incremento de los ingresos y no, como ahora sigue sucediendo, mediante una reducción del gasto. Ello exige buscar un mayor “espacio fiscal” en el Presupuesto, mejorando la recaudación. Además de las medidas que antes hemos expuesto, que no sólo mejoran la redistribución, sino que proporcionan ingresos adicionales, pueden pensarse otras. A título de ejemplo, nuestro país necesita una reforma en profundidad de la fiscalidad ambiental, que, además de reducir las externalidades negativas, puede proporcionar financiación para políticas de gasto redistributivas.

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